Dos empleados de la Dirección de Prestadores Privados de Seguridad fueron imputados por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino el 29 de diciembre, justo antes de entrar en la feria judicial, supuestamente por pedir coimas para habilitar o para renovar habilitaciones de agencias de seguridad privada.
Un día antes, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, intervino la dirección, poniendo al frente al abogado Leandro Santacroce, de su estrecha confianza y sin ningún cargo anterior en el Estado.
La investigación interna viene de la gestión anterior, a cargo de Julián López, quien en abril del año pasado designó en esta dirección a Diego Pedrotti, con la misión de digitalizar todos los procesos de habilitación. En plan de modernización, saltaron las irregularidades: siete referentes de agencias de seguridad se quejaron porque ya habían pagado, como todos los años, y no les ponían el sello en la habilitación. Lo del sello es literal: el trámite, completamente papelizado, se completaba con un legajo firmado y sellado por alguna de las dos personas que manejaban, al menos desde hace 10 años, todas las habilitaciones a la seguridad privada: Maximiliano Papera y Natalia Molina.
“Yo ya puse y no me dieron el papel”, planteó uno de los empresarios. Esto dio lugar a la denuncia de Pedrotti y al inicio, en paralelo, de una investigación administrativa.
Aunque en la causa constan, con nombres y apellidos y razones sociales, siete casos, Quinteros instruyó que se revisen una por una todas las habilitaciones de agencias de seguridad privada. Según los últimos datos disponibles, hay 232 empresas habilitadas. Como las renovaciones son anuales, la instrucción es que en cada nuevo trámite se haga una revisación exhaustiva del cumplimiento de los requisitos que marca la ley y se dé de baja a quienes los incumplen.
“Apenas tomamos conocimiento de la investigación, pusimos a disposición de la Justicia toda la documentación: nueve cajas con todos los legajos de las empresas habilitadas y con trámites en curso. No ocultamos nada”, enfatizó Quinteros.
Los empleados imputados están separados de sus funciones. En el área hay, además, otros seis empleados, un número muy insuficiente para controlar que se cumplan las disposiciones legales para las agencias a las que la nueva gestión, a cargo de Quinteros, quiere darles un mayor protagonismo en el esquema general de la seguridad, habilitando el uso de armas “no tan letales” y transfiriendo servicios de adicionales policiales de custodia de edificios públicos a empresas privadas.
“Para poder avanzar en estas metas, necesitamos despejar las dudas y que estén todas en regla”, remarcó el ministro.
La falta de controles por escasez de recursos –y, se presume, por corrupción– impide tener un número claro de la cantidad de vigiladores y otros trabajadores que están empleados en la seguridad privada. Una estimación que confiesa un alto margen de error calcula que son entre 8 mil y 9 mil los guardias privados, un buen número de ellos en condiciones de trabajo precarizadas.
La Policía provincial tiene en nómina unos 22.500 agentes, pero sólo están operativos poco más de 15 mil; el resto, está inactivo por licencias, enfermedades, pases en comisión y un variado etcétera.
Descontrol e informalidad
Las firmas y sellos “comprados” impiden saber si se cumplen los requisitos que les exige la ley a las agencias de seguridad privada. En particular, es preocupante que estas grietas en los controles permitan que puedan estar empleados como vigiladores policías exonerados, dados de baja por delitos o conductas violentas, la “mano de obra desocupada” de otras épocas.
Para la habilitación de una agencia se deben consignar certificados en los que conste que no tienen antecedentes, que no figuran el registro de reincidentes, que no son deudores de cuota alimentaria ni están en el registro de personas con antecedentes de delitos contra la integridad sexual. Y en el caso de exempleados de fuerzas de seguridad, se debe acompañar el certificado del cese de actividad donde consten los motivos de la baja.
Aunque por el momento no hay sospechas sobre otras responsabilidades, Quinteros no descarta que la investigación pueda detectar complicidades a otros niveles. “Esta es una investigación en curso, que tiene un piso y no tiene un techo. No sospechamos, pero tampoco descartamos participaciones de otros. Y tenemos que tener presente que si se involucra a un tercer actor, estaríamos frente a una asociación ilícita”, analizó el funcionario.
Los empresarios que se quejaron porque el pago de la supuesta coima no les alcanzó para tener la habilitación en regla se autoincriminaron. Y en las constancias que tiene la causa que tramita Mondino hay evidencias muy sólidas de los intercambios de dinero con los empleados. De hecho, hasta hay constancias de depósitos en sus cuentas bancarias de los dineros acordados por “el sello” y la firma.
La figura por las que se los está investigando es “cohecho” y resta saber si se trataba de un “kiosco”, a cargo de dos empleados de bajo rango, pero con un poder clave, o de la punta del iceberg de algo mayor, como el escándalo destapado con las habilitaciones de Bomberos, que llevaron a prisión a dos exjefes, uno de ellos, además, exsubjefe de Policía: Gustavo Folli.
