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El primer día de abril comenzó con cuatro allanamientos simultáneos en diversos objetivos relacionados con la concesionaria de venta de vehículos Gedelo, ubicada en el extremo norte de la ciudad de Córdoba, junto al nudo vial (túnel) de Monseñor Pablo Cabrera al 6000.
Ese local, más uno de oficinas en Olmos al 100 –en el Centro– y dos domicilios particulares fueron intervenidos por orden de la fiscal subrogante Daniela Maluf, quien ya había iniciado una investigación ante la denuncia de decenas de particulares de Córdoba y otras provincias que aseguran haber sido estafados con la venta fraudulenta de autos y motos, nuevos y usados.
A lo largo de la semana que pasó, la instrucción de la Fiscalía de Subrogancia se afianzó a partir de cuantiosa documentación probatoria y el “desfile” de personas que refirieron de modo coincidente lo que habían sufrido.
La maniobra que la Justicia ya está precisando consiste en la apertura de una oficina en una zona que es un polo automotor y con presencia de concesionarias de venta de vehículos. La investigación ya maneja que fue constituida una sociedad anónima simplificada (SAS) que, además de la “pantalla” del local, utilizó como herramientas la publicidad en redes sociales de avisos de venta de autos y motos a precios y condiciones sumamente convenientes.
Los adquirentes se sumaron en legión desde Córdoba y distintos puntos del país, al punto que algunos lo hicieron a la distancia sin hacer mayores comprobaciones. Con la suscripción de un “contrato” electrónico, se pactaba una suerte de plan de ahorro con entrega anticipada.
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Sin embargo, tras abonar una entrega y pagar cuatro cuotas, se producía una “novedad” al llegar la hora de entregar el vehículo. Los vendedores pasaban a los clientes al área de “Adjudicaciones” y allí, por teléfono, les informaban varias novedades que hoy son consideradas cambios en las condiciones de venta.
Según la investigación en curso, no se especificaban en ese contrato datos elementales de los vehículos (como el modelo exacto) y se prometían condiciones de venta tentadoras: precios muy acomodados, plazos de financiación de acuerdo a la posibilidad del cliente y tasas de interés muy bajas, del orden de entre el 6 y el 12 por ciento anual. La entrega rápida, la suscripción sólo con DNI y otras “ventajas” seducían a los clientes que, en su mayoría, no serían de alto poder adquisitivo.
Pero cuando llegaba el momento de la entrega, desde “Adjudicación” el comprador se enteraba que lo que le habían informado antes era muy distinto. Lo que soñaban recibir era un modelo de vehículo que era mucho más caro: el valor, su financiación y tasas de interés muy por encima de los guarismos del mercado financiero, superiores al 100 por ciento anual. En ese momento se daban cuenta de que seguir pagando ese plan era “muy desventajoso”, contrariamente a lo que habían supuesto. Fuentes de la investigación sostienen que no había cláusula de rescisión, por lo que tampoco era posible reclamar lo pagado hasta el momento de la sorpresa.
En las próximas jornadas se esperan imputaciones. Si bien se han identificado a los responsables de la concesionaria, su estilo de vida no muy acomodado y otros datos hacen presumir que “por encima” de ellos podría haber responsables de mayor talla.
Entre los damnificados hay clientes de otras provincias, como San Juan, Jujuy y Buenos Aires, entre otras.
Denunciantes y querellantes
Entre quienes iniciaron las denuncias y asumieron la representación de decenas de damnificados por esta maniobra, están los abogados Ignacio Arrigoni y Diego Sánchez Freytes. La Voz obtuvo la palabra de estos especialistas en derecho del consumidor y derecho penal, respectivamente, quienes brindaron mayores detalles del accionar de la concesionaria que denunciaron.
Ambos comentaron que ya presentaron 20 denunciantes –que ya están declarando ante Maluf– y que están reuniendo una segunda tanda de otros tantos, defraudados con la misma modalidad.
Arrigoni estima que los montos que han perdido por adherir a estos contratos engañosos oscilan entre los 30 mil y los 300 mil pesos por cada uno de ellos. Sus denuncias se produjeron en octubre pasado, por hechos que se retrotraen a finales de 2020 y durante casi todo el año pasado. Por los primeros 20 representados, estiman un acumulado de pérdidas en 1,1 millones de pesos, sólo en concepto de capital y a valores históricos.
Acostumbrado a litigar con enfoque en el derecho de los consumidores, Arrigoni sostiene que, cuando detectaron una maniobra típica y reiterada, cayeron en la cuenta de que se trataba de un fenómeno penal.
Sánchez Freytes describe uno de los puntos centrales de la estafa: “La clave es tener un flujo de ingresos por el que se captan clientes que luego terminan por renunciar al plan voluntariamente”.
Ambos abogados sostienen de qué manera los desalentaban a continuar con el plan y a firmar un escrito de renuncia. Aseguran que al comenzar a dialogar con “Adjudicación”, además de cambiarles las condiciones de muy ventajosas a muy desventajosas, les decían que si no continuaban serían demandados. Por eso, los clientes terminaban convencidos de que lo mejor era renunciar y perder todo lo pagado.
Arrigoni se mostró preocupado porque el blanco de estas maniobras son personas de escasos recursos o vulnerables. Sánchez Freytes añade que parece calculada la maniobra de provocar “microdaños”, con un monto que es inferior o muy similar a lo que generalmente puede cobrar un abogado. En la actualidad, ambos abogados representan a un colectivo como querellantes y actores civiles.
Prevención
Para evitar este tipo de fraudes, a la hora de decidirse conviene seguir una serie de consejos. Por empezar, hay que desconfiar cuando se ofrecen condiciones muy ventajosas. Si no se puede chequear la veracidad o falsedad de esa oferta, conviene no firmar.
También conviene controlar de dónde es la concesionaria y sus antecedentes. Si es de otra provincia, hay que estar muy seguro de su seriedad y trayectoria.
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Los contratos con cláusulas muy ventajosas, conviene hacerlos ver con algún abogado o persona con conocimiento del derecho, especialmente en materia comercial. Entre otros puntos por exigir, está la cláusula de rescisión, con devolución de lo invertido o parte de ello.
Si no, para los inescrupulosos uno de los mejores negocios es desalentar a los clientes que ya dispusieron un capital y obligarlos a que se retiren sin poder reclamar lo que pagaron.
