Podría convertirse en un escándalo lo que ya es vox populi en los pasillos de Tribunales I, donde reside la conducción del Poder Judicial de la Provincia, y en Tribunales 2, donde se asienta el fuero Penal. En el concurso de auxiliares de colaboradores de los asesores penales, se habría producido una filtración de las preguntas del examen escrito, lo cual habría permitido que tres o cuatro mujeres aspirantes obtuvieran la calificación máxima.
El lunes, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) presentó una denuncia en la que señalaba presuntas irregularidades en el concurso de los llamados vulgarmente “asesoritos”, porque son quienes asisten a los defensores oficiales, anteriormente llamados “asesores letrados”.
La compulsa forma parte de un aceitado mecanismo de concurso cuyo reglamento y procedimiento es de lo más pulido y, desde la década pasada, es mostrada con orgullo por el Poder Judicial cordobés, debido a su transparencia. Pero una filtración que provendría del lugar donde se elaboran las preguntas habría permitido que tres mujeres aspirantes al cargo se vieran beneficiadas con una nota óptima para dos de ellas y casi óptima para la restante.
La evaluación escrita –con elección múltiple, o multiple choice– ya se tomó. El puntaje máximo de la prueba escrita es de 35 puntos, lo mismo que alcanzaron dos o tres de las “sospechadas”. La restante se equivocó “un poquito”: obtuvo otro guarismo casi perfecto, de 34 unidades.
Según los voceros judiciales, ninguno de los otros postulantes alcanzó ese puntaje perfecto o casi perfecto.
Esas tres o cuatro aspirantes tendrían alguna cercanía con un funcionario del Poder Judicial que se desempeña en el fuero Penal y que está “en el riñón” donde se elaboró el cuestionario para ser administrado a los postulantes. La nota de Agepj lo cita con nombre y apellido. De acuerdo con los datos del concurso, este agente encumbrado forma parte del tribunal examinador.
El prestigio de este funcionario es intachable y nadie se atreve a dar fe de lo que ya se está hablando en más de un pasillo de Tribunales.
Pero la denuncia del gremio no parece dejar lugar a dudas.
Lo que se indicó en Tribunales 2 durante la tarde del martes es que las tres mujeres tendrían cercanía con el funcionario sospechado. Una de ellas hasta tendría parentesco político.
¿En qué se basó el gremio judicial para afirmar esto? Aparentemente, según lo que expresaron a este diario tres fuentes encumbradas de distintos ámbitos del Poder Judicial, al menos una de las postulantes es empleada de Tribunales y lo comentó en su oficina, lo que fue escuchado por varios compañeros.
Una fuente señaló que la aspirante se habría “quebrado” el viernes pasado en su trabajo y confesó haber recibido el examen del funcionario al que todos mencionan. Otra fuente señaló que esa noticia fue comentada por otra de las postulantes a sus pares sin mayor inconveniente, de manera natural, en el marco de una conversación laboral.
A raíz de esto, el secretario general de Agepj, Federico Cortelletti, y la secretaria de organización del gremio y veedora en la Junta de Calificaciones, Lucía Bonafé, hicieron su presentación al TSJ. Entregaron en mano el escrito de una carilla al presidente del alto cuerpo, Luis Angulo.
Investigación y transparencia
Este mismo lunes, sin mayor demora, el TSJ tomó la iniciativa para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
Este medio tuvo acceso a la información de que el vocal Sebastián López Peña ordenó a la Secretaría de Sumarios Administrativos que abriera una investigación interna. Habitualmente, esa tarea le corresponde a la vocal Aída Tarditti, pero por estos días la titular de esa oficina está en uso de licencia.
Al día siguiente, el secretario Tristán Quiles y su mano derecha, Celeste Gilardoni, recibieron directivas de López Peña para iniciar las primeras medidas probatorias. Probablemente tengan que reconstruir lo que pasó en esa dependencia judicial donde se escuchó la confesión. La dependencia sería “una cámara” o una oficina del fuero Penal.
Para avanzar con esto, este miércoles se recibiría en Sumarios Administrativos el testimonio de los dirigentes gremiales Cortelletti y Bonafé.
Desde el TSJ aclararon que se pretende sostener la máxima transparencia y mantener la solidez del sistema de concursos ideado para garantizar su limpieza.
Fuentes del alto cuerpo añadieron que habitualmente el gremio está conforme con los procedimientos y que se trata de la primera vez que reciben de la entidad sindical una presentación en este sentido.
Al recibir la primera noticia de una supuesta irregularidad, la reacción fue inmediata.
¿Y el concurso?
Más allá de las responsabilidades que se establezcan con los presuntos responsables de esta supuesta irregularidad, en la cabeza del Poder Judicial y en la mente de todos aquellos que concursaron existe preocupación sobre lo que puede suceder con su condición de aspirantes al cargo.
Mientras se sustancia el sumario, comenzó a barajarse qué temperamento asumir en relación con este concurso en particular y su continuidad.
Una alternativa es anular esta selección, lo que generaría no pocos inconvenientes, habida cuenta de la simultaneidad de pruebas para acceder a diferentes cargos y de los órdenes de mérito respectivos.
La otra sería excluir preventivamente o suspender a las personas sospechadas de haber recibido el examen, como una forma de preservar el proceso y no castigar “gratuitamente” a quienes concursaron de buena fe.
Y en relación con las responsabilidades de quienes podrían haber entregado y recibido el examen, dentro del Poder Judicial las sanciones son drásticas.
