El fiscal Guillermo Monti y la jueza de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, Virginia Liendo, ambos de la ciudad de Jesús María, continúan trabajando para esclarecer el caso de Agustín “Ute” Ávila (16), el adolescente que fue asesinado por una pandilla el 8 de enero de 2023.
Tras una investigación de largo aliento, lograron identificar a ocho personas a quienes se les adjudica distintos grados de responsabilidades en el ataque. Agustín sufrió primero el robo de su gorra y cuando fue a reclamar sufrió una golpiza.
Terminó muerto de un puntazo en el cuello.
Los investigadores creen que están en presencia del total de los agresores. Sin embargo, nadie se atreve a negar que pueda haber otros implicados.
Entre los implicados, hay tres chicos de 15 años, dos de los cuales presuntamente tuvieron una participación activa durante el robo y el asesinato.
Sobre los tres pesa una medida tutelar. Otro adolescente de 14 años estuvo bajo una medida tutelar por haber sido encontrado “partícipe activo” de homicidio, según detallaron fuentes con acceso a la causa.
También fue alcanzada una adolescente de 18 años que cumple con una medida cautelar junto a un joven de 22 años.
Finalmente, hay un chico de tan solo 13 años implicado en el hecho. Todos se encuentran en libertad.
Vale recordar que los chicos de 15 años que fueron identificados por la Justicia como los autores de la muerte de Agustín son inimputables para el régimen penal argentino. Esto ocurre con todas las personas que cometen un delito, más allá de su gravedad, que no cumplieron los 16 años al momento del suceso.
Respecto a los mayores de edad, la joven de 22 años fue imputada por robo agravado por la participación activa de un menor en calidad de coautor. Como se dijo, ya recuperó la libertad.
El joven de 18 años recuperó la libertad porque durante la investigación aún no se ha podido acreditar su participación concretamente activa en el ataque criminal a Agustín.
Al respecto, el abogado querellante que representa a los Ávila, Carlos Nayi, planteó a un año del crimen que la investigación marchó con buen ritmo pero volvió a señalar la “falta de Justicia” ante los ataques protagonizados por menores de edad.
“Hay un valladar, un impedimento desde el punto de vista judicial. Se receptaron más de 60 declaraciones testimoniales, se han incorporado más de 50 informes técnicos de la dirección de Policía Judicial y más de 30 informes de investigaciones operativas. Se ha nutrido la instrucción de prueba audiovisual, vestimentas, registros fílmicos y con respecto a los dos mayores, también han recuperado la libertad porque la prueba ha impedido avanzar sobre la secuencia operativa en la participación de la muerte de Agustín”, comentó.
Y destacó que todos los involucrados siguen bajo proceso en libertad.
“Es un tema que nos debe interpelar como sociedad, como Justicia y a las autoridades del Poder Legislativo: hace falta reformular todo el sistema normativo en materia de persecución penal para satisfacer el interés social y asegurar el juicio o castigo”, pidió Nayi.
Según la mirada del letrado, no se trata de encarcelar niños. “Hay que combatir el flagelo de la delincuencia minoril. Esto no se logra solamente elevando la edad de imputabilidad, sino efectuando un enfoque integral, global, desde el punto de vista psicológico, sociológico, de la Iglesia, de los distintos especialistas en materia penal”, comentó.
El caso
Agustín fue asesinado por una patota el domingo 8 de enero de 2023 en la ciudad de Jesús María. El adolescente había sufrido el robo de una gorra a manos de un grupo de jóvenes a metros del anfiteatro local. Fue a reclamar por sus pertenencias y se le fueron encima.
Lo golpearon. Agustín terminó muerto de un puntazo en el cuello.
A horas del caso, el primer implicado, un adolescente de 15 años, fue enviado al Complejo Esperanza y quedó bajo tutela del Estado.
La Justicia trabajó durante meses para identificar al resto de la patota. Los padres se conformaron como querellantes en la causa e iniciaron un reclamo de justicia que perdura hasta estos días.
A la víctima le decían “Ute” porque de niño no lograba pronunciar correctamente la palabra “dulce”. Vivía en Guiñazú, en el extremo norte de la ciudad de Córdoba, y cursaba el quinto año en el Ipet 333, Julio Salusso, de Villa Los Llanos, un colegio técnico con orientación a maestro mayor de obras ubicado algunos kilómetros al norte de su hogar.
Era el mayor de cuatro hermanos varones y estaba de novio con otra adolescente de un barrio próximo, a quien conocía de la escuela.
Sus días fluctuaban entre ir a la escuela, trabajar en un lavadero de autos y jugar al fútbol. “Era una excelente persona, muy querido en el barrio”, había comentado Luciano González (34), pareja de su mamá, en los días posteriores a la horrorosa golpiza.
En los días previos a su muerte, había viajado a Jesús María para asistir a su abuela, quien había sufrido un incidente doméstico.
Cerca de las 4 de la mañana vieron que comenzaba una pelea entre unos chicos, en las proximidades del anfiteatro de Jesús María. Su mamá, Vanessa, sostuvo que en el lugar había dos policías que no intervinieron en lo que sucedía.
Al alejarse de la pelea, se fueron caminando hacia el lugar donde estaba estacionado el auto. Vanessa vio que uno de los chicos que estaban en las inmediaciones de una peña, le pegaron a Agustín en la cara.
Luego, la persona que lo golpeó le sacó una visera negra y salió corriendo. Agustín lo persiguió.
Cuando llegaron cerca del portón por donde salen los artistas del festival de Jesús María, que se estaba celebrando por aquellos días, Vanessa vio que su hijo estaba caído. La mujer también fue agredida.
En el piso, a su hijo le dieron golpes, patadas y hasta un botellazo. Finalmente, se descubrió que había sufrido una herida en el cuello que le había causado la muerte.
