Tras haber recibido varios pedidos de habeas corpus correctivos por parte de defensores de detenidos, los jueces de control Carlos Lezcano y María Celeste Orta Córdoba –que durante la feria se ocupan de los juzgados de ejecución– visitaron la cárcel de Bouwer este lunes para constatar las condiciones generales de encierro de los reclusos y resolver algunos casos particulares.
Así lo indicaron fuentes judiciales que confirmaron que ambos magistrados estuvieron en Bouwer acompañados por la titular del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Carolina Funes.
Lezcano y Orta Córdoba se interesaron por las condiciones generales de encierro y se preocuparon por constatar y realizar pedidos concretos sobre algunos de los internos cuyos abogados pidieron que se atiendan sus requerimientos.
Recientemente el abogado Esteban Yangüez Papagenadio pidió que se resolvieran las condiciones de hacinamiento de dos clientes suyos detenidos en Bouwer y solicitó que se avanzara en la licitación de tobilleras electrónicas para que continúen con prisión domiciliaria. Días después se registraron otras presentaciones por algunos casos más, también como habeas corpus preventivos, siempre individuales.
Los jueces se ocuparon de hacer constataciones en el mismo penal.
Además del hacinamiento que reclaman los defensores, los magistrados se interesaron por problemas con el tratamiento de enfermedades, medicación, provisión de agua y el reclamo por problemas eléctricos en los lugares de encierro, entre otros temas.
“Algunos pudieron resolverse y otros están en vías de solucionarse”, señalaron las fuentes sobre las cuestiones “menores” que escapan a la más preocupante, que es el hacinamiento: las celdas destinadas a un preso ya están siendo ocupadas por hasta cinco internos, con cuchetas, colchones en el piso y un excusado en el mismo recinto.
Trascendió que Orta Córdoba y Lezcano preguntaron qué sucedía con la licitación de las 500 tobilleras que legisladores ingresaron a fin del año pasado para su tratamiento. Esto es lo que pedía Yangüez Papagenadio para sus clientes.
La respuesta fue que en los próximos meses estaría lista esa tecnología que aún debe ser licitada y adjudicada. Luego, deben relevarse los hogares de los detenidos, que deben contar con servicio regular de provisión de energía eléctrica para garantizar el perímetro domiciliario.
Siempre de fuentes judiciales, Funes les habría dicho que esa “solución” para descomprimir la población carcelaria llegaría “antes” de la inauguración del nuevo módulo que se está construyendo en Bouwer.
Esos pabellones estarían listos para fin de 2025 y albergarían entre 700 y 800 reclusos.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura indica los “estándares mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios” y sostiene que las celdas deben tener un espacio de al menos seis metros cuadrados por persona.
De acuerdo con lo que indica la planta de Bouwer, sus celdas tienen una superficie de unos 7,2 metros cuadrados. Esto indicaría un exceso de cuatro personas en cada celda, si allí se están ubicando cinco internos.
La población carcelaria de las cárceles de toda la provincia supera los 15 mil detenidos, y hay en Bouwer unos ocho mil.
En realidad, los pedidos de habeas corpus comenzaron a llegar a la Justicia provincial a partir de una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que atendió el pedido del defensor oficial federal Jorge Perano, quien tuvo éxito para que se atienda su recurso en favor de cinco detenidos en Bouwer “por hacinamiento y condiciones inhumanas de detención”.
Los presos federales y provinciales en este penal sufren las mismas condiciones de encierro. Por esto, no se hicieron esperar los habeas corpus de reclusos provinciales, que son inmensa mayoría entre esos muros.
Otros reclamos
Sin que se haya respondido a los reclamos puntuales de los recursos de habeas corpus provinciales, sobre la marcha se están tramitando soluciones a los pedidos puntuales de los detenidos.
Tras la visita se informó que los magistrados comprobaron que hay una provisión de agua suficiente a través de camiones cisterna que surten a diario los tanques de la penitenciaría. Esto, añaden, cumpliendo también con el requerimiento de tener reservas hídricas para hacer frente a eventuales incendios.
Sobre problemas eléctricos, las autoridades señalaron que no había inconvenientes. También se indicó que hubo una fumigación contra mosquitos, para prevenir el dengue.
Se atendió el problema de un detenido que no podía ver un psiquiatra, se dio curso al pedido de un imputado (escribano) que es oriundo de Armstrong (Santa Fe) y, al no tener familiares que lo visiten, pidió que se reemplazara el cupo para amigos.
Los jueces se impusieron de un problema recurrente en el SPC, que es la falta de médicos: los “experimentados” se retiran cuando cumplen 25 años de servicio y muchos de los “nuevos” se retiran por las duras condiciones de trabajo. Algo parecido ocurre con los psicólogos, con un profesional por aproximadamente 250 internos.
Del mismo modo, los magistrados requirieron información de otras áreas para tener conocimiento de temas que manejan en el expediente y pudieron constatar in situ.
Más allá de lo que resuelvan sobre los pedidos de fondo o de lo que vayan resolvieron sobre la marcha sin mayor trámite que el pedido a las autoridades carcelarias, trascendió en Tribunales 2 que ambos magistrados se mostraron satisfechos con la inspección. Pudieron entrevistar allí a dos o a tres detenidos y escucharlos cara a cara. Normalmente, lo hacen por teleconferencia.
Allegados a Orta Córdoba indicaron: “Haber ido fue positivo”.
En tanto, el propio Lezcano respondió a la consulta de La Voz y destacó la colaboración de la directora del SPC. “Se ocupan de los casos y se preocupan por los casos”, resumió Lezcano con relación a los pedidos puntuales que formularon.
