El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona corre peligro y podría suspenderse definitivamente la semana próxima tras un escándalo que involucra a la jueza Julieta Makintach.
Este martes, el fiscal Patricio Ferrari pidió suspender el debate por 10 días debido a presuntas irregularidades cometidas por la magistrada, quien habría permitido la grabación de un documental durante las audiencias sin el consentimiento de las partes, violando normativas judiciales.
Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro resolvió que el martes 27 de mayo continúe el juicio. Para ese día, el presidente del Tribunal, Maximiliano Savarino, pidió que todos los imputados estén presentes, según lo informado por TN.
En relación a eso, la abogada María Julia Marcelli, defensora oficial del médico clínico Carlos Di Spagna, explicó que, si bien el debate no está definitivamente suspendido, convocaron a todos los imputados porque sí es probable que se tome una decisión importante sobre su futuro.
Qué pasa con el juicio por Maradona
Los jueces resolvieron el plazo de manera unánime para que avance la denuncia que hicieron Burlando y Baudry para corroborar si existió algún delito por parte de alguno de los jueces.
Se investiga si se cometió violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, revelación de secretos o información privilegiada, prevaricato, tráfico de influencias o cohecho.
¿Qué puede pasar con el juicio por la muerte de Maradona?
Según lo informado por TN, existen tres alternativas: que el tribunal recuse a Makintach, que la propia magistrada decida excusarse, o que los jueces rechacen la recusación y que el juicio continúe con normalidad.
Si se aparta a la jueza o la propia Makintach se excusa, la única posibilidad que quedaría es que el juicio se anule. Este podría realizarse de nuevo en un futuro, pero con otros magistrados.
Quién presentó la denuncia
Según la denuncia presentada por Julio Rivas, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, los individuos estarían vinculados a un proyecto audiovisual, presuntamente liderado por la productora Pegsa, dirigida por Juan Makintach, hermano de la jueza, y el exrugbista Agustín Pichot.
Una agente policial, asignada como custodia, confirmó bajo juramento que Makintach había autorizado las grabaciones, desatando la furia de fiscales y querellantes.
“Estamos ante un hecho de extrema gravedad que compromete la transparencia del proceso”, declaró Ferrari en la audiencia de hoy.
La grabación de audiencias judiciales está estrictamente prohibida por el Código Procesal Penal, salvo en casos excepcionales y con acuerdo de todas las partes.
La decisión de Makintach, tomada de forma unilateral, no solo vulneró esta norma, sino que también levantó sospechas sobre un posible conflicto de intereses debido a la participación de su hermano en el proyecto, señalaron.
Las partes denunciantes, incluyendo a los abogados de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, exigieron la recusación de la jueza y la apertura de una causa penal.
“No podemos continuar con una magistrada que actúa al margen de la ley”, afirmó Fernando Burlando, representante de la querella.
El juicio, que comenzó el 4 de marzo y debía extenderse hasta agosto, enfrenta ahora un panorama incierto.
Los siete acusados –Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la enfermera Gisella Madrid, el coordinador Mariano Perroni y los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna– están imputados por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de 8 a 25 años. La investigación apunta a determinar si hubo negligencia en la internación domiciliaria de Maradona tras su cirugía por un hematoma subdural.
Los pedidos contra la jueza Makintach
“Me veo en la obligación de mantener este pedido de recusación no solo por lo que ya he afirmado, sino porque en esas pruebas surge que la Dr. Mackintach ha autorizado gente para que pusiera una cámara en el primer día de audiencias, cuando el tribunal prohibió el ingreso de cámaras”, aseveró el defensor del neurocirujano imputado.
Mientras la jueza cuestionada escuchaba el planteo sin levantar la mirada -postura que mantuvo desde que ingresó a la sala-, el letrado Rivas afirmó que su intención no es revictimizar a los familiares que ya declararon y remarcó que su “interés es respetar el principio de legalidad y parcialidad de los magistrados en este debate”.
En este sentido, propuso: “Si me hacen lugar, voy a pedir la validez de todos los actos procesales llevados adelante en estas jornadas”.
Luego tomó la palabra el fiscal Ferrari, quien señaló: “Señores jueces, no ha escapado a ninguno de nosotros que lo sucedido en la última jornada a todas luces implica gravedad institucional. Muchas veces se habla de la gravedad institucional en sentido abstracto, pero desde la lógica y nacionalidad es lo que pasó. ¿Qué podríamos hacer ahora a partir de lo que observamos en la última audiencia? ¿Fingir demencia, hacer que no paso nada?“.
