En estos días durante los cuales muchos reflexionan sobre decisiones difíciles de tomar, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba estudia una propuesta de resolución alternativa de conflictos que, por novedosa, también es discutida.
En el inicio del juicio por la causa CBI 2, donde se analiza el segundo tramo de acusación de presuntos delitos cometidos en torno de la financiera Cordubensis (CBI), se escuchó la propuesta de los 10 acusados para que los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos se extingan a partir de una reparación integral por medio de una oferta económica de 201 millones de pesos a las arcas públicas.
El destino de esa multimillonaria propuesta es el combate de los incendios forestales en la provincia de Córdoba y la reforestación de tierras arrasadas por las llamas.
El fin loable generó la discusión respecto de si es justa la resolución por medio de dinero, a partir de lo que dispone el artículo 59 (inciso 6) del Código Penal, respecto de la reparación integral del daño. La solución cuenta con el aval del Ministerio Público, pero los querellantes (representantes del Banco Central y la Unidad de Información Financiera) resisten esta solución porque entienden que para estos delitos no se debe acceder a un perdón de este tipo, y pugnan por el juicio a prueba que puede terminar en condenas de prisión para los acusados.
Pero está el antecedente del primer juicio de CBI, en el que ya hubo condenas, ya se juzgaron algunos de los delitos de este segundo proceso y otras resoluciones se cayeron en Casación Penal. Algunos acusados de este segundo tramo repiten que no pueden ser juzgados nuevamente.
Son 10 años de proceso judicial y la sentencia del primer juicio todavía está “en veremos”.
Si se piensa en términos prácticos lo que sería una salida expeditiva y segura, la solución es fácil. Quienes defienden esta oferta sostienen que hay que ir a lo concreto y no aventurarse en una serie de alternativas dentro del juicio y luego en las instancias posteriores.
Parece ser diferente lo que sucede en la Justicia provincial, donde los delitos económicos, particularmente las estafas inmobiliarias, no han tenido en los últimos meses castigos precisamente ejemplares. En la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, algunos procesos están siendo abreviados acaso en exceso, y con frecuencia alta, a la par que las sanciones para quienes se confiesan culpables resultan irrisorias, muchas veces con penas de prisión en suspenso.
Habitualmente, los responsables de estos delitos de guante blanco tienen recursos para afrontar los servicios de costosos abogados que pueden dilatar los procesos, en instrucción y en sucesivas etapas, a la par de que resulta casi imposible encontrarles bienes o capital para resarcir a las víctimas.
Los fiscales de Casos Complejos -Valeria Rissi y Enrique Gavier- junto a sus equipos de trabajo especializado hacen denodados esfuerzos para enviar a juicio a imputados a quienes resulta muy dificultoso llevarlos hasta la banca de acusados de una cámara del crimen.
Al final de cuentas, se cae en la tentación de preguntar si es necesario tanto esfuerzo y gasto de recursos durante años de investigación judicial para que todo termine en una resolución rápida, con gusto a poco.
