El estafador Marcelo Javier Marieschi (46) y el grupo que lideró en Córdoba durante varios años junto con otros ya condenados defraudadores –entre ellos, corredores inmobiliarios y varios profesionales– volverán a sentarse en el banquillo de los acusados por presuntos desfalcos multimillonarios reiterados en contra de inversionistas.
Marieschi ya había sido condenado a prisión de ejecución condicional en un cuestionado juicio abreviado realizado en 2023, junto con el escribano Adrián Benelbas (47), los corredores Fernando José Civalero (54) y Diego Martín Díaz (53), el ingeniero Telésforo Claudio Ubios (67), Jorge Eduardo Benelbas (45; hermano del escribano) y la arquitecta Constanza Daniela Peláez (43; exesposa de Marieschi).
Tanto aquella investigación como las dos nuevas por las que los mismos estafadores quedaron bajo sospecha junto con otros imputados fueron lideradas por el fiscal de Delitos Complejos de Córdoba capital Enrique Gavier.
Recientemente, el instructor solicitó enviar a juicio a los hermanos Benelbas, Marieschi, Telésforo Ubios, Civalero, Díaz y Peláez por estafas y estafas reiteradas, según cada caso, en el marco de la causa por el emprendimiento “Vélez Sársfield”.
El mismo día, el fiscal también pidió enjuiciar a los mismos acusados y a uno nuevo, Carlos Andrés Hernández (42), pero en la causa “Obispo Salguero”, referida a asociación ilícita y estafas reiteradas.
Las casi calcadas maniobras descriptas en ambas causas desataron la indignación y la frustración de decenas de ahorristas que vieron una oportunidad de inversión o de contar con el sueño de su propia propiedad y que terminaron con las manos vacías.
Causa “Vélez Sársfield”: 12 estafas
El emprendimiento “Vélez Sársfield” habría sido el primero de tantos desarrollos en los que los imputados delinearon un plan de defraudación bajo la modalidad de construcción de departamentos “en pozo” (consistente en el pago anticipado de las unidades por construir).
Así, primeramente Ubios, sus familiares y otras personas constituyeron en 2008 la asociación civil Consorcio de Propietarios Edificio Ícono I, para la edificación del emprendimiento de Vélez Sársfield 1260, en barrio Güemes.
Una vez establecida la asociación civil y el fideicomiso homónimo, el edificio comenzó a construirse, aunque sin planos aprobados y sin haber obtenido el permiso de edificación. Unos meses después, la obra se paralizó por falta de financiamiento.
Ubios, como administrador, localizó a Marieschi, con el que se asoció bajo la excusa de terminar el emprendimiento, según la acusación. Mediante la constitución de la sociedad “Vélez Sársfield 1260” (realizada por el escribano Benelbas), Marieschi se comprometió a finalizar el proyecto y acordó con el ingeniero Ubios, como administrador de Ícono I, las bases para concretarlo.
De esta forma, en 2012 los imputados habrían vendido y sobrevendido departamentos sin el respaldo económico ni la aprobación de los proyectos y “con la ambición desmedida de obtener lucro indebido al pretender construir una mayor cantidad de unidades y pisos en flagrante ilegalidad –modificaron los planos-, puesto que la normativa jamás lo permitió”, dijo el fiscal.
“Los imputados conocían ciertamente dichas circunstancias y no sólo llevaron a cabo la construcción de la estructura de varios pisos fuera de norma, a sabiendas, sino que, además, jamás finalizaron el proyecto original –jamás aprobado– ni tampoco evidentemente el proyecto modificado ilegalmente. Todo ello a favor de sus fines delictivos, y en franco perjuicio y desmedro del patrimonio de numerosas víctimas, aprovechándose de ellas, induciéndolas en el error por ese engaño y haciéndolas responsables de sus desmanes”, indicó el funcionario judicial.
En la dinámica, Marieschi y Ubios vendieron un edificio de 14 pisos, cuando el proyecto original presentado en la Municipalidad (no autorizado) preveía ocho pisos. Para Gavier, el ingeniero modificó “arbitraria y ambiciosamente” el plan inicial de edificación.
Los inversionistas vieron que la finalización de la construcción nunca llegaba a su fin y, menos aún, la entrega de las unidades, que se transformarían, en definitiva, en meras ilusiones.
“Marieschi y Ubios se desenvolvieron con total impunidad y descaro”, ya que, según la acusación, hasta “blanquearon” la falta de aprobación del proyecto a los damnificados, pero para continuar engañándolos y extender los ya incumplidos plazos. Así, los habrían convencido de que solucionarían los problemas y que el proyecto sería finalmente aprobado, lo que nunca sucedió.
Planearon también hacerse de nuevos fondos “frescos” de los ahorristas en concepto de pago de “cuotas extraordinarias” para, de esa forma, redoblar los esfuerzos estafatorios. Incluso, la inconclusa obra actualmente está bajo análisis de la Municipalidad, que evalúa su demolición por el cúmulo de irregularidades.
En la elevación a juicio, el fiscal ponderó que la banda criminal actuó con un claro modus operandi con los “ingredientes” necesarios: desde la conformación de sociedades civiles y fideicomisos (con intervención del escribano Benelbas), el supuesto desarrollo inmobiliario (confección de planos, construcción y avances como “fachada”), personal técnico (ingenieros y arquitectos) y la comercialización (inmobiliaria Civalero) hasta las falsas promesas de pagos de cánones locativos como “penalidad” por incumplimiento de plazos de entrega y canje, y ofrecimiento de recompra de los departamentos, etcétera.
Para Gavier, no deja de ser relevante que los mismos imputados, en la causa en la que fueron condenados en 2023, hubieran confesado que, “movidos por un ánimo de lucro excesivo e ilegítimo, se asociaron” para estafar a inversionistas.
Causa “Obispo Salguero”: 27 estafas
Dos años después de las estafas que habrían consumado en “Vélez Sársfield”, la asociación ilícita también habría sumado a otro presunto defraudador como integrante, el martillero y corredor Carlos Hernández, para operar a través de “Obispo Salguero”. Entre 2014 y 2019, Marieschi y Enrique Modesto “Quique” Marabian habrían comandado la banda junto con los Benelbas, Civalero, Díaz, Ubios, Hernández, Peláez y otros no identificados.
Los acusados se habrían presentado como las “caras visibles” –inversionistas, constructores, dueños de departamentos, asesores jurídicos y vendedores– de las asociaciones civiles “Vélez Sarsfield 1260”, “Perú 128-Sociedad Civil”, “Housing Curaquen 2″, “Consorcio Obispo Salguero 611″, “Consorcio Valtodano 1425”, “Housing Manantial de Torres”, “Brasil 30”, “Consorcio Obispo Salguero II” y “Fideicomiso Manantial de Torres”.
Bajo el amparo y la “imagen de la regularidad y formalidad” de esas personerías y comienzos de obras, los imputados habrían comenzado a vender los departamentos de “Salguero” por cifras millonarias a 31 damnificados, entre ellos, una muy conocida fiscal provincial.
Marieschi habría asumido el papel de desarrollista, fiduciario o administrador de las sociedades y del fideicomiso, con los cuales se inducía a las víctimas a acceder a las unidades falsamente prometidas.
Marabian se habría presentado como socio de Marieschi, “aportando” dinero y bienes a los fines de aparentar supuestos avances en las obras y captar, de ese modo, a las futuras víctimas. Marabian no fue enviado a juicio en esta causa, pero sí en otra.
A su turno, Adrián Benelbas habría asumido el rol de asesor legal y notario de los emprendimientos (confeccionando toda la documentación legal vinculada a las personas jurídicas y contratos); Ubios habría fungido como constructor de los emprendimientos, y Peláez (exesposa de Marieschi) habría desempeñado el papel de directora del emprendimiento “Housing Manantial de Torres” y “proyectista” de “Curaquen 2”.
Jorge Benelbas actuó alternadamente como apoderado, garante, secretario o colaborador de Marieschi. Civalero, Díaz y Hernández habrían asumido la comercialización de los departamentos.
