La extensa causa que rodea a “la casita del after”, el lugar donde se realizaron fiestas clandestinas por más de 11 años en la ciudad de Córdoba –según denuncian los vecinos–, tiene su primer imputado.
La información fue confirmada por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 4, a cargo de Liliana Copello.
Es por las amenazas que recibieron dos vecinos, el pasado 29 y 30 de agosto, tras denunciar los encuentros ilegales y el grave siniestro que ocurrió el 24 de ese mismo mes, cuando un conductor atropelló a tres motociclistas.
“Casita del after”: quién es el imputado por las amenazas
Se trata de Nicolás Acosta, uno de los tres presuntos organizadores de “la casita”. Fue acusado por presuntas amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Además, se emitió una orden de restricción de comunicación de él con los damnificados y sus familias.
Nicolás es hijo de Fabián Acosta y hermano de María Ayelén Acosta, quienes están sindicados por los vecinos como los organizadores de las “fiestas”.
Son ellos tres quienes, luego del mega operativo que se realizó en el lugar el pasado 5 de julio, denunciaron al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al director del Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad (EMFyC), Ezequiel Hormaeche, y al director de Espectáculos Públicos del Municipio, Cristian Gallardo.
Por ahora, no se conoce la versión de ninguno de los acusados.
Aquella noche, el municipio y la cartera de seguridad provincial constataron que en “la casita” había más de 400 personas, entre ellas menores de edad, y que el lugar no tenía habilitación comercial ni condiciones mínimas de higiene y seguridad.
Había “cableado eléctrico expuesto; ausencia total de matafuegos; falta de luces y señalización de emergencia; no contaba con tablero reglamentario ni disyuntor diferencial; no tenía certificado de aptitud eléctrica ni autorización municipal para funcionar”, entre otras irregularidades, se aclaró.
Tras el megaoperativo, el EMFyC radicó una denuncia en la Unidad Judicial de Delitos Económicos que apuntó contra los organizadores, y realizó actuaciones administrativas por infracciones contra el artículo 92 bis del Código de Convivencia.
Además, se dispuso la clausura del inmueble y se labró un acta por infracción administrativa.
Sin embargo, el after continuó funcionando hasta el domingo 24 de agosto, la noche del grave episodio de violencia urbana.
Quiénes son los Acosta, presuntos organizadores de “la casita del after”
Si bien Nicolás Acosta hasta ahora no había sido sindicado públicamente en otras causas, esta no es la primera vez que su padre, Fabián Acosta, queda bajo la lupa de la Justicia.
Acosta (padre) es un comerciante que, en las últimas décadas, fue detenido, imputado e incluso denunció en distintas oportunidades a la Policía.
En 2001 habló de una “mafia policial” en la División Sustracción de Automotores. Años después dijo haber sido perseguido y tiroteado en la avenida de Circunvalación.
En 2018 fue imputado por agredir a un móvil policial y, a la vez, denunció torturas y un intento de coima. Entonces declaró a La Voz: “No le pago coimas a nadie”.
“La casita del after”: cómo siguen las investigaciones
Además de las dos amenazas que tienen como único imputado a Acosta (hijo), la fiscalía investiga otra amenaza, esta vez supuestamente por encargo desde la cárcel, según denunció el damnificado el pasado 18 de septiembre.
“Mandaron a una persona a que lo haga. Me dijeron que me van a encontrar y me van a dar vuelta”, contó la víctima, en ese momento, a este medio. Según pudo saber La Voz, la persona que habría ordenado “enviar” estas amenazas estaría en una relación con una de las personas detrás de la organización de la clandestina.
A la par, la fiscalía también investiga el grave siniestro que tuvo lugar el 24 de agosto, cuando un conductor, luego de una presunta pelea dentro del after, atropelló a varios motociclistas. Se secuestraron los vehículos involucrados y algunos testigos declararon, pero todavía no hay imputaciones.
Desde el entorno del principal damnificado, comunicaron a La Voz que este presenta leves mejorías. Aún se encuentra en tratamiento en su ojo afectado, pero por fortuna, y por el momento, no corre riesgo de perder la visión.
Por otra parte, también se investiga a cinco policías y un agente del Servicio Penitenciario de Córdoba, quienes presuntamente “trabajaban” en el after o habrían recibido coimas.
Este medio pudo constatar que el denunciante fue citado a declarar, pero desde la Fiscalía de lo Penal y Económico, donde afirma que prestó su testimonio, aseguraron no tener información al respecto para suministrar.
