El juez de Control de Villa Cura Brochero José María Estigarribia puso fin al conflicto entre la fiscal local Analía Verónica Gallaratto y el juez federal N° 3 de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja para quedarse con la causa de los “sanadores egipcios” y envió el expediente al fuero federal.
El juez provincial coincide con el magistrado federal que la mayoría de los imputados de la causa son víctimas de trata de personas por parte del líder de la secta que funcionaba en un campo cercano a esa localidad de Traslasierra.
Gallarato había enviado a él y a un grupo de personas a juicio por estafas, pero el criterio de Vaca Narvaja es que la mayoría son víctimas de explotación laboral y sexual por parte del líder de la secta, Álvaro Juan Aparicio Díaz.
Vaca Narvaja le había pedido a la fiscal provincial que se inhibiera y le remitiera la causa a su juzgado, pero esta resistió el requerimiento y planteó el rechazo. El juez Estigarribia emitió este viernes la resolución 23 en la que no hace lugar a la postura de Gallaratto y reconoce la competencia del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba en la causa “Aparicio Díaz, Álvaro Juan y otros por supuestos autores de asociación ilícita, estafas reiteradas, ejercicio ilegal de la profesión”.
Por esto, le ordena a la fiscal Gallaratto que “ponga a los detenidos a disposición exclusiva del Juzgado Federal” de Vaca Narvaja y remita todo lo actuado a ese magistrado.
De este modo, cambia el enfoque de la causa. Por un lado, el líder (y su esposa) quedan señalados como explotadores de personas y el resto de los acusados por Gallarato pasen a ser considerados víctimas. Se descuenta que en las próximas horas Vaca Narvaja decidiría otorgarles la libertad.
Durante meses, las víctimas, sus familiares y sus abogados venían reclamando el cambio de enfoque en una causa que los enviaba a juicio como victimarios.
La causa y la controversia
La causa se abrió en abril de 2021, cuando la fiscal Gallarato detuvo a 11 personas y luego las imputó por estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la psicología, entre otros delitos. La investigación dio cuenta de una organización que tenía como sede una finca en el paraje cercano Pozos Azules, una propiedad del líder de la organización, el psicólogo uruguayo Álvaro Juan Aparicio Díaz, quien se hacía llamar “Licenciado Sahú Ari Merek” y practicaba “sanación” con “sabiduría egipcia ancestral”.
Díaz está acusado junto con su esposa, Laura Carolina Cannes, como líderes de la asociación ilícita que habría despojado de dinero y de bienes a varios denunciantes, mientras que el resto de los imputados, en su mayoría mujeres, están señalados como miembros de esa organización delictiva. También en la acusación hay imputados por abuso sexual.
Además del matrimonio de “organizadores”, están imputados (por la Justicia provincial) como “miembros” y detenidos con prisión preventiva confirmada en marzo pasado por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje las siguientes personas: Laura Carolina Altamirano, Noelia Elizabeth López, Liliana Cristina Dariomerlo, Verónica Gabriela Floridia, Alejandra Gabriela García, Flavia Noelia Stefanich, Maximiliano Iciksonas, Claudio Andrés Urtiaga y Liliana Cristina Marcial.
Para más, días después de esa decisión, Gallarato elevó a juicio el expediente, lo que provocó la reacción de varios defensores que aguardaban varios peritajes –ordenados por la fiscal– para determinar el estado mental de varios acusados, según ellos, afectados por el accionar del maestro “Merek”.
Mientras tanto, desde el año pasado varios de los abogados defensores del grupo de “miembros” de la supuesta asociación ilícita comenzaron a introducir la idea de que en realidad sus defendidos eran damnificados de una secta liderada por Díaz y, particularmente, víctimas de trata de personas. Al entender que ese es un delito federal, comenzaron a hacer presentaciones en la torre del parque Sarmiento para que la causa cambiara de jurisdicción.
Los abogados Carlos Hairabedian y Miguel Juárez Villanueva –por Altamirano– y Mario Ponce –por Dariomerlo– y otros letrados como Lucas de Olmos iniciaron el pedido de inhibición ante el juez federal Vaca Narvaja, quien tras la elevación a juicio tomó la decisión de pedir la causa por entender que había víctimas de trata.
Terapia de alienación
Al igual que algunos denunciantes, varios miembros del grupo refirieron que sufrieron las prácticas del maestro “Merek”. Indican que comenzaron como pacientes del consultorio psicológico en la ciudad de Córdoba y que luego empezaron a asistir a cursos “pagos” en distintos hoteles, durante varias horas y en sucesivos sábados.
Pronto comenzaron a notar que eran enfrentados con sus familias y que debían romper esos vínculos, para pasar a depender del terapeuta que comenzaba a ejercer cada vez más control sobre sus vidas. También hicieron varios viajes a Egipto para afianzar la sanación, los que debían pagar a razón de 2.500 dólares.
Al iniciar la pandemia, según el relato de varios damnificados, Díaz concretó un cambio de vida. Se trasladaron a un campo cercano a Villa Cura Brochero y allí comenzaron a trabajar la tierra, de lunes a lunes, de 9 a 18, sin descansos y sin remuneración.
Además de haberles hecho transferir bienes y fuertes sumas de dinero –siempre según los relatos de la causa–, el psicólogo les cobraba por darles el título de “maestro”, por “bautizarlos” con nombre egipcio y por otras prácticas.
El líder de la organización pronto terminó rodeado de mujeres a las cuales había logrado dominar por la sugestión y algunos hombres debían admitir eso, aun con sus parejas.
