El fiscal Juan Pablo Klinger dio por clausurada la instrucción y elevó la causa por el homicidio agravado por el vínculo contra Fernando Albareda por la muerte de su madre, Susana Montoya. En el mismo acto, elevó a juicio la investigación por falsa denuncia por las pintadas amenazantes que aparecieron en su casa el 8 de diciembre de 2024 y que, según Klinger, buscaban apurar la resolución de la indemnización antes de que cambiaran los gobiernos en la Provincia y en la Nación. “Por codicia”, dirá Klinger, uniendo el móvil que vincula tanto ese hecho como el homicidio, según su acusación.
Los abogados de Albareda, Claudio Juárez Centeno y Mario Gregorio, plantearon nulidades ante el Juzgado de Control y, luego, a la Cámara de Acusación. Ninguna queja prosperó. Sin embargo, frente a la novedad de este testimonio de Albareda, plantearán los incidentes en Casación y pedirán que se reabra la instrucción para sumar formalmente la declaración de Albareda, aportar prueba nueva y que se pueda incorporar el informe en disidencia de los peritos de parte psicológica y psiquiátrica, que no fue incluido en la causa cerrada por Klinger.
Para Juárez Centeno y para Gregorio, Klinger ya no podría estar al frente de la causa porque “prejuzgó” y fue “discrecional”. Los abogados plantearán su apartamiento para esta nueva instancia que propician, en la que buscarán cambiar la calificación legal y atacar los agravantes que impuso Klinger: “homicidio agravado por el vínculo, con alevosía y por codicia”, una figura que sólo podría tener un resultado como pena: la prisión perpetua.
Juárez Centeno y Gregorio afirman que el martes 27 de mayo a las 10 estaba prevista, según la notificación de la fiscalía, la celebración de una nueva indagatoria por aquella causa de 2023 en la que Albareda denunció ante la misma fiscalía de Klinger amenazas en su contra y de su familia.
Según relatan los defensores, la fiscalía pretendía indagar a Albareda por falso testimonio (dos hechos) en relación con aquella causa de amenazas, ya que, el jueves 22 de mayo, la Cámara de Acusación había rechazado la apelación de sus defensores por la denegación de varias nulidades planteadas a la prisión preventiva dictada por el fiscal.
Indagado Albareda el 27 de mayo, el mismo día la fiscalía decretó la elevación de la causa a juicio e incluyó en dicha elevación ambas causas: la del homicidio de Montoya y la causa por el falso testimonio.
Para los defensores, esto es grave puesto que la resolución de la Cámara de Acusación no se encontraba firme al momento de decretar la fiscalía la elevación de la causa a juicio, ya que queda aún pendiente una posible casación. Además, señalan que el fiscal ya tenía redactado el decreto de elevación a juicio por las dos causas acumuladas antes de esta nueva indagatoria, esgrimiendo para su fundamento que el propio hermano de Fernando –Ricardo, querellante en la causa– había sido notificado el propio día de la indagatoria, antes de que empezara, de que las dos causas eran elevadas a juicio.
Señalan que “la notificación al querellante del decreto de elevación a juicio, antes de la nueva indagatoria, evidencia una actuación sumamente irregular de parte del fiscal Klinger, por lo que es necesario que sea apartado de seguir entendiendo en la causa Albareda por haber actuado de modo parcial y arbitrario, prejuzgando que el imputado no tiene ni debe tener derecho de defenderse y ofrecer prueba”.
Además, afirma la defensa que sus peritos de control nunca fueron citados ni notificados de las conclusiones del peritaje multidisciplinario en el que participaron y que la fiscalía valora como elemento y fundamento de la elevación a juicio.
“La defensa subraya que el fiscal ha violado garantías constitucionales de Albareda porque ha acumulado aquella causa de amenazas a la del homicidio de Susana Montoya, lo que evita el conocimiento y acceso de la causa de su defensa y poder este brindar una explicación de los hechos y ofrecer prueba, e invocan que el decreto de elevación a juicio es nulo”, plantean.
La indemnización por el legajo reconstruido de Ricardo Albareda quedó en un limbo
Fernando Albareda no ocultó en la entrevista con La Voz que este era el último tema de conflicto con Susana Montoya. La reconstrucción del legajo le reconocía a la viuda 35 sueldos caídos como comisario –tras el ascenso post mortem– y 15 sueldos a cada uno de sus hijos o sus herederos. Eran $ 76 millones para todos, que se debían actualizar al momento de hacerse efectivo el pago. Eso estaba por ocurrir, pero el asesinato de Susana y la detención de Fernando frenaron el trámite.
El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, explicó a La Voz que no se efectivizó el pago. Se les pedirá a los beneficiarios que presenten la declaratoria de herederos, pero también se hará una consulta a la Justicia sobre si corresponde liquidar la parte de Fernando Albareda si resulta confirmado que mató a su madre por codicia, es decir, justamente para obtener una mayor parte de este dinero de lo que le correspondía.
El abogado Claudio Juárez Centeno, quien representa en este reclamo a Fernando pero también a su hermano Ricardo, intimó que se hiciera la liquidación, que si se bloquea para el caso de Fernando no hay motivos, entiende, para que se lo haga en la parte que le corresponde a Ricardo.
