Una “changa” que le costó su libertad. La joven boliviana Salomé Quispe Huanca (36) fue condenada por narcotráfico en Córdoba tras haber acordado el traslado de una millonaria carga de cocaína que fue interceptada cuando viajaba de Salta a Buenos Aires.
En un fallo unipersonal, el juez del Tribunal Oral Federal N° 3 de la Capital (TOF3), Facundo Zapiola, sentenció a cinco años de prisión a Quispe Huanca por transporte de estupefacientes y absolvió a su hija, Edith Giuliana Mamani (19), por facilitación de un lugar para almacenarlos.
Encomiendas “blancas”
La noche del 31 de agosto de 2023, Gendarmería realizó un control rutinario en la ruta nacional 9, en jurisdicción de la localidad de Sinsacate. A los efectivos les pareció sospechosa la carga del camión de Buspack-Transporte La Veloz del Norte proveniente de Aguas Blancas (Salta) y con destino a Buenos Aires.
A primera vista, trasladaba un gran volumen de mercadería presuntamente contrabandeada. Pero cuando pasaron las encomiendas por el escáner, detectaron dos cajas sospechosas, con el remitente a nombre de una mujer y con el destinatario a nombre de otra. En cada caja, hallaron 12 paquetes que, en total, contenían 25,6 kilos de cocaína.
Por pedido del fiscal federal N° 3 de Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, el juez N° 1 del mismo distrito, Alejandro Sánchez Freytes, ordenó la entrega vigilada de la droga para llegar hasta la destinataria, en el partido bonaerense de La Matanza. Los efectivos reemplazaron con ladrillos los 25,6 kilos de cocaína (valuada en unos $ 340 millones, al cambio del dólar ilegal), para simular el peso original del estupefaciente.
Casi una semana después, Quispe Huanca se presentó en el local de Encomiendas Zacarías a bordo de un Renault Fluence y reclamó los paquetes a nombre de su cuñada.
Los paquetes habían sido despachados en Salta por personas hasta ahora no identificadas. En ocasiones, los diferentes eslabones de una cadena de narcotráfico dejan “enfriar” la droga en el correo o lugar de retención para asegurarse de que no está siendo vigilada por las autoridades.
Tras retirar las encomiendas, los efectivos montaron un seguimiento hasta la calle 4 y 9 de Villa Celina, Buenos Aires.
Cerca de las 20 del 5 de septiembre, observaron a una mujer (Edith) que salía del domicilio con dos bolsas de residuos. Cuando revisaron los desechos, encontraron vestigios de etiquetas con características similares a las vinculadas a la causa.
Una hora después, Sánchez Freytes ordenó el allanamiento. En la habitación de otra hija de Salomé hallaron lo que, en principio, los efectivos pensaban que eran 14 “panes” de cocaína por algo más de 16 kilos. Luego se comprobó que, en realidad, se trató de lidocaína (usada como sustancia de corte), por lo que fue sobreseída por ese hecho aquella otra hija.
Sorpresivamente, encontraron también un boleto de compraventa de un inmueble por un valor de U$S 85 mil, un cuaderno con anotaciones de importes de préstamos de dinero y un talonario de pago desde la localidad de Aguas Blancas, provincia de Salta, a Puente La Noria, Buenos Aires, cuyos destinatarios eran las personas investigadas en la causa.
Salomé dijo que en el domicilio de su hija Edith habría más droga, por lo que a pocos metros allanaron la pensión e incautaron ocho “panes” con ocho kilos de cocaína en la habitación rentada.
Sospechosamente, había una boleta de envío de encomienda con el nombre de un hombre como destinatario (fechada unos días antes del envío descubierto en Sinsacate) y otro boleto de encomienda proveniente de Aguas Blancas.
Edith quedó bajo sospecha e imputada por facilitación de lugar para almacenar estupefacientes.
La costurera de la “changa”
Salomé declaró que ella sólo había accedido a realizar una “changa” que le había encargado por teléfono un hombre, presuntamente de nombre Emerson. Mencionó que otros tres hombres le dejaron una caja y le solicitaron que la guardara, pero que como no tenía mucho espacio, se ofrecía a trasladarla a la casa de una de las hijas.
Tras cerrar el acuerdo, la mujer indicó que le pidieron que fuera a retirar una encomienda y que, cuando pasaran a buscar todo, le pagarían U$S 300. Siempre según su versión, aceptó hacerlo porque necesitaba el dinero, ya que, además de ser costurera, vendía ropa.
La imputada afirmó que cuando la llamó la supuesta madre de “Emerson” para buscar las cajas, no pudo hacerlo porque estaban las autoridades en la puerta. Y que como se asustó, les pidió a las hijas que se encargaran de desprenderse de las cosas tirándolas a la basura.
Para el juez, el hallazgo de los pagarés en dólares y el boleto de compraventa por U$S 85 mil eran “indicios de prosperidad económica no compatibles” con la situación socioeconómica que declaró en la indagatoria. “Mas sí con la actividad ilícita de narcotráfico que desarrollaría”, indicó, y recalcó que Salomé “es un eslabón de esta cadena de tráfico de drogas”.
Sánchez Freytes procesó a la madre y a la hija, y las envió a juicio. En el debate, Salomé negó “del tráfico de drogas”, reiteró que había aceptado la “changa” y que había guardado en la casa de la hija la caja.
Aclaró que cuando fue a retirar la encomienda, no le habían pedido su DNI porque el paquete no venía a su nombre (sí al de su cuñada). El fiscal puntualizó que si bien pudieron no haberle pedido el DNI de la cuñada, Salomé si llevó una copia de él.
Hairabedian también recordó que la mujer había quedado envuelta en envíos sospechosos. De hecho, La Veloz del Norte ya había transportado –antes de este hecho– 20 paquetes, desde Aguas Blancas hasta Puente La Noria, cuyas destinatarias eran las personas investigadas en la causa. Y remarcó que el día del allanamiento recibió una llamada de una mujer que la alertaba sobre la fuerza de seguridad que esperaba fuera de la casa, tras lo cual les pidió a sus hijas que descartaran rápidamente unas bolsas.
Su hija Edith declaró que en la habitación donde allanaron ella sólo iba a dormir por la noche de vez en cuando y que la llave la dejaba en la casa de la madre por seguridad. El fiscal sostuvo que no llegó acusada por el tráfico, sino por presuntamente haber permitido el almacenamiento de la cocaína en su habitación. En ese punto dijo que había dudas: ¿quién fue la persona que facilitó la habitación? ¿Fue Salomé la que facilitó la pieza a un tercero? ¿Fue Salomé quien utilizó la habitación para el guardado? ¿Fue Salomé la que le solicitó a Edith el lugar para el almacenamiento?
Aun cuando fuera probable que Edith supiera el contenido de la caja, porque al momento del allanamiento manifestó que podría haber algo relacionado a la causa en el otro domicilio y acompañó al personal de Gendarmería con la llave, el fiscal entendió que existía dificultad para probar la culpabilidad, por la inexigibilidad de una conducta distinta a la realizada, es decir, la incapacidad de motivarse por la norma.
Esto porque Edith hacía poco había cumplido la mayoría de edad y también por la lealtad o el temor reverencial que tienen los hijos con los padres, en caso de que la madre le hubiese solicitado guardar el estupefaciente en la habitación.
Por la duda en la participación de la joven o por la dificultad de verificar la culpabilidad, el fiscal solicitó la absolución de Edith. Para la madre, pidió seis años de cárcel.
El defensor público oficial Jorge Perano pidió la absolución de Edith por falta de acusación. Respecto de Salomé, recalcó que de los 20 envíos que llegaron a Buenos Aires, sólo cinco figuraban a nombre de la mujer. Y resaltó que no necesariamente la persona que figura como destinataria de un paquete es la que efectivamente lo termina retirando.
Además, advirtió que debió investigarse a la remitente y a otros nombres que aparecían en la causa. Consideró que en la causa existía sólo una tentativa de transporte, ya que Salomé únicamente retiró el paquete sin droga (porque Gendarmería la reemplazó).
El juez del TOF3, Zapiola, dio por probada la existencia del tráfico de droga y la participación de Salomé: “Tuvo una relación de dominio con el traslado de los estupefacientes, ya que la sustancia fue hallada oculta y acondicionada en dos bultos, siendo la destinataria su cuñada, cuyo nombre fue aportado por la acusada”.
“Quispe Huanca concertó el envío del paquete previamente a su intervención en el retiro de la encomienda, por lo que se encuentra acreditada su participación”, agregó, y la condenó a cinco años.
