La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó investigar al exjuez Luis Zelaya, acusado de tolerar torturas para esclarecer el secuestro de Mauricio Macri, en 1991, cuando era empresario.
Las supuestas torturas se habrían aplicado a Juan Carlos Bayarri, un expolicía, que estuvo 13 años preso por el secuestro de Macri.
Bayarri denunció haber sido sometido a torturas para lograr una confesión y acusó a Zelaya de sobreseer a los policías que fueron responsables por esos tormentos.
Fallo de la Corte Suprema
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti compartieron los argumentos de la Procuración General de la Nación, que cuestionó con dureza el fallo dictado por la Cámara Federal de Casación Penal por haber hecho, “una vez más”, una “parcial valoración de la prueba” contra Zelaya.
En 1991, un grupo de delincuentes conocidos luego como “la banda de los comisarios” secuestró a Macri y lo mantuvo cautivo durante 12 días, hasta que fue liberado tras el pago de un rescate de U$S 6 millones, publicó el diario La Nación.
El 24 de agosto de 1991, Macri fue interceptado al llegar a su casa de Tagle 2804. Allí, uno de los secuestradores le pegó un puñetazo que lo dejó aturdido. Inmediatamente, el entonces ejecutivo de la empresa Socma -cuyo presidente era su padre Franco Macri - fue tomado del cuello y llevado a una combi Volskwagen.
No es la primera vez que interviene la Corte en el caso: ya en 2014, el máximo tribunal había ordenado dictar una nueva sentencia sobre la situación del entonces juez, sobreseído en instancias previas.
El tribunal repitió los argumentos del fiscal general Eduardo Casal que consideró que el fallo de Casación, “al igual que el anterior de esa sala, con otra integración, fue el resultado de un examen parcial de prueba, afirmaciones dogmáticas y fundamentos aparentes”.
Según planteó la Corte, se desvirtuaron “las declaraciones de funcionarios y empleados del juzgado a cargo de Zelaya, que dijeron que éste admitió que los imputados golpearon duramente al querellante (Bayarri), y que se negaba a dictar sus procesamientos debido a la repercusión que tal decisión podría tener en otra causa que tramitaba en el fuero federal” por el secuestro.
En 1991, Macri representaba a uno de los grupos empresarios argentinos más grandes de aquel momento. Luego se convertiría en presidente de Boca, jefe de Gobierno porteño y, por último, presidente de la Nación.
Macri pasó 12 días encerrado en el sótano de un local de la avenida Juan de Garay 2882, de Boedo. Fue liberado ileso doce días después.
Por el secuestro fueron juzgados y condenados por el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral los integrantes de la llamada “banda de los comisarios”, que ya había llevado adelante otros secuestros por los que pedían rescates millonarios a empresarios que luego fueron ejecutados.
Sin embargo, Bayarri denunció que su confesión fue producto de golpes y torturas que le aplicaron policías durante su interrogatorio. Su padre también había sido detenido y torturado.
Apuntó contra Carlos Sablich, comisario inspector y jefe de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, uno de los principales responsables de la liberación de Macri. Con sus denuncias llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la justicia lo liberó tras pasar más de una década preso.
A finales de mayo de 2014, Sablich fue condenado a 16 años de cárcel por el Tribunal Oral N°19 junto a su superior Carlos Gutiérrez.
Pero Bayarri también acusó al juez Zelaya de haber protegido a los policías que participaron en los tormentos para que confesara. Zelaya fue sobreseído, pero el caso llegó a la Corte y el procurador interino Eduardo Casal, en ese entonces procurador fiscal, dictaminó por revocar su sobreseimiento.
La Corte hizo lugar en 2014 y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Pero Casación volvió a dictar su sobreseimiento con el voto de los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Nuevamente, Casal dictaminó contra esa valoración sesgada y ahora la Corte Suprema acompañó esa posición.
Tras repasar las pruebas que evaluó la CIDH y que formaron parte de la condena a los policías, la Procuración señaló que “todas estas cuestiones relacionadas con la actuación” de Zelaya “no fueron consideradas por los magistrados”.
