Descuentos de cheques, captación de fondos de ahorristas, depósitos a plazo fijo simulados, compraventa de valores, inversiones millonarias, evasión y lavado de activos. El gran entramado de maniobras delictivas que una banda habría perpetrado desde una mutual de Villa María y de James Craik tuvo otro capítulo en los Tribunales Federales de Córdoba.
La Sala B de la Cámara de Apelaciones revocó la falta de mérito para varios de los imputados, resuelta por el juez de Villa María, Roque Rebak, y apelada por la fiscal María Marta Schianni, y los procesó.
La medida alcanza a Fernando Santiago Ateca (presidente de la mutual); Jorge Héctor Sufe (socio); Delfín Armando Polack (cotitular de cuenta bancaria, exconcejal villamariense y exasesor en la Cámara de Diputados); Richard Eduardo Grenat (tesorero); Cristina Ateca (secretaria); Hernán Alejandro Mignola (empleado); María Eugenia Tabares (cotitular de cuenta bancaria); Marcela Della Rossa, todos como coautores; y de Carlos Alberto Giovanardi y Miguel Alberto Álvarez como partícipes necesarios de presunto lavado de activo de origen delictivo.
Esa causa es un desprendimiento del expediente “madre”, por la supuesta existencia de una asociación ilícita destinada a la intermediación financiera y bursátil no autorizada.
La fiscal María Marta Schianni también investiga una presunta evasión tributaria (procesamientos dictados a fines de 2021, apelados y pendientes de resolución ante la Cámara).
Millones y millones bajo sospecha
La Asociación Mutual Productores de Servicios Generales (AMPSG), con sedes en Villa María y en Jaimes Craik, quedó en el centro de las sospechas por presuntamente haber sido el vehículo necesario para la consumación de múltiples maniobras.
La Unidad de Información Financiera (UIF) ya había alertado en 2009 sobre la actividad de la “cueva financiera”, luego de que dos bancos reportaron depósitos de una gran cantidad de cheques de terceros (por montos millonarios) en cuentas corrientes a nombre de la mutual y el retiro posterior en efectivo.
Así, los integrantes de AMPSG habrían utilizado “el régimen mutualista” (con beneficios impositivos) como “un remedio utilizado casi exclusivamente para violar la ley”, según afirmó la camarista Liliana Navarro. Con las operatorias, habrían desvirtuado la significación social de la entidad.
A través de una estructura aceitada, Fernando Ateca y Sufe habrían liderado la banda que bajo el velo de la mutual habría otorgado préstamos personales (para cualquier destino) y descuentos de cheques, para lo cual habría captado fondos de terceros (ahorristas) de manera habitual y masiva.
De este modo, habrían obtenido un beneficio tributario de reducción de la alícuota en el impuesto a los débitos y los créditos bancarios.
Como parte de los movimientos, habrían realizado ofrecimientos de cajas de ahorros y cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo simulados bajo contratos de mutuo o “ahorros a término” (tanto en dólares como en pesos) y garantidos con pagarés a personas no asociadas.
Los fondos habrían sido utilizados en operaciones de compra y venta de divisas, compra y venta de títulos valores, inversiones en el mercado de valores por intermedio de agentes de bolsa e inversiones, y en la cobertura de giros en descubierto de las cuentas corrientes de sus clientes, sin autorizaciones oficiales.
Algunos empleados, con conocimiento de las maniobras, habrían materializado una doble contabilidad y se habrían encargado de romper los mutuos y los documentos similares para no dejar “huellas”.
También se habrían llevado a sus domicilios los discos y las memorias externas donde registraban las operaciones en negro (depósitos o descuentos de cheques).
Eso habría permitido a AMPSG mantenerse dentro de los parámetros de las estructuras mutualistas (al exhibir ante los organismos de control un nivel de operatoria acorde con el común de estas entidades).
Además, habría instaurado un “servicio” que aseguraba el anonimato de quienes pretendían obtener ventajas con fondos obtenidos de actividades ilícitas que no podían ser invertidos en forma directa en el mercado o en el sistema financiero.
En la sede de Villa María se secuestró un disco con un listado con “mutuos” (fechados, con detalle de depósitos, saldo, días e intereses) por montos millonarios, lo que permitió a la Justicia verificar el importante “caudal de dinero que fluctuaba por una mutual con aparentes fines solidarios”, según sostuvo el camarista Abel Sánchez Torres en 2019 (en los procesamientos por asociación ilícita).
También se encontraron planillas con la operatoria de cheques “en negro” con los datos de cada particular (banco, monto, importe liquidado y descuento) y la ganancia obtenida por la mutual.
¿Lavado con propiedades?
Se estima que para antes de mayo de 2018, los imputados habrían puesto en circulación en los mercados financiero y bursátil el dinero obtenido de la intermediación financiera ilegal y la evasión (gestada mediante la mutual) a través de empresas radicadas en Villa María y en James Craik.
De esta manera, mediante las firmas MQT SRL (integrada por Tabares y Polack, cuyo apoderado era Fernando Ateca), Efus SA (formada por Polack y Sufe) y la propia mutual habrían adquirido una gran cantidad de bienes inmuebles (24 departamentos, dos cocheras, etcétera) por casi 31 millones de pesos con el fin de lavar los fondos.
La mayor adquirente era la misma mutual.
MQT también habría comprado una Ford Ranger 4x4 para blanquear fondos (con domicilio en el estudio jurídico-inmobiliario de Sufe y de Polack (exsocio fundador de la mutual y luego su secretario).
Los titulares del vehículo, incluso, habrían procurado desapoderarse de él al enterarse de su imputación en la causa “madre”.
A su vez, Fernando y Cristina Ateca, Grenat, Tabares y Mignola, a través de S&C Inversiones SA, habrían colocado en el mercado de valores, mediante diferentes inversiones, poco más de 52 millones de pesos aparentemente en “negro”.
Para poder llevar adelante las operatorias, la banda se habría valido de los contadores Giovanardi y Álvarez para brindar a la estructura una apariencia de legalidad ante el fisco (Afip) y los organismos de contralor (Inaes).
Eso les habría permitido un doble beneficio: por un lado, potenciar las ganancias ilícitas; y por el otro, canalizar a través de MQT, Efus y la mutual los fondos para darle un ropaje lícito.
La fiscal incautó una importante cantidad de escrituras y de boletos de compraventa de bienes que los imputados habrían adquirido mediante las empresas, sugestivamente, durante el mismo lapso en que funcionó la mutual como asociación ilícita.
En una de las escuchas, Fernando Ateca apareció involucrado en ciertos manejos: “Tengo una montaña de cheques en negro. No puedo pasar, estoy complicado, ¿viste? O me das unos días o te ofrezco abrirte una cuenta mutual. Pero me agarrás mal. Tengo muchísimos cheques en negro”.
Coincidentemente, se incautó un gran volumen de cheques de terceros no declarados de la mutual en el estudio contable de Álvarez.
Pero el rol de Ateca no habría estado circunscrito al manejo de cheques, sino también a otras maniobras de lavado, debido que en otras comunicaciones con Sufe mencionaron la necesidad de canalizar ocho millones de pesos y de invertir en la bolsa “11 palos”.
Navarro –quien cuestionó las omisiones del juez al dictar la falta de mérito a los ahora procesados– sostuvo que el nivel socioeconómico de Ateca no se correspondería con los declarados, lo que aumentó las dudas sobre las actividades ilícitas que habría emprendido.
Nulidad de la elevación de la causa “madre”
A su turno, los camaristas Sánchez Torres y Graciela Montesi coincidieron en los procesamientos.
Tras ponderar varios elementos ya resaltados en el procesamiento de la causa “madre”, en el expediente actual Sánchez Torres rechazó los planteos de Polack y de Álvarez en torno a la presunta ausencia de elementos de cargo y a la orfandad probatoria, y desechó la presunta vulneración del derecho esgrimida por el exconcejal.
Paralelamente, cuestionó que las tres causas se hubieran investigado por separado sobre la base de un mismo caudal probatorio. “Las segmentadas y parcializadas investigaciones han incidido en forma negativa sobre las prerrogativas constitucionales del debido proceso legal, principio de investigación integral y defensa en juicio, atentando de igual modo contra la buena administración de justicia”, advirtió.
“Ello, al versar todas las actuaciones de mención sobre distintas peculiaridades delictivas propias de una única plataforma fáctica de mayor entidad que involucra, en su mayor parte, a los mismos sindicados y que comparten, parcialmente, los mismos elementos probatorios”, razonó.
“Un proceder en este sentido atenta contra la administración de justicia, trae aparejada la inseguridad jurídica de eventuales sentencias contradictorias y deja abierta la posibilidad de futuros planteos de apartamientos por parte de los tribunales de juicio”, sostuvo y propugnó la unificación de las investigaciones antes de su elevación.
Por mayoría, la Sala B anuló la elevación a juicio del expediente principal (asociación ilícita), realizada ante el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2020.
