Cecilia Lanzarotti, secretaria de Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, aseguró que fue el propio Servicio Penitenciario el que denunció a Sergio Guzmán, subdirector de Operaciones en el complejo carcelario de Bouwer, por supuestos “actos reprochables que podrían constituir delitos”, según la expresión de la funcionaria.
Lanzarotti evitó dar detalles de cuáles son los hechos que se le atribuyen a Guzmán, así como al abogado Alfredo Ciocca y al ahora exempleado del Ministerio de Gobierno provincial Ramón Salas.
“En junio se tomó conocimiento de un hecho que podría constituir una conducta reprochable del funcionario y se comunica de inmediato al Órgano de Control e investigación de las Fuerzas de seguridad de la Provincia y, al mismo tiempo, se hizo una presentación en la Unidad Judicial de Delitos Económicos”, relató Lanzarotti.
Como director de Operaciones, Guzmán no tenía atribuciones para decidir “externaciones” de internos, como las distintas modalidades de libertad. Tampoco tenía entre sus funciones evaluar la conducta de los presos, que en el Servicio Penitenciario de Córdoba es una función que está a cargo de un Consejo Correccional, un organismo técnico criminológico integrado por psicólogos y médicos.
Guzmán está en situación pasiva desde este miércoles, por lo que dejó de percibir la totalidad de sus haberes.
“Existe tolerancia cero para cualquier conducta reprochable sin importar el rango de la persona de la que se trate”, enfatizó Lanzarotti.
El fiscal Enrique Gavier ordenó la detención de las tres personas involucradas en esta causa este miércoles, el mismo día que se inició el juicio por ingreso de celulares a la cárcel de Bouwer a cargo de una banda liderada por el narcotraficante René Alejandro “Chancho” Sosa.
La información fue confirmada al caer la tarde por medio de un comunicado emitido por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) en el que se informa de la detención de uno de los tres subdirectores del Complejo Carcelario N° 1 Reverendo Francisco Luchesse.
La gacetilla también comunicó que “se llevó a cabo un allanamiento de la oficina” de Guzmán, dentro del penal ubicado al sur de la ciudad de Córdoba.
La nota del SPC concluye señalando: “Cumpliendo con el procedimiento de rutina, se dio inmediatamente intervención al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, y a las instancias correspondientes”.
Primeras explicaciones
Desde que en 2021 detuvo al guardiacárcel Mauro Rodrigo Casado por intentar ingresar dos celulares al pabellón de Bouwer donde se alojaba el narcotraficante “Chancho” Sosa, el fiscal Gavier viene investigando irregularidades en el régimen de alojamiento de internos, particularmente con el uso ilegal de celulares y su utilización para realizar estafas desde el penal.
A pesar del hermetismo del funcionario que aún estaría ordenando medidas respecto de esta nueva causa, se conoció de otras fuentes judiciales que esta investigación se inició a partir de una denuncia. En sus primeras conclusiones, se indica que se habría detectado una compleja operatoria cuyos contornos todavía no se disciernen con precisión.
Si bien en un principio se habló de la introducción de celulares para el uso de los detenidos, esa especie no fue confirmada al caer la tarde del miércoles.
Sí se señala que esta “asociación” habría montado una suerte de “quiosco” (sic) que tenía como principal objetivo falsear informes relacionados con la conducta y la evolución en el tratamiento penitenciario de los detenidos.
“A cargo de determinados favores”, se falseaban informes para “favorecer o desfavorecer” (sic) la situación de determinados detenidos, con el objetivo de hacerlos “progresar” o “retroceder” en el tratamiento e ir superando o ralentizando las fases de la condena. Los términos remarcados fueron utilizados por personas que estuvieron en relación con los primeros pasos de la investigación, aún incipiente.
También trascendió que los presuntos ilícitos podrían haber ocurrido en el complejo carcelario de Cruz del Eje, anterior destino de Guzmán.
En el ámbito de la Justicia, numerosos penalistas mostraron su preocupación por la detención de Ciocca, un abogado de buen concepto entre sus pares. Además de ser un conocido defensor, tiene inserción en clubes del fútbol de Córdoba y hace aportes en la Justicia para una mejor tramitación de conflictos en los que se ven involucrados barrabravas.
