A casi 20 meses del crimen de Joaquín Sperani Flores (14) en Laboulaye en manos de un amigo del colegio, se conoció que la familia del adolescente ganó la demanda civil iniciada en octubre de 2024 por su letrado Raúl Frencia.
En aquella oportunidad, Mariela Flores, madre de Joaquín, había confirmado a La Voz que su abogado había interpuesto una demanda en contra del Estado provincial y contra los padres del agresor de su hijo. Pedían una suma cercana a los $ 600 millones.
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Ahora, el juez Ignacio Andrés Sabaini Zapata, resolvió en su sentencia número 3, del 6 de febrero de 2025, hacer lugar “parcialmente” a la demanda iniciada por la familia Sperani-Flores y reconocer la responsabilidad del Superior Gobierno de Córdoba, quien deberá abonar poco más del 50% del monto inicial en conceptos de gastos funerarios y de sepulcro; gastos terapéuticos psicológicos; pérdida de chances y daño moral para los progenitores y sus hermanos, entre otros ítems.
El juez entiende la responsabilidad del Superior Gobierno de Córdoba en razón de revestir la condición de “propietario del establecimiento educacional Ipem N° 278 ´Malvinas Argentinas´”, donde tanto el agresor como la víctima asistían y cuando acontecieron los hechos, el 29 de junio de 2023, el agresor había ingresado al centro educativo, dejado sus útiles en el aula y vuelto a salir del instituto para interceptar en la puerta del establecimiento al adolescente Sperani-Flores.
Ahí se fueron juntos caminado hacia una casa abandonada, conocida como “la casa del horror”, justo a la vuelta de la escuela, donde ocurrió el crimen.
“Debe responder por los daños reclamados por los accionantes, por la muerte de Joaquín, la que fue causada por otro alumno en dicha institución educativa, en horario escolar, y en circunstancia que los alumnos se encontraba bajo la guarda, control y vigilancia de la autoridad educativa, toda vez que tal omisión de control del alumnado no puede ser considerada caso fortuito, como tampoco la pretensión que el daño fue causado por ´homicidio mortis causa´ por el que no debe responder”, precisó el juez.
Y añadió: “La parte demandada no ha ejercido un debido cuidado y control del actuar de los alumnos. A raíz de declaraciones de alumnos y docentes, surge que no estaban vigilados por ninguna autoridad o preceptor y que las puertas de la institución estaban siempre abiertas permitiendo el ingreso o egreso de cualquier persona sin observación, registro o vigilancia de ningún responsable de la seguridad. El cuidado y control exigido a las autoridades de la institución es un imperativo que debe estar dentro de la organización disciplinaria de la institución, integrando esta actividad de prevención y anticipación el marco de la educación que se espera sea impartida en un colegio”.
“Fallo ejemplificador”: la palabra de la mamá de Joaquín
Consultada sobre el fallo, Mariela Flores dijo que como familia sienten que ha sido “ejemplificador”.
“Es un fallo que marca un precedente en donde se demuestra y se pone en visto de que las autoridades de una institución educativa son responsables de su alumnado, de que deben ser responsables de la seguridad”, resaltó la mujer a La Voz. Y prosiguió: “Una institución educativa es como el segundo hogar donde los padres confían la educación de sus hijos, complementando lo que se enseña en casa”.
Flores relató que la escuela estaba al tanto de los movimientos de su hijo ese 29 de junio, pero no se tomaron medidas preventivas. Y criticó la falta de transparencia y la intención de encubrir errores por parte de las autoridades escolares.
Además, señaló que la situación que llevó a este desenlace fatal era una “crónica anunciada”, ya que se habían reportado problemas de conducta y situaciones de riesgo con anterioridad.
Para la familia Sperani-Flores, este fallo podría obligar al Ministerio de Educación a “revisar y fortalecer los protocolos de seguridad en las escuelas, capacitar al personal y tomar medidas más estrictas para proteger a los alumnos”.
