Mariángeles Mussolini y Gustavo Liebau, abogados de los querellantes en la causa Nora Dalmasso (51), acaban de presentar un escrito en la Legislatura de la Provincia de Córdoba para pedir un jury de enjuiciamiento y la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.
Nora Dalmasso fue abusada y estrangulada el 26 de noviembre del 2006. El caso tuvo cinco imputaciones fallidas: primero se acusó a un falso amante. Luego, detuvieron al “perejil”, el pintor Gastón Zárate. Durante cinco años fue perseguido el hijo, Facundo, y después, el viudo, Marcelo Macarrón.
El fiscal Miralles llegó a sospechar que Marcelo Macarrón, quien estaba en Punta del Este en día del crimen, había hecho un viaje nocturno para tener relaciones y matar a su mujer en Río Cuarto y había regresado a Uruguay (donde ganó un torneo de Golf). Miralles viajó al vecino país para sustanciar personalmente una investigación.
Luego, Pizarro acusó al viudo de haber contratado a un sicario para que mate a su mujer y “sexualice la escena del crimen” con el fin de confundir a la pesquisa. Finalmente, Macarrón fue a juicio y recién fue absuelto en julio del 2022.
En diciembre del 2024 el nuevo fiscal del caso Pablo Jávega encontró que las muestras genéticas determinadas en el cinto de la bata con que ahorcaron a Dalmasso, y un pelo hallado en su entrepierna, se corresponden con el ADN del parquetista Roberto Marcos Bárzola. Lo imputó de abuso sexual seguido de muerte. Pero, a 18 años del crimen, Bárzola podría quedar libre por los términos de prescripción. El hombre se proclama inocente.
Mientras el juez de Control Diego Ortiz analiza si la acción penal puede continuar, la familia decidió pedir la destitución de los tres fiscales que, a su juicio, habrían incurrido en “mal desempeño por omisión de deberes”. En particular a Miralles y Pizarro los acusan de ”indignidad en su cargo”, por supuestamente “ejercer violencia institucional” contra la familia.
Los denuncian por dejar de lado las pruebas contra Bárzola
Los abogados de Valentina, Facundo y Marcelo Macarrón sostienen que los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro, “pese a contar con elementos probatorios más que suficientes” para sospechar que Roberto Marcos Bárzola (parquetista, recién imputado en diciembre) podría ser el autor material” de los hechos, “decidieron dejarlo totalmente de lado” y “optaron por encarnizarse en contra de la familia de la víctima”.
En este sentido, los querellantes consideran que los representantes del ministerio público “incurrieron en violencia institucional”. Plantean que, por el tiempo transcurrido, pusieron el riesgo la condena de Bárzola, “a quien los análisis genéticos, que ellos injustificadamente se negaron a realizar, recientemente vinieron a ratificar que sería el culpable”.
Entre otros argumentos, la familia sostiene que el fiscal Di Santo, pese a que pidió la colaboración del FBI, no tuvo en cuenta un informe del 2010 en el que decía que tanto en el cinto con el que estrangularon a Dalmasso como en un pelo hallado sobre el cuerpo había un patrón genético no identificado, que no pertenecía ni a la víctima ni a sus familiares.
Menciona que en el 2011 tras una inspección ocular con el fiscal y las partes, agentes del FBI recomendaron que “todos los hombres que trabajaron en la construcción de la residencia de los Dalmasso deben ser investigados”. Y hasta cita declaraciones periodísticas de sus abogados cuando, desde el 2007, reclamaban investigar al parquetista.
Señala que a horas del crimen Bárzola admitió haber estado frente a la casa de Dalmasso pero dijo que no lo atendieron y luego, tuvo varias contradicciones con las testimoniales.
Entre otros datos, se indica que Nora Dalmasso había pedido a Macarón, delante de la pedicura, que los carpinteros no fueran a trabajar ese sábado, habría dicho que le tenía “miedo” a esos obreros; también su madre había mencionado que ella habría tenido una discusión o altercado con el “lustrador de pisos”. A Bárzola recién le hicieron un ADN en el 2024.
“Nosotros estamos planteando que Barzola fue culpable y no se lo investigó en su momento, cosa que hubiera evitado la prescripción de la causa porque se hubiera llegado al culpable muchísimo antes. Se encontraría ya cumpliendo condena y no libre, tratando de beneficiarse con el paso del tiempo”, explicó Mariángeles Mussolini.
La letrada explicó que, para la familia, deberían suspenderse los términos de la prescripción, porque el expediente tuvo muchos momentos de paralización por parte de los funcionarios. Pero además destacó: “Más allá de la causa, el jury es importante para la sociedad, porque creemos que la administración de la justicia tiene que estar en manos de funcionarios que tengan idoneidad para su cargo”.
Mussolini consideró que hubo un “encarnizamiento” contra la familia. “En esta causa, como en muchas, existió violencia institucional y cuando esto no se combate con decisión se convierte en una práctica sistemática”, advirtió la letrada.
Con todo, la causa Dalmasso llegó a nuevamente a la Legislatura. Los querellantes piden que se constituya el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios, que se le dé trámite a la ley y, tras el debido proceso, se dicte resolución para destituir del cargo a los tres fiscales denunciados.
