“La verdad es que usurpa casas y construye. Todo esto me da asco. Mis padres le cubren todo”. El testimonio de Lucas Báez, uno de los hermanos de Diego Maximiliano Báez, parece delinear el cúmulo de usurpaciones y de estafas millonarias que ensombrecen a una familia que habría actuado con soltura durante años al amparo del delito.
El fiscal provincial del Primer Turno de Delitos Complejos, Enrique Gavier, envió a juicio casi a principios de 2020 al empresario Báez (38), su hermano mellizo –el chofer de colectivos Ramiro Gastón Báez (38)–, la esposa de este último –la docente Grisel Carrera (37)–, el primo de los Báez –el mecánico Miguel Alberto Herrera (42)– y los padres de los hermanos –el excarpintero Daniel Báez (75) y la jubilada Susana Graciela Peralta (73)–.
El juez de Control, José Milton Peralta, confirmó la elevación (tras rechazar planteos defensivos), y se aguarda aún el inicio del juicio en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Décima Nominación.
En la causa –por presuntas asociación ilícita, usurpación y estafa reiterada–, los damnificados habrían perdido casi 2,2 millones de pesos y 334 mil dólares (al cambio oficial actual, unos 32 millones de pesos).
Sin embargo, el nombre de Diego Báez resonó nuevamente días atrás en el fuero federal, cuando el Tribunal Oral N° 1 le revocó el beneficio de suspensión de juicio a prueba (probation) en otra causa en la que está imputado por intento de estafa, estafa y expendio de moneda falsa.
La singularidad es que incumplió el total de los trabajos comunitarios, no realizó los pagos a los damnificados y fue detenido dos días antes de que se cumplimentara el año de probation impuesta. Esa detención, al filo de 2017, fue el corolario de la extensa investigación del fiscal Gavier por las presuntas usurpaciones de propiedades y estafas con departamentos.
El suboficial del Cerro
En ese expediente, las sospechas sobre la figura de Diego Báez y su actividad “comercial” comenzaron en enero de 2013. Por entonces, habría usurpado (con fines económicos) la casa de un exsuboficial de la Fuerza Aérea en calle Saturnino Navarro al 4233, en el Cerro de las Rosas (valuado en 7,2 millones de pesos, según revisó La Voz en Catastro).
“Los vecinos me dijeron que el lugar estaba abandonado hacía 40 años. Era el albergue transitorio de cirujas, fumanchines y ladrones. Me quedé enamorado de la zona. A los dos días, decidí limpiar el lugar (…). Así fui cuidando y manteniendo el lugar hasta que apareciera un dueño o un heredero”, declaró Báez, quien reconoció haber realizado refacciones, pero negó los hechos que se le atribuyen.
El punto nodal es que el propietario registral real estaba con vida aún (sigue a su nombre). Al momento de la usurpación, según la causa, el exsuboficial residía en barrio Cáceres con su madre, y dos o tres veces por semana realizaba tareas de mantenimiento en su casa del Cerro, por lo que la vivienda no estaba en estado de abandono, como afirmó Báez.
El exmilitar no habría concurrido durante un lapso de tiempo, lo que Báez habría aprovechado para usurparla. El exsuboficial tenía escasos recursos, no residía de forma permanente en el Cerro y era de edad avanzada (murió aproximadamente un año después de la usurpación), lo que le habría valido a Báez la posibilidad de apropiarse de la vivienda.
Vecinos declararon que al único dueño que conocieron era el exmilitar, pero que luego comenzaron a observar “movimientos raros” de Báez en la casa, incluso a bordo de vehículos de alta gama.
La instrucción permitió establecer que para junio de 2013, Báez, su entonces novia y su hija en común habían ocupado la casa a raíz de un dato clave: la denuncia que la propia pareja había presentado contra Báez por presuntas lesiones. Esa causa, la cuarta en contra del empresario (se lo investiga también por unos terrenos), se tramita por separado aunque se acumuló al expediente principal (sobre las presuntas usurpaciones y estafas).
Dos años después, en 2015, él, su padre y otras personas habrían planificado una serie de estafas. Con un horizonte ganancial, construyeron una serie de departamentos en Altos del Cerro –emplazados sobre el predio usurpado de 373 metros cuadrados, de los cuales 170 están cubiertos– con la finalidad de venderlos, sin autorización de edificación ni habilitación municipal.
Para lograrlo, habrían invadido espacios verdes y retiros, ocupando casi toda la parcela, lo que tornaba imposible su aprobación oficial definitiva.
En sus apariciones públicas y en las escuchas registradas, Diego Báez simulaba ser el dueño del terreno y el constructor del edificio. Junto con su padre, con un “afán de lucro desmedido e ilegitimo” –según el fiscal–, buscaban conseguir un beneficio indebido.
En todo momento, Báez hijo aparece en la causa en la cúspide de la asociación ilícita en la que habría ostentado el rol de jefe. Su madre, Susana Peralta, su padre y otros sospechosos se habrían sumado en forma progresiva a las maniobras.
Como parte de las tretas que se les endilgan, crearon diferentes personerías –Norte Construcciones SRL, Ecopropietor, Masonry Construcciones SA– que habrían fungido como fachadas para exhibirse ante terceros con una imagen de seriedad y legalidad.
El fiscal le adjudicó el rol de mandamás al propio Diego Báez. Parte de la estrategia delictiva habría consistido en presentase no sólo como dueño del edificio y desarrollista, sino también como socio de esas firmas constructoras. Su madre figuraba como socia fundadora de Masonry, aunque bajo las órdenes de su hijo.
Ambos habrían suscrito diferentes contratos fraudulentos o ideológicamente falsos (acuerdos de locación relacionados con inmuebles usurpados) para lograr, en su carácter de locataria, el cambio de titularidad de los servicios de agua y de luz. De esta forma, habría asumido la titularidad de los bienes obtenidos a través de los fraudes.
Daniel Báez seguía las directivas de su hijo Diego y se cree que, principalmente, apoyaba el ardid montado. También colaboraba con la reparación de los inmuebles y en la construcción de Altos del Cerro. Y hasta se habría ocupado de exhibir, de forma esporádica, los departamentos a potenciales compradores de buena fe. Era una especie de “recaudador” de los pagos que los compradores cancelaban por los departamentos e, incluso, habría asumido la titularidad de los bienes.
La ilusión del departamento
La investigación permitió establecer que, entre 2015 y 2017, los damnificados por la compra de departamentos fueron engañados sobre las verdaderas condiciones del edificio (el terreno usurpado sobre el que se construyó, lo que les impidió ser la firma de la escritura traslativa de dominio, y la falta de habilitación municipal para edificar).
La mecánica defraudatoria habría sido la misma en todos los casos, desde la firma de los boletos de compraventa en diversas escribanías, por montos similares, tanto en pesos como en dólares, y con promesas de entrega. La construcción era irregular, y fue clausurada por la Municipalidad en varias ocasiones. Por ejemplo, los cables de un transformador atravesaban la pared de uno de los departamentos.
En la práctica, Diego Báez habría sido siempre el firmante de los boletos como el legítimo propietario del edificio enclavado en la acomodada zona norte de la Capital.
Como parte de pago, uno de los damnificados le entregó una camioneta Audi modelo Q5 2.0 TFSI Quatto (modelo 2012) valuada, en 2015, en 600 mil pesos. La operación se cerró con el pago de 45 mil pesos posteriores (en cuotas). Otro de los compradores pagó 400 mil pesos (adelanto del total de 800 mil del valor del departamento). En uno de los casos, un hombre llegó a entregar cheques al portador y un BMW X6 por dos departamentos (uno, valuado en 800 mil pesos).
Mayoritariamente, las personas interesadas eran mujeres que habían considerado atractiva la zona después de consultar avisos publicitarios y corredores inmobiliarios.
Una de las damnificadas declaró que Báez (h) se presentó como propietario y constructor de Altos del Cerro. Convencida de la compra, le pagó 998 mil pesos a cambio de que le fuera entregado en marzo de 2017. Otra mujer acordó con él la compra por 82 mil dólares. Concurrió a Norte Construcciones y le pagó 12 mil dólares en concepto de “seña”. A pesar de que Báez había sido notificado de la orden municipal de demolición, emitió un comprobante de pago por el trato y nunca le reintegró la seña.
Con la idea de mudarse de Chaco a Córdoba para estar cerca de sus hijas, una mujer vendió su casa en aquella provincia y le transfirió a Báez 120 mil pesos como “seña” del total de 86 mil dólares. Cerraron la operación en un banco del Cerro, de donde el empresario salió caminando, llamativamente, con los 1,6 millones en una improvisada caja de cartón repleta de fajos.
La mujer no pudo mudarse –solo dejó sus muebles– porque el departamento presentaba fallas y malas terminaciones.
Siempre bajo la misma modalidad y con Báez como actor central, según la investigación, otros cuatro damnificados abonaron importantes sumas en dólares: 73 mil, 74 mil, 85 mil y 90 mil dólares. Uno de ellos, una arquitecta, lamentó el dinero que perdió con su pareja: “La plata la sacamos de ahorros de mi novio, de vender un auto cero kilómetros que se acababa de comprar y de los ahorros de toda mi vida, más el seguro de vida de mi papá que acababa de fallecer”.
Lucas Báez, otro de los hermanos del empresario, apuntó contra él: “Conozco que usurpó una casa en calle Saturnino Navarro. Se veía abandonada. Él se enteró de que el dueño era (…) un hombre de bajos recursos (…). Mi hermano la restauró para vivir él, luego consiguió unos socios inversores, y ahí construyó unos departamentos”, dijo.
Tras comentar que residió con él en Nueva York, donde, según señaló, Diego cometió un delito grave contra una mujer, Lucas nuevamente dirigió el dedo acusador contra él: “Allá estafó a unas 20 familias y escapó por la frontera de México. Esto parece de película, pero es así. Mi hermano siempre se dedicó a estafar gente, y mis padres lo apañan”. Diego dijo a La Voz que presentó un pedido (aún no resuelto por la Cámara) para reparar a los supuestos damnificados, aunque consideró que él no estafó a ninguno.
Las propiedades de otro difunto
La familia también quedó envuelta en otra maniobra con dos propiedades de un difunto. Entre abril de 2015 y agosto de 2016, Diego Báez, su padre y su primo Miguel Herrera habrían usurpado la casa de Guido Barbieri, periodista jubilado de La Voz, en Alta Córdoba, fallecido el 3 de abril de 2015.
Grande fue la sorpresa de la única heredera de la casa, una sobrina del reportero, cuando por casualidad pasó por la puerta –en calle Nicolás Avellaneda 1527– algunos meses después de la muerte de su tío, y vio un contenedor en la puerta y una serie de muebles que estaban siendo descartados.
Luego de algunas refacciones, el inmueble pasó de ser una casa de familia –amoblada, incluso con un piano– a la flamante “oficina” de la inmobiliaria Construcciones del Norte. Inmediatamente, la heredera de Barbieri (tenía cuatro propiedades en total) presentó una denuncia penal por usurpación ante la Fiscalía de Claudia Palacios. Pero con el paso del tiempo, la mujer también falleció.
Construcciones del Norte habría servido de “fachada” de los Báez para operaciones presuntamente defraudatorias. “Cuando se enteró mi hermano lo del periodista Barbieri, inmediatamente fue, entró, volteó la puerta de la casa e ingresó. E instantáneamente empezó a hacer reformas”, apuntó nuevamente Lucas Báez contra Diego.
“Mis padres le cubren todo. Él no puede tener nada a su nombre, mis padres hacen las veces de testaferros”, denunció. Diego –declarado en quiebra en 2020– habría acumulado una importante cantidad de costosos vehículos que exhibía, incluso ante los potenciales compradores de Altos del Cerro. En la nómina aparecen una Volkswagen Amarok, un BMW X6, un Ford Mustang GT cero kilómetros, una moto Aprilla y una moto acuática.
De los registros surgió que realizaba viajes al exterior con mucha regularidad. En su Facebook, aparece en el Coliseo de Roma (Italia), en la estación Atocha de Madrid (España), frente al Moulin Rouge de París (Francia), en un lujoso hotel de Panamá, en Varadero (Cuba), tomando sol en San Andrés, Cali y Cartagena de Indias (Colombia), en las playas de Cancún e Islas Mujeres (México) y esquiando en Las Leñas (Mendoza).
El primo de los Báez, el imputado Herrera (la Cámara en lo Criminal y Correccional de Décima Nominación le rechazó una probation, pero apeló y debe resolver el Tribunal Superior de Justicia) también disparó contra Diego por su supuesto accionar “comercial”: “Si siempre cag… a todo el mundo”. En el expediente surgió además el audio de un mecánico del empresario que lo acusó de usurpar terrenos, construir y vender para obtener dividendos.
Pero las maniobras de la familia no se habrían detenido. La madre de Diego, el propio empresario, su mellizo Ramiro y la pareja de este, Grisel Carrera, habrían tomado posesión ilegal de otra propiedad del periodista Barbieri en barrio Alto Verde.
Luego de que la Policía Fiscal encontró a Carrera ocupando esa propiedad, la mujer se presentó como la inquilina del inmueble. Sugestivamente, dijo desconocer quién era el propietario, porque su esposo se encargaba “de todo”.
Minutos más tarde, llamó la atención de los investigadores un llamado de Carrera a su cuñado Diego, cuya línea estaba intervenida: “Vinieron los de Policía Fiscal (…) y me preguntaron quién era yo y qué hacía en la casa. No sabía qué decirles. Entonces, les dije: ‘La verdad, estamos alquilando’”.
Con el ánimo exaltado, Báez le respondió tajante: “¡¿Qué?!: “¡Nooo!”. ¡¡¡Vos compraste, Grisel…!!!! Olvidate de eso. Ya te dije un millón de veces: vos no tenés que hablar con nadie”.
Al declarar, Ramiro dijo que no sabía por qué los impuestos en su momento llegaban a nombre del periodista, ni tampoco cómo Diego había adquirido esa casa. “Son temas que prefiero no hablar.... Las veces que lo vi a mi hermano en la cárcel nunca le pregunté ni quién es Guido Barbieri, ni cómo compró la vivienda”, fue la contestación. Sobre el edificio de Altos del Cerro, por su parte, dijo desconocer cómo su hermano lo había construido.
Pocos días antes de la detención de Diego, su primo Herrera le comentó por teléfono que la Policía había hablado con él. “Me andan buscando estos culiados”, respondió Diego, quien le comentó que investigadores habían ido al edificio del Cerro: “Me andan buscando estos culiados. Hace rato me quieren dar vuelta la casa para ver si me encuentran algo. Estoy viviendo en la casa de un ‘coso’ (sic) por si llega a estar mi teléfono pinchado...”.
En su perfil de Facebook, el presunto líder de la banda se muestra con amigos, celebrando con champagne o en las playas del Caribe. “Si no vas por todo, ¿a qué vas? Si te da miedo, hazlo con miedo. A disfrutar”, sentencia en sus posteos, rodeado de sus vehículos.
“Feliz. Vivir la vida a mi manera”, asegura en otro, en medio de otras máximas tomadas del perfil “Mentes millonarias”, de la misma red social: “Si tus sueños no te asustan, es porque son demasiado pequeños”; “No permanezcas en la cama a menos de que ganes dinero desde ella”.
Entre otras, posteó una foto de Leonardo DiCaprio en la película El Lobo de Wall Sreet, en la que encarnó al famoso excorredor de bolsa Jordan Belfort, condenado por lavado de activos y fraude bursátil. En letras grandes, el axioma que acompaña la imagen de DiCaprio a carcajadas dice: “Ellos creen que van a hacerse ricos trabajando de 8 a 5”.
