Los últimos momentos de la ostentosa vida de los hermanos Ariel Hernán (49) y Juan Pablo Márquez (51) se vieron opacados al terminar igualados al resto de la población carcelaria de Bouwer. Fueron muchos años de crecimiento económico, desde ser unos modestos socios de una firma de venta de autoplanes de ahorro, hasta la titularidad de una constructora que sembró en Córdoba y muchas provincias argentinas el sueño de la casa propia, en buena parte de los casos sin la contraprestación de hacer las viviendas.
El fiscal de Delitos Complejos del Primer Turno de la ciudad de Córdoba, Enrique Gavier, puso fin a una situación que colapsó cuando se hizo ostensible el incumplimiento de los compromisos contractuales y comenzaron a llover las denuncias de clientes que, en su mayoría, “pagaron todo” y “no vieron un ladrillo”. A la ola de reclamos en Defensa del Consumidor y en sede civil de la Justicia, se sucedieron las denuncias penales que comenzaron a llegar al funcionario judicial.
El pasado viernes Gavier cumplió con lo que sonaba inexorable: los allanamientos y las detenciones de ambos conductores de Márquez y Asociados, más otros dos hermanos con menores responsabilidades –Matías y Lucas– y el contador Ramiro “Capi” Nieva, que sería clave en el giro comercial de la empresa.
Los cinco detenidos están acusados como miembros de una “asociación ilícita” y por “estafas reiteradas”. Al menos Ariel y Juan Pablo serían los jefes de esa supuesta banda delictiva.
Aquellos comienzos
El comienzo de estos dos hermanos Márquez se remonta (al menos) a su participación en el Grupo Red, una empresa que vendía planes de ahorro de motovehículos y que con el correr del tiempo también tuvo un descalce entre el ingreso de dinero y los vehículos entregados. Estuvieron en la firma y hasta llegaron a ser gerentes, pero luego se fueron por una pelea con el titular.
La firma que tenía al frente a Juan Santiago Caballero cometió más de 70 estafas entre fines de 2013 y comienzos de 2019. Con él, cayeron 23 personas que hoy están a disposición de la fiscal Daniel Maluf, que los tiene imputados (también) por “asociación ilícita” y “estafas reiteradas”.
Pero los Márquez se habrían ido antes y no tuvieron problemas con la Justicia. A pesar de que poco antes se habían asociado con Caballero. El Boletín Oficial de la Nación del 4 de diciembre de 2012 muestra la constitución de Red Plan, la firma que tiene como socios a Caballero, a Ariel y Pablo Márquez, además de a otros tres miembros. La razón social se llamaba “Red Plan SA de capitalización y ahorro para fines determinados”, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los fines societarios, se menciona en la publicación oficial: “La sociedad tendrá por objeto único y exclusivo por sí o por terceros o asociada a terceros la organización, implementación y administración de planes de capitalización y ahorro que fiscaliza la Inspección General de Justicia”. Luego añade que “la sociedad desarrollará actividades que impliquen requerimientos de dinero del público para los fines precedentemente citados, previa autorización de la Inspección General de Justicia y aprobación por parte de la misma de las bases técnicas, modelos de contratos y demás elementos referentes a los planes a practicar”.
Cuando a comienzos de esta década la Justicia cayó sobre Grupo Red, los dos hermanos Márquez ya no estaban en esa firma, que tuvo sede en la “subida” de Sagrada Familia, en el oeste de la ciudad de Córdoba, y terminó en un gigantesco local en el cruce de esa avenida y Colón. Algunos –como el abogado denunciante Nicolás Clapier– sostienen que ambos se fueron antes de que comenzaran las estafas, pero que en ese lugar los hermanos aprendieron el mecanismo de sacar dinero a través de una forma simulada de planes de capitalización y de ahorro.
“La idea era no entregar los autos, vender en forma masiva y después dilatar lo más posible hasta que la gente se cansaba de reclamar y se retiraban o les devolvían el 60 por ciento nominal del dinero que pusieron”, sostiene Clapier, al explicar el mecanismo del grupo Red que comandaba Caballero.
Método refinado
El mismo abogado aporta su enfoque sobre lo que parece coincidir con lo indicado por sus colegas sobre la “forma comisiva” en decenas de denuncias. Los Márquez, ya solos, habrían transitado por una primera experiencia de venta de autos en la misma Sagrada Familia, pero del otro lado del río, en barrio Urca. Finalmente, comenzaron a llamarse Márquez y Asociados y los planes de ahorro empezaron a extenderse para la construcción de casas.
Clapier sostiene que comenzaron “a vender la construcción de viviendas con un plan de ahorro previo”. Añade que se indicaba que se iba ahorrando para hacer el acopio de materiales y que al llegar al 70 por ciento del monto total “podían instar la programación de iniciación de obra” y comenzar a dilatar la construcción y la entrega. “Con esto, generaban recursos para después invertir en otros negocios”, como se viene mencionando en las últimas publicaciones de La Voz. Diversificaron su actividad con otras firmas –una de agronegocios, una de salud, el emprendimiento “4 Elementos”, para vender el lote, dos inmobiliarias y otras iniciativas para decoración, provisión de electrodomésticos y servicios para aprestar los terrenos y preparar la obra.
Clapier es crítico en relación con el movimiento de los Márquez, porque sostiene que vendían “muy barato” el metro cuadrado cubierto (a la mitad o menos), a lo que había que agregar los altos costos de funcionamiento de la empresa. Tenían un costo operativo muy elevado en relación con el precio de venta de las viviendas, señala el letrado.
Con esto último, se refiere no sólo a la diversificación empresarial sino a las altas inversiones que se realizaron en marketing y en publicidad, con anuncios en estática de partidos de la Primera División televisados o anuncios en la televisión porteña. Lo mismo hicieron en otras provincias con avisos locales, con lo cual “inundaron” de ventas numerosas localidades del interior de Córdoba y de Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, La Rioja y hasta Neuquén, entre otros sitios.
Además de diversificar sus actividades, el dinero recaudado habría servido de fuente para otras “inversiones” alejadas de la construcción de viviendas: entre los bienes que acreditan los Márquez, se encuentra un club de polo en Villa Allende, un hotel en Miami y varias socieades off shore.
Patear para adelante
También, según este abogado, en coincidencia con varios denunciantes, se puso en práctica la vieja idea de dilatar y dilatar las entregas, con mayor perfeccionamiento a lo que hacían los precursores de grupo Red. En el caso de las viviendas de Márquez y Asociados, comenzaban por fijar una reunión (para meses más adelante) para programar la obra. Luego de esa reunión, se programaba el inicio, con lo que se ganaban varios meses más.
La dilación también se generaba con las exigencias a los clientes para “ponerse a tono”; si no, no comenzaba la obra o se rescindía el contrato. Los Márquez también “sugerían” servicios o proveedores relacionados con ellos, porque eran “mejores” para cumplir con las exigencias: agrimensores, nivelación de terreno, baños químicos y toda una serie de “requisitos” para poder empezar.
Los contratos eran modificados en varias oportunidades con la inclusión de adendas que cambiaban las condiciones originales. Con tal de que la obra empezara, muchos firmaron. Lo más llamativo era la inclusión de una cláusula que les impedía a los clientes hablar mal de Márquez, a riesgo de rescindir el contrato.
Si el contrato era rescindido por los particulares, les devolvían un 40 por ciento del monto nominal, en cuotas y con cheques.
Los que siguieron confiando, se quedaron “sin un ladrillo” colocado y con el perjuicio extra de no poder disponer de su terreno, porque el contrato se lo impedía.
De esta manera se fue generando una bola de nieve de “incumplimientos” que tal vez ni los Márquez hayan previsto. Año a año fueron acumulándose casas sin entregar.
Hoy, con todo en ruinas, queda un tendal de miles de reclamos que nadie consigue calcular. En varias provincias argentinas llaman a los abogados cordobeses que acumulan denuncias por decenas o cientos, según el caso.
