El modus operandi del contador habría sido casi calcado. La utilización de su empleada doméstica y de indigentes con problemas de alcoholismo, para que obtuvieran su clave fiscal, emitir facturas a nombre de ellos y así poder disimular la real situación del profesional ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Las sospechas recayeron sobre el bahiense Matías Emanuel Iturria (30), que a fines de este mes afrontará un juicio ante el Tribunal Oral Federal N°1 como presunto autor del delito de alteración dolosa de registros de un contribuyente. No es la única causa que pesa sobre el expresidente de la Juventud del PRO de Villa María. También está doblemente procesado en otros dos casos, en los que se habría valido de indigentes y hasta de su propia mucama para llevar adelante las maniobras en colaboración con otros imputados.
Iturria aparece como socio de IH y Asociados SA, una sociedad que tiene como fin realizar (por cuenta propia y/o de terceros) la construcción de todo tipo de obras, refacciones, el transporte nacional o internacional de cargas, la compraventa y administración de bienes inmuebles, operaciones financieras, entre muchas otras actividades, según consta en el Boletín Oficial.
Alteración de datos
El contador quedó en el ojo de sospecha judicial luego de presuntamente alterar datos ante la Afip. Así, entre el 20 de febrero de 2018 y el día siguiente, habría modificado de forma dolosa el registro informático del fisco nacional relativo al denunciante para disimular su real situación fiscal.
La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, pudo establecer que consumó la maniobra al utilizar la clave fiscal del damnificado para actualizar su domicilio y darle de baja del Monotributo. Pero no habría sido la única finalidad, sino que lo habría dado de alta en el impuesto del IVA, Ganancias y Bienes Personales. Seis días después, Iturria habría cambiado sus actividades económicas.
La fiscal consideró que modificó el registro relativo a las obligaciones tributarias del damnificado porque una vez que fueron identificadas las IP a través de las que se perpetraron las maniobras, la empresa prestataria del servicio de internet indicó que el usuario de ellas fue Iturria.
El informe de Nosis (compañía que brinda información de antecedentes comerciales) y el enviado por la Afip a la Fiscalía permitieron comprobar la denuncia, ya que se observaron las modificaciones mencionadas por el denunciante respecto a su domicilio, actividades y empresas con las que se lo involucró y la existencia de facturas emitidas a su nombre, que desconoció ante la Justicia.
De este modo, Iturria llegará al banquillo de los acusados imputado por alteración dolosa de registros.
Otras maniobras similares
El presunto historial delictivo de Iturria no se agota en esa sola causa. También está sospechado por hechos similares en otros dos expedientes federales. Para la fiscal Schianni, las “idénticas” maniobras que se le endilgan le permitieron inferir que trazó “un modus operandi ilícito en su profesión”.
La causa que quizás causó mayor impacto fue la que nació en 2016 en contra del dueño de un frigorífico, Tomás Lingua (31), de la localidad de Villa Nueva, e Iturria.
En agosto de 2016, Lingua habría abusado de las incapacidades de un hombre alcohólico y en situación de calle. A cambio de dos mil pesos, acompañó al indigente hasta la Afip de Villa María para que sacara su clave fiscal.
Le habría hecho firmar los documentos para la inscripción tributaria. Sin embargo, Lingua habría entregado la clave a Iturria para modificar los registros y así disimular la real situación fiscal de otros contribuyentes. Habría llevado a cabo los cambios ante la web de la Afip a través de tres direcciones de IP.
Debido a las maniobras, el indigente, incluso, dejó de percibir los fondos de la Asignación por Hijo por un valor de 73.648 pesos (tiene ocho hijos a su cargo, ya que es viudo).
Quizás la situación que mayor causó conmoción en la Justicia federal local fue la de otro hombre (49) en situación de calle. También alcohólico, habría sido llevado por Lingua, el mismo día que el indigente anterior, ante la Afip tras darle unos 800 pesos.
Lingua habría repetido la misma modalidad: gestionar la clave fiscal para que Iturria y un tercer sospechoso presuntamente alteraran los datos del segundo indigente con el fin de disimular la situación de otros contribuyentes.
Ambos habrían dado de alta a la víctima ante Ganancias, IVA y Bienes Personales para el rubro reparación y mantenimiento de maquinarias en general y en actividades especializadas de construcción, y habrían emitido 20 facturas a nombre del hombre.
La particularidad es que el damnificado sufrió un perjuicio patrimonial, equivalente al monto que habría dejado de percibir la Asignación por Hijo, agravado agravando más aún su situación económica.
Su sufrida vida terminó en tragedia cuando lo encontraron asesinado en una fosa de un viejo molino, por lo que fue detenido un joven de 14 años, en una causa instruida, de forma paralela por la Justicia provincial, y sin ninguna conexión con el caso federal, como reflejaron El Diario y La Voz.
La fiscal Schianni imputó a Lingua, Iturria y al tercer sospechoso, una especie de “colaborador” de los otros. Sin embargo, el juez federal Roque Rebak sobreseyó a este último por inimputable, debido a que nunca comprendió si dirigió sus acciones para cometer el delito.
No obstante, la fiscal apuntó contra Iturria y a Lingua ya que la empresa de internet concluyó que las maniobras las habrían realizado ellos como usuarios de varias IP. Finalmente, en abril de este año, el juez procesó a ambos (sin prisión preventiva) por alteración dolosa de registros (a Iturria como autor y a Lingua como partícipe necesario) y los embargó por 500 mil pesos a cada uno.
La historia de la mucama
Por su parte, la tercera causa por la que Iturria fue procesado -en marzo de 2020- arrojó sospechas sobre su figura y la de Sebastián “Seba” o “Chata” Enrique Dalinger, un comerciante santafesino radicado en Villa María.
La exempleada doméstica de Iturria lo denunció por irregularidades luego de que su nueva empleadora le realizara la liquidación del sueldo desde la web de la Afip, en noviembre de 2018. Surgió que su Cuit estaba “limitado”, por lo que en el fisco le aconsejaron que presentara una denuncia.
La mujer dijo que dos años antes –en 2016– había tramitado ella misma la inscripción por pedido de Iturria para quien trabajaba por entonces. Contó que el contador le entregó todas las constancias emitidas por la Afip, luego de gestionar la inscripción, y que era el único que conocía su clave fiscal, porque ella no la recordaba. Declaró que nunca realizó ninguna modificación ni gestión en el fisco, con lo que Iturria y Dalinger fueron imputados por alteración dolosa de los registros.
El contador habría actualizado los domicilios y actividades económicas de la mujer por servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario y de publicidad, reparación y mantenimiento de equipos, rubros ajenos al de ella. Y habría generado el alta en impuestos sobre Bienes Personales, Ganancias e IVA.
Dalinger, por su lado, habría modificado alterado el informático del fisco de la mujer –siempre sobre la misma base endilgada a Iturria: disimular su real situación fiscal- actualizando las actividades económicas de ella: venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores, de cereales, oleaginosas y forrajeras excepto semillas, comercialización al por mayor de alimentos balanceados para animales y de artículos de ferretería y materiales eléctricos.
Entre ambos, habrían emitido (mayoritariamente Iturria) facturas a diversas personas y empresas haciéndose pasar por la denunciante por poco más de 841 mil pesos. El juez los procesó por siete hechos de alteración dolosa de registros (cinco de Iturria y uno de Dalinger).
En la causa también aparece imputado el “colaborador”, sobreseído por inimputable en la causa anterior, por un hecho de alteración de datos de facturas por 959.388 pesos. Pero también fue sobreseído en este expediente.
