“A medida que se aleja de la conducción del Poder Judicial, la Justicia se parece más a lo que era el Lejano Oeste”, suele decir, palabras más palabras menos, un reconocido catedrático cordobés. Algunos de los que están siguiendo la investigación en Catamarca de las denuncias de estafa piramidal de la financiera Adhemar Capital SRL no consiguen enmarcar dentro de los cánones habituales algunos de los procedimientos que se están poniendo en práctica.
La semana que pasó sorprendió a todos la determinación que tomó el juez federal local Miguel Ángel Contreras, quien permitió que el titular de la firma, Edgar Adhemar Bacchiani, fuera llevado a su casa por el lapso de 72 horas para demostrar en ese ámbito que sus cuentas tienen fondos y que puede afrontar los pagos de cientos de ahorristas defraudados por unos 40 millones de dólares.
La novedad se conoció a través de todos los medios catamarqueños que siguen el movimiento de la causa “al instante”, como si fuera un reality judicial, al punto que las órdenes de detención fueron divulgadas por los medios antes de ejecutarse. Bacchiani sabía que iban a detenerlo cuando llegaron a su casa, con todo lo que eso significa.
La sorpresa de un allanamiento también es fundamental a la hora de obtener resultados. Muchas veces, el dato se ha filtrado con el riesgo de que el investigado pueda ocultar prueba. Acaso por ese motivo, cuando la fiscal de Delitos Complejos de Córdoba Valeria Rissi tuvo posibilidad de ejecutar sus órdenes, siguió adelante con su allanamiento a los objetivos de Bacchiani. Entre otras cosas, los comisionados se encontraron con varios celulares guardados en una caja fuerte.
Bacchiani es investigado por el fuero federal de Catamarca por los cientos de denuncias de esa provincia y de Tucumán, que cedió las actuaciones a Contreras. Pero, en Córdoba, al menos 18 delitos de estafa son retenidos por Rissi, quien ya ha recibido más de 100 denuncias.
Preso pero en casa
La medida de “mejor proveer” dispuesta por Contreras no termina de definirse si se trata de una prisión domiciliaria o de “otra cosa”, porque no se explicita si va a la casa por las habituales razones de salud, edad, por tener hijos pequeños a cargo o por otra razón atendible.
Sólo se conoce a través de los medios que el juez le otorgó a comienzos de la semana 72 horas para demostrar solvencia en sus cuentas, acompañado por peritos informáticos y expertos que vigilan y comprueban si su voluntad de pago tiene correlación en los números.
Mientras a muchos extraña que a un acusado de estafa le crean sus promesas, otros comienzan a temer lo que puede hacer un imputado de habilidades reconocidas con la “libertad” de moverse en su computadora en su casa. Por un lado está el temor de que mueva dinero y se pierda definitivamente o que intervenga sobre lo que puede ser prueba para la causa.
Cuando la semana judicial llegaba a su fin, el viernes, el juez Contreras declaró a la prensa que el trámite de comprobación marchaba bien y que no se planteaba plazos de pago. Horas antes, los allegados a Bacchiani habían vuelto a mencionar el plazo de “entre 120 y 150 días” para “pagar a todos”.
Sin explicaciones
Para saber oficialmente qué es lo que se está actuando, no por la prensa, la fiscal Rissi envió un oficio al Juzgado Federal de Catamarca para que le explicaran qué tipo de medida habían tomado, teniendo en cuenta que ella tiene dictada la detención de Bacchiani.
Además, se solicitó, ante lo que se conoce por la prensa, que si se ingresa a las cuentas de Bacchiani se arbitren los medios para que se registren fílmicamente esas operaciones. Ya que no se le dio participación, se presume que la fiscal pretende que se grabe lo que hicieron.
Desde la fiscalía de Rissi esperaron durante la semana la respuesta al oficio, sin siquiera tener un acuse de recibo. Sólo una comunicación telefónica admitió que lo habían recibido, pero nunca respondieron formalmente. Apenas si le dijeron que se trataba de una “medida de traslado” para la “determinación de activos”, algo que cuesta encontrar en los manuales de procedimiento.
Al vencerse el plazo de 72 horas, se requirió información sobre el resultado de la medida o si había sido prorrogada, pero no se obtuvo respuesta hasta el final de la semana.
Preguntas
Lo llamativo es que a Bacchiani lo llevaron a su casa luego de haber dispuesto todo en el penal de Catamarca para que, desde allí, pudiera ingresar a sus cuentas. Después de todo, la consulta y el movimiento de esos sitios no son demasiado diferentes al ingreso a un home banking de cualquier particular. Por otra parte, los expertos informáticos de Gendarmería y de la Policía Judicial podían actuar sin problemas en el ámbito penitenciario.
Haber cedido a las pretensiones del “God Trader” puede sentar un extraño precedente para quienes están procesados por este tipo de delitos. Surge una primera pregunta: si tenía el dinero y en su momento no pagó, ¿no demuestra que no tenía intención de pagar?
Otra pregunta surge luego de que Bacchiani fue llevado a su casa: ¿no había dicho que no podía pagar porque desde la Justicia de Córdoba se habían llevado las computadoras?
Otro interrogante cuestiona los porqués del traslado: para acceder a una cuenta electrónica, ¿es necesario trasladarse geográficamente?
La detención domiciliaria sui generis sigue generando preguntas: ¿quién controla que el imputado no haga transferencias a terceros, oculte el dinero o guarde sus criptomonedas en una billetera virtual? ¿Por qué puede resolver los contratiempos financieros en su casa y no en otro lado?
Mientras siguen flotando esos interrogantes, el juez Contreras declaró: “No hemos tomado ninguna determinación con respecto al plazo de los pagos, simplemente estamos averiguando la existencia de activos. Cuando eso ocurra, recién tomaremos otro tipo de medidas”.
