La semana pasada finalizó el juicio a los responsables de la estafa con la venta indebida de terrenos en Cuesta Blanca, a cargo de tres empresarios inmobiliarios y un escribano público. Hubo aproximadamente tres decenas de hechos por esta maniobra y en este debate oral se afirmó la tendencia actual que viene imponiendo el fiscal de la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, Gustavo Arocena, por la cual se reducen penas de prisión a cambio de un resarcimiento total y actualizado a las víctimas del perjuicio.
Lo que se conoció horas después de la sentencia es que el tribunal presidido por el vocal Mario Centeno (junto a sus pares Juan José Rojas Moresi y Mario Capdevila), entre los puntos de la resolución, realizó una convocatoria a quienes adquirieron terrenos de buena fe y con escritura a la firma inmobiliaria de esa localidad, Cuesta Blanca SA, y no estaban al tanto de la realización del juicio.
Arocena acordó con los condenados que conformaran un monto de casi 5,5 millones de pesos a valores actualizados y que resulte suficiente para reparar “integralmente” a las víctimas de la estafa.
Ahora, los vocales de la Cámara 10ª quieren encontrar a todos esos damnificados, algunos de los cuales no están siquiera enterados de esta novedosa resolución del proceso penal que puede beneficiarlos.
Estafas: la sentencia
El juicio finalizó la semana anterior luego de varias audiencias y analizó el requerimiento del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, quien investigó el caso de falsedades ideológicas y “estafas reiteradas por estelionato” a partir de la venta indebida de terrenos en Cuesta Blanca, localidad serrana situada en el extremo sur del valle de Punilla.
Con la acusación llevada adelante en el juicio por el fiscal de Cámara Gustavo Arocena, fueron condenados a penas de prisión en suspenso Luis Gustavo Cabido -expresidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba- y los socios de la empresa inmobiliaria local, Aldo Kukanja, Alberto José Somoza (juez provincial jubilado y exfiscal General adjunto) y Osvaldo Alberto Barrera.
Luego de los acuerdos arribados entre defensores y Arocena, los acusados Cabido, Kukanja y Somoza recibieron penas de tres años de prisión en suspenso, mientras que Barrera fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional.
A su vez, el escribano Cabido también fue inhabilitado para ejercer la profesión durante tres años.
Según se comprobó en el debate, los acusados vendieron terrenos que no eran propios, por eso la calificación de “estafas reiteradas por estelionato”. Esas porciones de tierra habían pertenecido en su momento a la firma Cuesta Blanca SA, pero a raíz de deudas contraídas, un remate municipal las adjudicó a otros propietarios. Luego de eso, a sabiendas, los inmobiliarios y el escribano -según se determinó en juicio- vendieron los terrenos que ya no les pertenecían.
Convocatoria a damnificados
En la parte resolutiva de la sentencia de la Cámara 10ª del Crimen, el punto 3, sostiene: “En virtud de lo resuelto, el tribunal ha solicitado que las personas damnificadas por los sucesos, esto es, que hayan adquirido de buena fe y por escritura, lotes que hayan pertenecido a la firma Cuesta Blanca SA en el período comprendido entre los años 2007 y 2010, comparezcan o se comuniquen a la cámara”.
Para esto, deben llamar al teléfono de Tribunales (0351) 426-6800, marcar el interno 15187 que pertenece a una secretaría de esta cámara. Una vez en contacto, las personas serán notificadas de la sentencia y del “acuerdo reparador celebrado entre el Ministerio Público Fiscal y los defensores” de los acusados.
Arocena sostuvo en su momento a La Voz que con este acuerdo se logró “la reparación total, integral y actualizada del perjuicio” ocasionado a las víctimas, que terminó en $ 5.479.573. Los condenados depositaron ese monto a una cuenta a nombre del tribunal, que ahora dispone de ese dinero para resarcir a todos los damnificados que se presenten acreditando haber comprado esas tierras de buena fe y con escritura.
