Mientras el dolor, la conmoción y los interrogantes se extienden en torno al brutal asesinato de Susana Beatriz Montoya (74), ultimada en su domicilio del barrio Ampliación Poeta Lugones, de Córdoba capital, los cuerpos de pesquisas de la Justicia y de la Policía provincial trabajan sin freno para esclarecer el crimen.
En las últimas horas, se conoció que la jubilada y madre de tres hijos (viven dos) fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente y fue blanco de una asfixia mecánica por estrangulación, según el informe preliminar de la autopsia. Tras ser asesinada, le clavaron un cuchillo.
No está claro cuándo fue asesinada, y eso es central.
Hay una ventana horaria entre el jueves 1° al mediodía, cuando la víctima llegó presuntamente sola de una consulta con su médico y su hijo Fernando Albareda habló con ella, y el viernes a la tarde, cuando aquel la encontró asesinada ya en el patio de la casa. El hombre dijo que, como no sabía nada de ella, fue a ver qué pasaba y que se asomó por una tapia.
Si bien desde la fiscalía, a cargo de Juan Pablo Klinger, insisten en que no se descarta ninguna hipótesis en torno al asesinato, voceros de la causa señalaron que se está haciendo un trabajo de pesquisa (como tantas veces ya ha pasado) desde las personas más cercanas a la víctima hacia el exterior. Dicho de otra manera: se trabaja desde el círculo íntimo hacia el externo. No hay imputados.
Hay puntos llamativos que apuntalan esta sospecha: no hay aberturas forzadas en la casa y la víctima le habría franqueado el ingreso a quien se convirtió en su atacante. Esto hace suponer que lo conocía.
Las opiniones sobre si fue un solo asesino o más están repartidas.
La puerta de calle quedó cerrada y la de reja, sin llave. El televisor y la radio quedaron prendidos.
En principio, no han surgido vecinos que hubieran visto u oído a una banda de personas ingresando a la casa o yéndose a las corridas, como en otros hechos.
No se oyeron gritos, ni ruidos, ni frenadas, ni motores acelerando en escape. El o los agresores sabían que la mujer estaba sola.
Hay un dato central: la mujer estaba por cobrar una millonaria suma de dinero como parte de una reparación histórica por lo sucedido con su esposo, el exsubcomisario Ricardo Fermín Albareda, quien fue secuestrado y desaparecido por miembros de la D-2 de la Policía en 1979.
Varias personas del entorno de la víctima tenían conocimiento sobre ese dinero que iba a ser cobrado y repartido entre la familia.
Hay otro punto que los pesquisas analizan: la mecánica del crimen.
Al analizar el cuadro, fuentes del caso remarcan que todo indica que la víctima fue asesinada en “un arranque de furia subrepticio”.
Quienes fueron a atacarla no llevaban armas de fuego, ni precintos, ni otros elementos de esa clase. La escena del crimen da cuenta de un ataque homicida cometido “con lo que se encontró a mano”.
En las últimas horas, grupos técnicos de Policía Judicial hicieron un trabajo de “barrido” de la casa en búsqueda de huellas y rastros.
Albareda, querellante
Fernando Albareda, militante de la agrupación Hijos y funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, insiste en que fueron miembros de la Policía quienes cometieron el brutal asesinato y en que luego dejaron una pintada amenazante en una pared de la casa.
En un muro interno, se podía leer: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”.
El hijo de la víctima insiste en que el asesinato estuvo vinculado con los discursos de odio.
Organismos de Derechos Humanos, por su parte, exigieron la protección efectiva de la familia Albareda.
La casa donde sucedió todo tiene custodia. A pedido de la familia, un policía impide que se tomen fotos o registros fílmicos de la fachada.
Albareda se convirtió en parte querellante en la causa.
Con el asesoramiento del abogado Claudio Juárez Centeno, insiste en que se investigue la pista policial. El letrado le dijo a La Voz que, si bien no descarta ninguna hipótesis, la más fuerte por la que se vuelca es que se trató de un crimen de odio y que hay que tener en cuenta las amenazas que aparecieron escritas en la pared.
Detrás de ese reclamo, se encolumnan varias organizaciones de derechos humanos de Córdoba y del país, además de varios sindicatos.
De todos modos, según trascendió, hay otros miembros de la misma familia que no terminan de sustentar la hipótesis de un crimen policial.
En medio de todo, numerosas personas asistieron al sepelio.
Planteamiento de la familia
Si bien se esperaba que la autopsia ayudara a esclarecer el día y el horario del deceso, hasta el momento las conclusiones preliminares no lo hicieron, según insisten desde la familia. El abogado querellante Juárez Centeno dijo que va a solicitar la intervención de un perito de parte.
El letrado reconoció que “no está conforme” con el informe preliminar de la autopsia. En ese sentido, desde el entorno familiar de los Albareda, se señala que lo que trascendió de la autopsia “da como motivo de muerte dos causas contradictorias”.
Se pidió un informe definitivo que diera precisiones en torno a la mecánica del homicidio.
Investigación compleja
Susana Montoya vivía con su hijo Ricardo, quien se encuentra separado de su esposa. Durante las horas en las que se habría producido el asesinato, él se encontraba en la casa de su ex, con sus hijos, en Villa Carlos Paz, según fuentes de la familia.
El otro hijo, Fernando, solía acompañar a su madre al médico.
La relación entre ellos se habría resentido durante años y se interrumpió el diálogo, pero últimamente habían recuperado el vínculo, de acuerdo con los relatos de familiares.
La hija de Susana, en tanto, falleció años atrás.
En círculos de la pesquisa, a nadie le pasa por alto que quien entró a la casa sabía que la mujer estaba sola.
Sobre las hipótesis del crimen, el abogado de Albareda fue contundente: “No se puede descartar ninguna hipótesis. Se debe investigar todo, pero contamos con una sucesión de amenazas y de ataques que ponen de relieve la posibilidad de que, detrás de este crimen, exista un posible mensaje mafioso, incluso que pueda estar orientado hacia la política del propio gobernador Martín Llaryora, además de las reivindicaciones que siempre mantuvo la familia”.
La familia tiene previsto solicitar una audiencia con el mandatario.
También hubo una reunión reciente entre el abogado con funcionarios judiciales en Tribunales federales. Está pendiente la solicitud de una reunión de familiares con autoridades de la Fiscalía General.
Organismos de derechos humanos convocaron a una concentración para exigir justicia. La cita está planteada para este jueves a las 18 frente a Tribunales I, en calle Caseros al 550.
“El presente crimen se da en contextos de avances del negacionismo, vulneración de derechos humanos, reivindicación, por parte de miembros del Gobierno nacional, de los crímenes de la dictadura y reclamos de eventuales indultos para genocidas”, expresaron en la convocatoria.
