El nombre de Pedro Osmar Lovaiza resonó con fuerza hace 10 años en Córdoba luego de que la Justicia descubriera una habitación llena de drogas, oculta debajo de un taller mecánico de barrio Cupani que funcionaba como “fachada”.
El allanamiento ordenado en septiembre de 2012 por el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro, terminó con el secuestro de 35 kilos de cocaína, 655 kilos de reductores, 19 kilos de cafeína y otros elementos químicos. El golpe fue millonario.
“Si usted ingresaba al local era un taller, nada más que eso. Pero si se introducía en la fosa, había una puerta que daba a una habitación repleta de droga y que incluso contaba con una máquina para empaquetar el estupefaciente y envolverlo con cinta de acetato”, explicó Liliana Navarro, la por entonces secretaria penal (actualmente camarista) de Bustos Fierro.
Si bien el taller estaba bajo el control de Mario Rodolfo Galfrascoli, “la Rata” Lovaiza quedó sindicado como el líder de la organización proveedora de pasta base, sustancias de corte y precursores a gran parte de las “cocinas” de cocaína que funcionaban en la ciudad de Córdoba.
En 2018, Lovaiza fue condenado a 13 años de prisión por almacenamiento de estupefacientes y materias primas para su producción, ya que se unificó con una pena anterior, también impuesta por el Tribunal Oral N° 1. Ya arrastraba un largo historial delictivo por robos (en 2007 y 2009) y drogas.
Galfrascoli recibió cinco años por almacenamiento de estupefacientes y materias primas.
Por qué vuelve a ser noticia
A una década de aquel operativo, Lovaiza vuelve a ser noticia a casi dos años de su fallecimiento, cuadno tenía 50 años. Mientras purgaba prisión domiciliaria en su casa en barrio Alto Alberdi (Córdoba), falleció el 2 de febrero de 2021 tras dejar la cárcel de Villa María, donde estuvo alojado desde julio de 2018 a diciembre de 2020 (posteriormente fue sobreseído por fallecimiento).
La delegada de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Rossana Gauna, denunció que la muerte se produjo como consecuencia o –a causa– de una inadecuada atención médica por parte del Servicio Penitenciario de Córdoba durante el tiempo que el interno estuvo en calidad de detenido.
Según el informe del asesor médico de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el narco falleció “por un cáncer testicular avanzado, no diagnosticado a tiempo en el Establecimiento Penitenciario Nº 5 de Villa María”.
“El detenido, en 2019 aproximadamente, nota un agrandamiento testicular, consulta varias veces al servicio médico donde le dicen que es una hernia sin complicaciones. No le realizan ningún estudio ecográfico para tratar la patología. Lovaiza, con el correr de los meses, comienza con un dolor en la zona testicular además de continuar con el agrandamiento testicular. Vuelve a consultar y lo tratan con analgésicos, reiterando que el diagnóstico es una hernia”, señala el informe.
Bajo la tutela de su concubina, Rita Soledad Tapia, Lovaiza fue diagnosticado de cáncer testicular en enero de 2021 en el Hospital Córdoba. Sin embargo, a los pocos días murió.
La denuncia penal recayó en la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni. Hasta el momento, no hay personas imputadas.
La instructora había dispuesto que la Procuración Penitenciaria analizara los antecedentes médicos de Lovaiza (estudios y las entrevistas que mantuvo con la esposa del interno) para valorarlo en conjunto con el resto de la prueba.
Pero el juez Roque Rebak rechazó a la Procuración Penitenciaria como querellante, al considerar que solo podían ejercer su derecho el cónyuge, el conviviente, los padres, el hijo o los hermanos.
La Procuración apeló por entender que esa dependencia, desde la creación de la Delegación Córdoba, viene ejerciendo la protección de los derechos humanos de los detenidos federales.
Señaló que tratándose de un colectivo en especial condición de vulnerabilidad, la necesidad de impulsar investigaciones eficientes e imparciales que puedan dar cuenta de las responsabilidades estatales en la producción de muertes bajo custodia, es una responsabilidad del Estado.
Admisión de Procuración
La Sala A de la Cámara de Apelaciones –integrada por Graciela Montesi, Ignacio Vélez Funes y Eduardo Ávalos– admitió como querellante a la Procuración Penitenciaria.
Montesi mencionó que en la ley 25.875 (de creación de la Procuración Penitenciaria) se establece, entre sus facultades, la de “formular una denuncia penal o querella a su criterio, cuando tenga conocimiento de un acto, hecho u omisión presumiblemente delictivo de acción pública”.
“De tal modo –sostuvo Montesi–, su intervención como parte en el proceso no puede serle vedado frente a la posible comisión de un hecho delictivo en dicho ámbito (federal), pudiendo el incumplimiento de dicha manda acarrear responsabilidad internacional para el Estado argentino, por lo que existe, además, una situación de posible gravedad institucional”.
Su par, Ignacio Vélez Funes, sostuvo que si bien las circunstancias y la posible responsabilidad por hechos u omisiones de agentes penitenciarios habrían ocurrido dentro del ámbito carcelario del Servicio Penitenciario de Córdoba, Lovaiza estaba detenido por orden de la Justicia federal.
“Al tratarse de un preso federal, todo el personal del complejo carcelario actúa como auxiliar de la Justicia federal, con la función de velar por la seguridad e integridad física de las personas allí alojadas, a orden y disposición exclusiva de un tribunal federal”, razonó.
Se descuenta que la fiscalía reiterará el pedido para que Procuración Penitenciaria analice los antecedentes médicos de Lovaiza y así, con el conjunto probatorio, determinar las eventuales responsabilidades penales.
La causa narco
El desbaratamiento de la banda se produjo el 18 de septiembre de 2012 a partir de una denuncia anónima. El informante indicó que Lovaiza tenía en su poder una gran cantidad de estupefacientes y elementos para su elaboración guardados en el taller de calle Santa Cruz 1263, en Cupani, y que los entregaría ese día o al siguiente.
El denunciante también brindó detalles de dónde residía “La Rata” y los vehículos que utilizaba para llevar a cabo la maniobra delictiva: un Citroën C3 negro o una Toyota Hilux gris. Incluso, fue apuntado en otra causa como proveedor de estupefacientes.
Durante las tareas de vigilancia realizadas la siesta del mismo día, Lovaiza abrió el taller en dos ocasiones, retiró dos bolsas blancas y luego se encontró con dos personas, una a bordo de un Peugeot 307 y otra de un Ford Escort, con las que hizo dos “transas” (ventas). Era habitual que Lovaiza visitara el taller.
Al conductor del Escort, Ángel Marcelo Oviedo, le secuestraron del baúl una bolsa con 222 gramos de cocaína y otras sustancias.
Al filo de las 22, Bustos Fierro allanó el taller de Galfrascoli, donde tenía una oficina, un baño y un pequeño sótano. Lo utilizaba para almacenas los kilos de cocaína, reductores, sustancias químicas, balanzas y licuadoras con restos de cocaína para la producción con fines de comercialización.
Aquella noche Galfrascoli no fue detenido y estuvo prófugo durante casi cinco años hasta fue capturado cuando intentaba cruzar a Paraguay. Adujo que nunca se escondió sino que su abogado nunca lo notificó que el juez había ordenado su detención.
En la mecánica delictiva, su amigo Lovaiza se encargaba de hacer circular los estupefacientes. En 2015, “la Rata” fue condenado por comercialización, almacenamiento y tenencia simple de estupefacientes. Tenía en su casa estupefacientes de la misma calidad que los incautados en el taller.
Ya en 2018 fue sentenciado por el almacenamiento de estupefacientes y materias primas.
