Susana Beatriz Montoya, de 74 años, apareció muerta en su casa de barrio Ampliación Poeta Lugones, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.
Aunque se aguardan resultados de la autopsia, presentaba signos de haber sido víctima de una muerte violenta: un golpe en la cabeza y un corte, que podría haber sido producido por un arma blanca. Aparentemente, lo primero fue el golpe, provocado por un ladrillo o un cascote pesado.
El hermetismo en torno a esta causa es total y se explica por la enorme preocupación que hay en la Policía y en la Justicia por quién es Montoya: la mujer es la madre de Fernando Albareda, hijo del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, torturado y presuntamente asesinado en la dictadura, aún hoy desaparecido.
En una pared de su casa alguien dejó una leyenda con una amenaza mafiosa. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, contó Fernando a La Voz. Estaba escrito en rojo, presuntamente con un lápiz labial.
Albareda fue quien encontró a su mamá muerta, tirada en el patio de la casa. Fue quien avisó a la Policía y al entrar en la casa vio el desorden, sin poder identificar si faltaba algo de valor, y la pintada amenazante. “Sólo atiné a llamar a la Policía. Salté la tapia de la casa vecina y vi que estaba muerta, ya morada”, relató consternado Fernando.
El fiscal del Distrito 4, Turno 3, Juan Pablo Klinger, dirige la investigación, que no descarta ningún móvil.
Bien puede existir una motivación política, de amedrentamiento contra Albareda. O esto pudo haber sido utilizado por los autores del crimen para despistar la investigación. No habría signos de que se haya forzado alguna abertura para el ingreso en la vivienda.
Una custodia muy cercana
Vecinos del sector marcaron a La Voz un dato llamativo: a una cuadra del lugar donde fue encontrada muerta Susana Montoya había una custodia policial permanente porque allí cumple arresto domiciliario Constanza T., la mujer que resistió la restitución internacional de sus hijos a Alemania, en un conflicto con el padre alemán de los chicos.
Antecedentes de amenazas
En diciembre, Fernando Albareda sufrió amenazas. “Se te terminaron los amigos en la Policía.” “Te vamos a juntar con tu papito.” “Vas a morir.” Eso decían los mensajes, escritos en diferentes letras con fibra negra sobre hojas blancas, que aparecieron en puerta de entrada de su casa, junto a seis balas calibre 22 largo.
Aunque para poder atar los cabos Albareda aguarda el resultado de la autopsia sobre el cuerpo de su madre, se prepara para lo peor. “Yo recibo amenazas todos los meses. Nunca les dí bola. Pero ahora parece que han vuelto, que están rompiendo todos los códigos”, interpretó Fernando.
El padre de Fernando era policía y miitante del ERP. Fue secuestrado durante la última dictadura y está desaparecido. Fernando fue parte de la agrupación Hijos y es empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su cargo actual es encargado en Córdoba del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende de Derechos Humanos de la Nación y de la Organización Internacional de Migrantes (OIM). Hasta el año pasado tuvo a su cargo dar charlas sobre derechos humanos a policías en formación.
La investigación judicial por las amenazas de diciembre, caratulada como “amenazas calificadas”, quedó a cargo de la Fiscalía Distrito 4 Turno 3 de la ciudad, y no logró resultados. Ahora podría unificarse con el caso del presunto homicidio de Montoya.
“Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de a puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, recordó Albareda en una entrevista que dio al diario Página 12 cuando ocurrió este episodio, el año pasado. En ese momento relató también que convivió con aquellas intimidaciones durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro y la desaparición de su papá y, sobre todo, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos exmiembros del D2.
Un crimen de lesa humanidad
Ricardo Fermín Albareda era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del D2, epicentro de la represión ilegal en la provincia. Uniformado, fue llevado al centro clandestino conocido como “Embudo”, que funcionó a metros del Dique San Roque. El titular del D2, Raúl Telledín y miembros de la patota de ese campo de concentración Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Allí, Albareda fue salvajemente golpeado y torturado –fue castrado–. Algunos testimonios indican que murió desangrado. Su paradero aún se desconoce.
Fernando Albareda encaró la reparación del legajo policía de su papá, amparado en la ley provincial sobre reparación histórica de legajos de empleados públicos. “Es el único caso en el que la Policía reconoce un crimen de lesa humanidad”, resaltó Albareda, quien es el único querellante en toda la causa. Su madre no lo acompañó, ni su hermano ni su hermana, que se suicidó en 2021. Parte del reconocimiento es un importante resarcimiento económico por salarios caídos, que no se había cobrado aún.
En marzo de este año, como parte de las actividades por la Semana de la Memoria en Córdoba, se hizo entrega de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos en el marco de la ley 10874 en la Central de Policía, en un acto en el que participaron, entre otros, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
