“Voy a ver si me quito un par de kilos de esa gilada”. La afirmación que le hizo el conocido narcotraficante cordobés Raúl Alberto “el Tuerto Cacho” Cuello a su hija fue entendida por los investigadores como una referencia a la fabricación de cocaína o su movimiento.
La escucha surgió en una causa por presunto lavado de dinero espurio, obtenido como ganancias de la venta de drogas. Junto con su mano derecha Walter Antonio “Mandinga” Ferreyra y supuestos testaferros se habrían valido de esa plata para blanquearla mediante la compra de más de 50 vehículos y una propiedad.
En marzo, el fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, envió a juicio a Cuello, a Ferreyra y a otras 17 personas. Los defensores no se opusieron, y por estas horas, el Tribunal Oral Federal N° 1 de la misma jurisdicción confirmó que el debate comenzará en noviembre.
Los otros 17 acusados son Tamara Edith Moreno; Milagros Agustina Cuello y Claudia Alejandra “Chuchi” Cuello (hijas del “Tuerto”); Marcos Eduardo Vaca (pareja de Claudia); Valeria Soledad Rivarola; Brian Emmanuel Rodríguez; Florencia Nicole Agustina Aguilar y Aurelia Norma Pedraza (novia y madre, respectivamente, del “Tuerto”); Luis Alfredo Cuello (hermano del conocido narco); Nélida Ayelén Paola Juárez; Walter Andrés “Pelus” Aguilar (suegro del “Tuerto”); Lucas David López; Sergio Gustavo Luján; Carlos Eduardo Ávila, y José Alberto Pavón.
Las pistas y la ¿”narcoconcesionaria”?
La causa comenzó cuando Gendarmería detectó el nombre de “el Tuerto Cacho” en una serie de intervenciones telefónicas realizadas en otra investigación (sobre una banda narco). Aparentemente, habría tenido vínculo –con actividades ilegales y por lazo familiar– con los sospechosos de aquella causa, ya que una de las principales imputadas era una de sus hermanastras (por parte de la madre, Aurelia Pedraza).
Si bien los investigadores recabaron indicios que apuntaban a Cuello como líder de una banda dedicada a la producción, venta y distribución de estupefacientes (la averiguación final se dificultó por el sigilo de los sospechosos), el fiscal apuntó a la veta patrimonial (lavado) de los familiares y conocidos de “el Tuerto” y de Ferreyra.
De los seguimientos y escuchas, emergieron comunicaciones sobre operaciones inmobiliarias y de compraventa de vehículos, por lo que el fiscal estimó que desde enero de 2015 y hasta 2017, “el Tuerto” y “Mandinga” habrían blanqueado dinero del narcotráfico de esa forma. Habrían utilizado a testaferros con la finalidad de que los vehículos les fueran transferidos a esos prestanombres para, posteriormente, comercializarlos y obtener ganancias de apariencia lícita.
Para perpetrar las maniobras, se habrían valido de la concesionaria Ariel Automotores, del imputado Pavón, en barrio Crisol Norte, en el este de Córdoba capital. El empresario habría recibido el dinero espurio que se quería lavar o los autos que se querían transferir (también de origen ilegal).
Eso quedó plasmado en los certificados electrónicos de transferencia del automotor (Ceta) que gestionaba Pavón. Para consumar las maniobras, habría omitido controlar cuestiones de prevención de lavado (reporte de operaciones sospechosas y el perfil del cliente, etcétera).
El empresario declaró que conocía al jefe narco y a Ferreyra porque, “como cualquier otro cliente”, le compraban autos. Sin embargo, negó cualquier relación “comercial” con ambos o que su patrimonio se hubiera ampliado por su relación con ellos. Dijo que en el caso de “el Tuerto”, era comisionista para él, lo mismo que, coincidentemente, sostuvo Cuello.
¿Testaferros del “Tuerto” y de “Mandinga”?
Los demás imputados en el expediente (Moreno, las hijas y el hermano de “el Tuerto”, su novia, yerno, suegro y madre, Rodríguez, Rivarola, Pedraza, Juárez, López, Luján y Ávila) habrían sido engranajes en la maquinaria de blanqueo como testaferros o prestanombres a partir de dos datos “delatores” clave.
Por un lado, no tenían mayormente actividad económica registrada ni capacidad contributiva para justificar la titularidad de bienes adquiridos. Por el otro, mantenían relaciones personales con Ferreyra y con Cuello. “En algunos casos, la relación es tan obvia que está documentada en las cédulas de autorización para conducción de los vehículos”, indicó el fiscal.
Los investigadores detectaron que el entorno familiar y social de “Mandinga” y de “el Tuerto” aparecía como titular de los rodados. Pavón mencionó que Cuello y Ferreyra le habían comprado unos 15 vehículos en total, mayoritariamente en efectivo, y que por lo general los principales acusados no los ponían a su nombre, sino que “traían a alguien” para que firmara la transferencia.
Aludió que quizá pudo haber conocido a alguno de los otros imputados (familiares de Cuello) y que no les preguntaba a los clientes de dónde obtenían sus fondos para financiar las costosas compras.
Los rodados luego habrían sido puestos a la venta en la misma concesionaria, donde habían sido adquiridos para blanquear los fondos provenientes de las drogas. De este modo, se habrían lavado poco más de $ 6 millones (a valores de aquella época) con la compra de al menos 54 vehículos.
Si los bienes –desde motos Honda y Yamaha hasta autos Volkswagen, Fiat, Renault, Peugeot, Chevrolet, Suzuki y Ford– se expresaran en dólares, totalizarían U$S 440.627 o, al cambio blue actual, $ 440 millones.
“Cabe preguntarse si las conductas analizadas –dijo Senestrari– podrían darle una apariencia lícita al origen de los bienes puestos en circulación. La respuesta es afirmativa. El hecho de haber colocado el dinero mal habido en una concesionaria para realizar reiteradamente operaciones de compraventa de vehículos, y a estos registrarlos a nombre de testaferros, podría hacer pensar (para quien no conoce la verdadera actividad de los imputados) que estos bienes provienen de la actividad como intermediario en el rubro automotor. Ese es el perfil que querían aparentar”.
Para el instructor, se logró comprobar que Cuello, Ferreyra y Pavón “conocían el origen ilícito de los fondos con los que se adquirieron los vehículos en cuestión y, a partir de su inscripción registral y posteriores ventas, los incorporaron al mercado, procurando darles así apariencia lícita”.
El fiscal también precisó la compra sospechosa de un inmueble en Villa Inti Co (en el valle de Traslasierra, Córdoba), a nombre de Milagros Cuello, hija de “el Tuerto”. Uno de los imputados, Brian Rodríguez, poseía hasta siete vehículos registrados, a pesar de que adujo sólo dos ingresos, uno de ellos como albañil.
Las sospechas sobre “el Tuerto”
A pesar de no tener ninguna actividad declarada, “el Tuerto” contaba con cinco vehículos registrados a su nombre, sin poder justificar su posesión. Si bien adujo que trabajaba como comisionista para Pavón y era changarín en el Mercado de Abasto, la Justicia no pudo comprobarlo.
El fiscal apuntó, en realidad, a que los fondos de los estupefacientes –que buscaban lavarse– habrían provenido del submundo de las drogas, a partir de los indicios y las escuchas en ese sentido.
Una investigada (pero no imputada) dijo que sabía que Cuello era narco y que le habría dado un departamento y hasta un auto a su joven novia (Florencia Aguilar). También surgió la mención de un inmueble adquirido en barrio Valle Cercano, en el sur de Córdoba capital, luego de que “el Tuerto” –entonces residente en Alta Gracia, en una casa con pileta y dos esculturas de leones– un día antes había concurrido a una inmobiliaria con una valija.
En otra intervención, del 13 de septiembre de 2017, “el Tuerto” le dijo a una de sus hijas (Milagros) que esa semana estaba “por laburar”. “Voy a ver si me quito un par de kilos de esa gilada que te dije”.
Los investigadores “leyeron” las palabras de Cuello como un intento de mover o de cocinar varios kilos de cocaína. Seis días después, y a partir de un pedido que le hizo su yerno Vaca para que fuera a la Cooperativa Los Paraísos, el narco le respondió: “No estoy acá; aparte está todo mal”.
Ese mismo día, La Voz publicó que la Policía había desbaratado una “cocina” de cocaína en ese barrio. Para los pesquisas, cuando “el Tuerto” dijo que todo estaba “mal”, posiblemente se refería a los operativos antidrogas vinculados posiblemente a incautar “los kilos de gilada”.
La Toyota Hilux a nombre de Vaca sugestivamente aparecía vinculada a otra causa narco, a partir del voluminoso secuestro de 281 kilos de marihuana en 2014 en barrio Talleres. En aquel caso, había sido condenado Juan Francisco “Gordo Loly” Britos (la camioneta no estaba a su nombre, pero sí relacionada a él por haber cometido una multa con ella).
Las sospechas también caen sobre Ferreyra. Sin actividad declarada, se habría ocupado de realizar las gestiones previas a las operaciones de compra, que luego eran cerradas al parecer por Cuello. Al ser indagado, señaló que se dedicaba a la compraventa de vehículos y tenía una juguetería-librería.
Actualmente, tanto Cuello como Ferreyra siguen detenidos. El capo narco cayó en 2018 por liderar la banda que comercializaba estupefacientes en barrio Cooperativa Los Paraísos y que integraba no sólo “Mandinga”, sino además las hermanastras de “el Tuerto”, “Pipi” y “Enana” Sánchez. Todos fueron condenados en 2021, en lo que fue la tercera sentencia para Cuello (ya había cumplido condena por narcotráfico y por el motín de la cárcel de Encausados).
¿Será la cuarta condena para Cuello? Se sabrá a fin de año.
