Hasta el lunes, la fiscalía, la querella y la defensa tienen plazo para apelar el fallo del juez de Control de Río Cuarto, Diego Ortiz, quien recientemente decidió mantener abierta la causa de Nora Dalmasso de Macarrón (51).
A 18 años y medio del hallazgo de la mujer, desnuda y estrangulada en su casa de la Villa Golf, el proceso enfrenta una disputa central: ¿hasta dónde puede investigarse y juzgarse al único sospechoso, Roberto Marcos Bárzola (45)?
Cuando ocurrió el crimen, el ahora imputado, a tenor del artículo 80, por “abuso sexual seguido de muerte”, trabajaba como “parquetista”, un lustrador de pisos de madera en la casa de los Macarrón.
Tras varias líneas de investigación inconducentes, recién en diciembre de 2024 se descubrió que su perfil genético coincide con ocho muestras de ADN halladas en el cinto de la bata con que mataron a Dalmasso y también con un vello púbico hallado en la entrepierna de la mujer. Fue un giro inesperado en la investigación.
Bárzola había declarado dos días después del crimen. Admitió haber estado frente a la casa a horas del homicidio, dijo que nadie le abrió la puerta y que se fue porque llovía. Nunca lo investigaron.
En todos estos años, la Justicia apuntó a distintas hipótesis: desde un falso amante, al pintor Gastón Zárate, pasando por el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, y el viudo Marcelo Macarrón, quien recién en julio de 2022 fue absuelto de la acusación de crimen por encargo.
Mientras la defensa de Roberto Marcos Bárzola insiste en que el paso del tiempo extingue la acción y la posibilidad de sanción penal, la familia de la víctima pretende que continúe la investigación “hasta las últimas consecuencias”. Que se confirme quién fue el autor y que sea condenado.
Hace una semana, el fallo del juez de Control, Diego Ortiz, rechazó la prescripción “en esta instancia” y habilitó una “investigación por la verdad”, un proceso que no tiene una regulación específica en el país.
La prescripción penal, que en delitos con pena de prisión perpetua es de 15 años, busca evitar la persecución indefinida. Se basa en que con el paso del tiempo las pruebas se deterioran y la relevancia social del hecho tiende a disminuir.
En los casos de lesa humanidad en Argentina, los juicios por la verdad fueron claves para reconstruir los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura militar y fundamentar la reapertura de procesos penales. Dado que esos delitos no prescriben, la búsqueda de la verdad habilitó la posibilidad de justicia efectiva.
En el expediente Dalmasso, Ortiz descarta la prescripción “en esta instancia”. Pero deja sentado que, “pese al notable esfuerzo argumentativo realizado por los querellantes particulares (…), el delito que se le atribuye a Roberto Marcos Bárzola no configura un supuesto de imprescriptibilidad”.
“Pese a implicar una grave afectación a la integridad sexual y a la vida de la víctima causada dentro de un contexto de violencia de género, el hecho de ningún modo formó parte de un ataque generalizado y sistemático, llevado a cabo de conformidad con una política del Estado”, dice el juez. Es decir: no se trata de un delito de lesa humanidad.
Ortiz también rechaza los argumentos sobre posibles suspensiones en los términos para la prescripción. Para la querella y la fiscalía (con matices), no debería computarse el tiempo que la causa estuvo parada o los años en que el hijo y el marido de la víctima fueron acusados y privados de ser querellantes. El juez sostiene que “esos períodos no constituyeron en absoluto un obstáculo legal insalvable para el MPF, en su rol de encargado de promover y ejercitar de manera continua la acción penal”. Y advierte que, “en caso de hacerse lugar a este planteo, se desnaturalizaría el instituto de la suspensión de la prescripción, al dejarse en manos nada menos que de la propia parte acusadora”.
¿Hasta dónde podrá avanzar la investigación por la verdad?
El juez Ortiz entiende que “no corresponde en esta instancia declarar la prescripción” porque “implicaría el cierre de un proceso penal en el que no se ha alcanzado la verdad real”. Pero deja sentado que, en este caso, “son aplicables las normas del derecho interno que regulan la prescripción”. Además, menciona: “Del análisis de las constancias de la causa, de momento no surge que se hayan configurado, en relación con el prevenido Roberto Marcos Bárzola, ninguna causal de suspensión y/o interrupción de las previstas por el Código Penal”.
Con todo, el magistrado deja abierta la causa “por la verdad”, pero para nada garantiza que pueda haber una condena penal. Aunque no se conocen los términos, trascendió que los querellantes ya presentaron sus apelaciones.
El defensor de Bárzola, Zacarías Ramírez Rigo, adelantó que impugnará el decisorio, aunque de manera parcial. El letrado pedirá la prescripción definitiva, pero adherirá los fundamentos de Ortiz que le son favorables.
“Mi preocupación es evitar el daño que Bárzola está viviendo con todo este proceso acusatorio”, remarcó Ramírez Rigo. Y advirtió: “Si fuera un juicio común, no puedo discutir nada, pero si se diera un juicio por la verdad, vamos a ser muy celosos controlando. Es más, el juez de Control asimila este caso al de un menor no punible”. “No puede haber medidas coercitivas, porque en un juicio por la verdad no hay condena. La pena está prescripta”, insistió.
El resonante crimen lleva 18 años impune. Y la batalla legal está lejos de terminar.
