Un juez de Arroyito, Córdoba, ordenó a la Policía de la Provincia reintegrar en su anterior puesto a una oficial principal que había denunciado por violencia de género a un compañero, motivo por el cual había sido trasladada de dependencia y localidad como supuesto “castigo”, de acuerdo con lo manifestado por la mujer que hizo la presentación.
El caso nació a fines de marzo de 2022, cuando la policía Virginia Soledad Torletto formalizó denuncia por violencia de género contra un sargento (un subordinado) con quien compartía tareas en la subcomisaría de la localidad de El Tío. Solicitó prohibición de contacto y denunció haber sido víctima de acoso psicológico de género reiterado.
Qué paso luego de que la oficial hiciera la denuncia por violencia de género
Relató que al informar sobre los hechos de violencia de género, la respuesta institucional fue la de trasladarla a otro lugar de trabajo, y que esto la perjudicó en lo económico, psicológico y laboral en su carrera, mientras que el denunciado fue mantenido en la misma zona.
Así, a ella la trasladaron de El Tío a Sacanta, sin contar con medios de movilidad públicos o privados para llegar desde su casa. Según denunció, en la Policía le advirtieron que, de no concurrir, la sacarían de la Departamental San Justo, con jurisdicción sobre El Tío.
Narró que luego de su denuncia, con el patrocinio del penalista Carlos Nayi, no recibió ninguna contención de la Policía sino que fue puesta en una situación tal que solicitó el cese de la violencia.
El juez requirió a las partes una terapia individual orientada a la problemática de violencia de género. Sin embargo, en octubre Torletto presentó una nueva denuncia en condición de víctima de violencia de género en modalidad institucional y laboral.
Volvió a reclamar a la Policía (en dos informes) situaciones ocurridas con el sargento y advirtió que nunca obtuvo respuesta, lo que implicó un incremento de la violencia. Entre otros hechos, dijo que el sargento se insubordinaba en sus funciones y hasta había recibido quejas del banco local, donde brindaba adicionales, por tratos inadecuados y hasta actitudes desafiantes hacia ella y sus pares, demostrando rebeldía e intentando denigrar a otras policías.
El juez le exigió al comisario local que informara las medidas adoptadas respecto de la oficial y el sargento, la situación laboral de la denunciante, sus funciones y condiciones de trabajo de la denunciante; si había sido trasladada a otra dependencia; la distancia ente el puesto actual y el domicilio de la policía, y la situación laboral del sargento.
Cómo se llevó a cabo el traslado de la oficial
El jefe de la Zona de Inspección N° 4 detalló las tareas de la oficial (encargada de la subcomisaría y del destacamento de El Tío) y del sargento (guardia de la subcomisaría), al tiempo que dijo que tras la denuncia avisó a la superioridad y ambos recibieron licencia psiquiátrica.
Al regresar en tareas no operativas, la Departamental la trasladó a Sacanta como jefa de la subcomisaría, a 58 kilómetros de su destino anterior. La oficial denunció una afectación porque ella residía en El Tío y su trabajo le quedaba a sólo ocho kilómetros, mientras que ahora debía trasladarse 58 kilómetros, sin colectivos directos.
El sargento, en tanto, debía trasladarse 37 kilómetros desde su domicilio en Tránsito hasta El Tío. Pero al ser movido al destacamento del paraje El Fuertecito, la distancia se había acortado a sólo 23 kilómetros. La oficial consideró el hecho un claro “castigo” por denunciar al compañero.
El juez ordenó al director de la Departamental San Justo, comisario inspector Cristián Gómez, que reintegrara a Torletto a las funciones que ejercía antes de la denuncia, y en el mismo lugar. Pero le respondió que la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, era la única responsable de los traslados.
En una casi interminable seguidilla de órdenes del juez a la Policía, le requirió a Zárate que reintegrara a Torletto a sus funciones y lugar de trabajo.
La jefa respondió que ella debía remitirse a la solicitud formulada al Ministerio de Seguridad por el intendente de Sacanta, Daniel Garnero, en la que este pedía reasignación de recursos humanos; entre ellos, la designación de la jefa de la subcomisaría.
“Como consecuencia, habida cuenta de que la subcomisaría de El Tío, unidad donde se encontraba asignada en primer término Torletto, cuenta con un titular de dependencia nombrado con anterioridad, quien a su vez posee una antigüedad mayor, se dispuso el nombramiento de Torletto, apuntado a una proyección institucional como personal superior del cuerpo seguridad”, siguió Zárate.
Aclaró que el nombramiento de Torletto como jefa interina de Sacanta se dispuso como “una reorganización operativa del capital humano asignado a la Departamental en pos de jerarquizar los recursos”.
“De modo adicional, el cargo acarrea responsabilidad, liderazgo y conducción –en este caso, la subcomisaría Sacanta–, el que se encomienda a la oficial principal en forma anticipada a su ascenso como subcomisaria –primer grado de oficial jefe– generando en consecuencia beneficios económicos, en virtud del suplemento por interinato que por diferencia de haber corresponda, sin mencionar las compensaciones que pudieran corresponderle en concepto de traslado, variabilidad de vivienda y desarraigo”, agregó Zárate.
“Para finalizar, hago especial hincapié que como primera jefa de Policía mujer, los objetivos institucionales se ligaron a brindar igualdad de oportunidad de acceso a cargos para las mujeres que conforman el cuadro superior de la fuerza, proveyendo espacios laborales que equiparen la responsabilidad funcional y no menoscaben las obligaciones y cometido en la crianza de hijos menores y adolescentes (…)”, dijo.
Qué dice el fallo del juez sobre el caso
Martínez Demo sostuvo que Torletto fue “víctima de múltiples hechos de violencia” y enumeró, en primer lugar, el de su subordinado, sin respuesta de la Policía a los informes. La oficial también se vio obligada a acudir a la Justicia para obtener una medida cautelar que la preservara de la inacción policial, y finalmente, debió soportar el traslado, distante de su residencia, para cumplir el mismo cargo, funciones y percibir la misma remuneración.
“Se habrían configurado, en realidad, tres situaciones sucesivas de violencia de género en contra de la denunciante, en diversas modalidades, laboral e institucional”, advirtió el juez. Y enfáticamente apuntó contra Zárate Belletti: “Es posible concluir sin hesitación alguna que la decisión de la jefa de Policía resulta, desde una perspectiva de género, injustificada, arbitraria y desproporcionada”.
La autoridad policial dispuso el desplazamiento de Torletto “mientras se encontraba de licencia por razones de salud y sin que conste su fehaciente notificación, sino hasta octubre de 2022, fecha en que además se asienta el traspaso”.
El magistrado también cuestionó la versión de Zárate sobre que el traslado de Torletto implicó una “jerarquización para su carrera”. “No fue así, ya que antes de su formal nombramiento, ya cumplía esa función en la subcomisaría del El Tío y Villa Concepción, sin que conste (…) ninguna observación o llamado de atención por sus superiores que justifique ese movimiento”, advirtió el juzgador, quien puntualizó que se vio perjudicada económicamente, ya que debió afrontar de su bolsillo el traslado a Sacanta.
También desechó, en este caso, la versión de Zárate de que la Policía pretende brindar igualdad de oportunidades a las mujeres para acceder a cargos jerárquicos con la posibilidad de conciliar la demanda familiar con la responsabilidad laboral. “Queda invalidado por las circunstancias objetivas”, dijo.
El juez dijo que el “conflicto interpersonal dentro de la fuerza se abordó de manera asimétrica”, cuando el sargento, a pesar de haber sido denunciado, fue “beneficiado al ser trasladado más cerca a su domicilio, contando además con medios de transporte público de pasajeros, a diferencia de los nulos en el caso de Torletto cuando debía trasladarse a Sacanta.
Duros términos hacia la Policía por parte del juez
En un párrafo relevante, Martínez Demo aludió a los traslados. “Dicha actitud de parte de quien detenta poder de mando por sobre la denunciante no sólo puede ser interpretado por ella como un ‘castigo’, que le fue inferido por el solo hecho de denunciar, sino que puede tener implicancias en cuanto a la percepción que tengan las demás agentes policiales sobre la posibilidad de denunciar hechos de este tipo luego de ver las consecuencias disvaliosas que ello puede importar en sus carreras”.
“Es decir, desde la misma institución policial, lejos de actuar en el marco de la debida observancia de la perspectiva de género, se observa una conducta ‘aleccionadora’ para futuras denuncias del mismo tipo”, recalcó.
“Resulta inaudito que la institución policial, auxiliar de la Justicia y uno de los destinatarios directos del deber de velar por las garantías constitucionales y convencionales consagradas en nuestro sistema legal para asegurar a las mujeres el efectivo goce de sus derechos, haya abordado la situación de la oficial principal Torletto sin tener en cuenta la respectiva perspectiva de género para resolver su caso; por el contrario, ejecutaron actos y hechos que importaron profundizar, cada vez más, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba”, enfatizó.
“La Policía, lejos de tomar las medidas propias en la administración de los recursos y de su personal, en estricta observancia de la perspectiva de género (…) sometió a la víctima a una situación laboral más gravosa, y por lo tanto la revictimizó”, concluyó.
Intimó a Zárate Belletti para que en cinco días reintegre a Torletto a sus funciones anteriores y rango y en el mismo lugar. También le prohibió no reunir en una misma dependencia de trabajo a la víctima con el denunciado y le ordenó que le dé una disculpa pública (comprobable) a la oficial.
Qué dice la Policía respecto del fallo
La Voz consultó a la propia Policía de Córdoba respecto de las características de este fallo y las consideraciones que hizo el juez que deberían cumplirse de acuerdo con su fallo.
“Se cumplimentó todo lo ordenado por el juez”, dijeron escuetamente ante la consulta periodística.
