Un “terapeuta” sin título habilitante; un obispo “cristiano” de la Iglesia de la Sanación; varios sospechosos de haber montado un negocio con la venta de dióxido de cloro con un mendaz fin curativo del Covid-19. Todos ellos irán a juicio; dos de ellos en Córdoba.
La investigación de Chequeado (de abril de 2021), a través de la cual fueron identificadas decenas de publicaciones que afirmaban vender dióxido de cloro por redes sociales, derivó en una investigación penal en Buenos Aires.
El medio periodístico aportó al juez federal Nº 4 de los Tribunales de Comodoro Py, Ariel Lijo, un listado con los sindicados vendedores de la sustancia, lo que se transformó en la génesis de la causa por la que fueron procesadas 13 personas. Entre ellos, Gustavo Fabián López Goyeneche, Cristian Braian Herrera, Vanesa Cinthia Carles y Analía Mariel Lemme.
También integran la nómina Luciana Vázquez, Miguel Ángel Alsina, Stella Maris Vallejos, Gonzalo Adrián Flores, Julia Liliana Flores (son hermanos), Luis Enrique García, María del Carmen Isabel Paulina Maraggi, María Imelda Oliva y Gabriel Esteban Escalada.
Habrían comercializado, distribuido y almacenado dióxido de cloro (CDS) o clorito de sodio, disimulando su carácter nocivo. Las sustancias están prohibidas para la ingesta humana, según la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat).
Los informes y recomendaciones del organismo revelaron que el “dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.
Los investigadores determinaron que los imputados habrían ofrecido las sustancias a través de internet y por teléfono, para luego distribuirlas en diversos domicilios.
Libros y CD
Uno de los investigados, López Goyeneche, aparece en la web como “distribuidor oficial” del libro Salud prohibida, del alemán Andreas Ludwig Kalcker, promotor del consumo de dióxido de cloro para la “cura” de diversas enfermedades (entre ellas, el Covid-19). En su libro, desarrolla los protocolos para su utilización.
Los datos personales de López Goyeneche (participó en la organización de la conferencia de Kalcker en la Argentina) también fueron identificados en una página en la que se lo sindicaba como proveedor del CD. En su casa de Mar del Plata, secuestraron un bidón con la sustancia, fármacos, bolsas de clorito de sodio, otros cloruros y cajas con libros de Kalcker.
En Facebook, ofrecía servicios ilegales vinculados a la medicina. Se presentaba como “terapeuta biomagnetista en biomagnetismo médico bri”. La disciplina busca la rehabilitación de enfermedades mediante campos magnéticos estáticos en el cuerpo que se encuentran en “resonancia biomagnética”.
Sin embargo, no está habilitado para ejercer la medicina ni figura como director o codirector técnico de establecimientos habilitados por Anmat.
Paralelamente a la causa principal, fue procesado por ejercicio ilegal de la medicina. Según la acusación, en su casa tenía “un verdadero laboratorio clandestino para la fabricación y comercialización de medicamentos”.
Por su parte, Carles alegó que una de las sustancias halladas en uno de sus domicilios (tiene dos, en los partidos bonaerenses de San Isidro y San Fernando) era para el consumo personal de su esposo enfermo. No obstante, se probó que ofrecía dimetil sulfóxido (DMSO), utilizado para la composición del protocolo “K” del alemán Kalcker, en el que se combina el CDS junto con el DMSO.
Más a través de Facebook
Los investigadores detectaron que en Facebook, Vallejos comercializaba en su casa dióxido de cloro a 800 pesos la botella de 250 mililitros.
De manera similar, en los inmuebles de Lemme (en San Isidro) y Vázquez (Capital Federal) comercializaban la misma sustancia. También detectaron DMSO. Si bien en el caso de Vázquez el número de teléfono de su padre aparecía en el listado de proveedores de CDS, la mujer en realidad era quien llevaba a cabo las ventas.
Alsina (Capital Federal) y los hermanos Flores (de Salta y Jujuy) quedaron en la mira como proveedores de CDS. Incluso, Flores habría comprado la sustancia al por mayor a través de Mercado Libre (ML). Les incautaron CDS y a los Flores, particularmente, también DMSO.
La Anmat dio de baja los anuncios en ML –según precisó Chequeado– en el marco de un acuerdo con el gigante del e-commerce (para la identificación de productos que violen la normativa legal para así evitar su difusión).
La dependencia ya había recordado (en 2020) que “debido a la circulación de información (…) relacionada a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de Covid-19 u otras enfermedades”, el producto “no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización (…) para su comercialización”.
“Iglesia de la Sanación”
La investigación enfatizó el rol que habría encabezado Luis García, “obispo” de la Iglesia Cristiana Génesis II de la Salud y la Sanación, creada por Jim Humble. El gurú “opera internacionalmente propagando el consumo de dióxido de cloro para tratamiento de enfermedades”, según se apunta en el expediente.
La Justicia comprobó que, a través de su correo electrónico, García vendía CDS en San Luis bajo la denominación eclesiástica de “sacramentos”, en alusión a la terminología propia de la iglesia.
“Propagaba el consumo de sustancias ilegales para la cura de enfermedades aprovechándose de personas vulnerables” que, ante ciertas patologías, “acuden a sustancias alternativas”, según consta en la causa.
A partir de las tareas de inteligencia, se detectó que facilitaba a los consumidores folletos en los que les informaba la “dosificación” del producto.
En uno de los correos electrónicos del “obispo” figura de forma taxativa: “Ahora el MMS se llama Sacramento 1/S1. Incluye el clorito de sodio 28% y el activador, ácido clorhídrico 4% (en frascos separados)”. Anmat prohibió el uso, la venta y la distribución del MMS (en inglés), por Milagroso Suplemento Mineral (derivado del clorito de sodio).
En su casa le encontraron libros con la inscripción “Naclo 2 Master Mineral Solución del Tercer Milenio” y una colección de elementos con simbología nazi (medallas, cintos y DVD con discursos de adoctrinamiento nazi), ácido clorhídrico, DMSO, hipoclorito de calcio, CDS y citrato de magnesio.
En la finca de García, se identificaron dos “habitaciones atípicas” para una casa familiar común. En la primera, contaba con una habitación acustizada, con un colchón sobre el suelo, una silla y un reloj en una de las paredes.
En la segunda, tenía una camilla de acero inoxidable con su respaldo inclinado a 45 grados y en el centro, un embudo. Tomaron muestras ante la posibilidad de hallar material orgánico humano (cabello, sangre, semen y cualquier otro fluido).
Por otro lado, Maraggi fue imputada por la comercialización de clorito de sodio, bajo diversos precios y modalidades de venta: al por mayor y por menor.
En Córdoba, también
Curiosamente, cuando los efectivos tocaron el timbre en el departamento de María Imelda Oliva, en 27 de Abril 370, de la ciudad de Córdoba, y le consultaron si vendía productos medicinales para el Covid, la mujer de edad avanzada respondió que sí.
El juez Lijo ordenó entonces allanar el lugar y se secuestró clorito de sodio, ácido clorhídrico. Vendía el CDS (de 500 ml) a 700 pesos o un kit para preparar a 600. Incluso, tenía stock para entregar.
En otro de los procedimientos en la planta alta de la casa de Gabriel Escalada, en Rivera Indarte 2080, la Policía Federal incautó múltiples envases con varias sustancias, entre ellas, clorito de sodio, DMSO y CDS. Se comercializaban a diversos precios, incluso con “descuentos” por cantidad.
Los investigadores también encontraron que Escala y su esposa tenían en su poder 15 frascos con cogollos de marihuana (por casi un kilo), por lo que se abrió otra causa por narcomenudeo.
Respecto de la causa sobre CDS, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Buenos Aires se declaró incompetente para los casos de otra jurisdicción, por lo que remitió a la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Federales de Córdoba el expediente para que se los someta a juicio en esta Capital.
“El contexto de pandemia actual generado por el (…) Covid –en cuyo marco distintos referentes publicitaron la sustancia investigada como un remedio para tratar dicha patología– también refuerza la sospecha de que las ventas de los materiales incautados se efectuaban con fines de consumo humano y bajo la falsa promesa de obtener una cura a dicha enfermedad”, sostuvieron en marzo los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Cámara Criminal Federal.
“Se demostró que (…) comercializaban el material con un falso fin medicinal y omitiendo informar los efectos nocivos que estos productos tienen”, advirtieron.
