En la semana que finaliza se conoció la noticia de que la causa por la toma forzada del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) a mediados de 2018 fue declarada prescripta. Lo más grave es que esa prescripción fue por el “mero paso del tiempo”.
La Justicia Federal de Córdoba había dado todos los pasos para que el expediente con la acusación a 21 estudiantes que habían tomado las instalaciones de un inmenso inmueble durante 30 días, con todas las consecuencias que eso ocasionó, llegara a juicio para ser sometido a consideración de un tribunal oral, con todas las de la ley.
Pero “el mero paso del tiempo”, es decir, el transcurso del tiempo sin que la causa arroje ningún movimiento, consiguió que la acción de persecución penal fuera declarada extinguida. Al juez (en este caso subrogante) Pablo Montesi, no le quedó más que estampar su firma a lo que le pedían los defensores, que aprovecharon que hace dos semanas se cumplieran los tres años sin que la causa arroje movimiento. Según la expectativa de pena, si la causa “no se mueve” (si desde la última acción no se hizo más nada), prescribe por el mero paso de tiempo.
La UNC había iniciado las actuaciones y acompañado los primeros movimientos de la Justicia, pero finalmente desistió de esa iniciativa y dejó todo como estaba. El juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, hizo numerosos intentos, primero para que los estudiantes desalojaran las instalaciones sin recurrir a un violento lanzamiento y después para procesarlos y acusarlos.
El fiscal Maximiliano Hairabedian pidió en reiteradas ocasiones que el expediente fuera juzgado por un tribunal oral, pero no hubo respuesta.
Este mismo acusador enumeró en las últimas horas los perjuicios que ocasionaron los manifestantes: “Esta gente afectó la actividad de la universidad pública que decían defender, afectó los proyectos de investigación que se llevaban adelante en la universidad en el lugar tomado. Afectaron también a particulares, lo que ocurrió con el concesionario del bar, que debió cerrar y los empleados perdieron la fuente de trabajo”.
En efecto, había laboratorios que perdieron los resultados de los experimentos que estaban realizando y había un concesionario gastronómico que debió cerrar, que perdió una pequeña fortuna por los alimentos que sufrieron el corte de la cadena de frío, y los empleados se quedaron sin su fuente de trabajo porque el comedor cerró de manera definitiva.
Contra esa intransigencia chocó el juez Vaca Narvaja cuando trató de que los “revolucionarios” que decían defender la universidad pública levantaran la protesta, que desarrollaban sin medir consecuencias. A la fiscal Graciela López de Filoñuk la trataron de la peor manera.
Ahora, la Justicia se queda sin dar respuesta, de la peor manera. Hizo las actuaciones, procesó, imputó y envió a juicio, pero la acción penal se extingue porque... “pasó el tiempo”. Más que la tardanza o la falta de acción, la prescripción de una causa por el mero paso del tiempo es la versión más perversa de la impunidad.
Sería muy extenso ensayar una respuesta a lo que sucede cuando un presunto delito queda impune. Lo más probable es que esa falta de reproche legal haga que los sucesos vuelvan a ocurrir, ya que no hay percepción de castigo.
En caso de que los acusados hayan sido inocentes, también es injusto que hayan soportado una persecución penal gratuita, sin la absolución en juicio. Sólo lograron el perdón porque no se los juzgó, porque “pasó el tiempo”.
Este suceso vale para traer otro ejemplo de impunidad que se dio hace algunos años, también por el paso del tiempo. A mediados de 2000, se produjo el primer traslado de la cárcel de Encausados a la entonces “flamante” cárcel de Bouwer. Un grupo de guardiacárceles le dio la despedida a un más nutrido colectivo de reclusos, quienes sufrieron una golpiza que los dejó maltrechos, con heridas y lesiones que les llevaron varios días de curación.
La causa fue investigada por la Justicia provincial, y los guardiacárceles y jefes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) terminaron imputados y luego llevados a juicio. ¿Qué pasó? Lo que todos adivinan: el juicio no se hizo y la causa prescribió.
En este caso, en la Justicia provincial también el tiempo hizo lo suyo. Los guardiacárceles y jefes del SPC son funcionarios públicos, por lo que las causas “normalmente” no prescriben. Pero no prescriben mientras sigan siendo funcionarios públicos. Obviamente, casi 24 años después, no queda en funciones ninguno de esos agentes provinciales. Por eso, la causa prescribió. El tiempo hizo que todos hicieran su carrera, se jubilaran y no fueran llevados a juicio.
En abril de este año se conoció la muerte de un recluso luego de recibir maltratos y tormentos en un establecimiento carcelario del SPC. La Justicia está actuando y se espera una respuesta acorde a lo sucedido.
Cabe preguntarse si el juzgamiento de los penitenciarios imputados en 2000 y enviados a juicio en 2001 no serviría de buen antecedente. Acaso un juicio hubiera servido para prevenir otros abusos dentro de las cárceles. Como el que sufrió el recluso que hace poco murió atado a una cama.
