Tres integrantes de una banda que ofrecía diferentes servicios ilícitos que permitían sortear los controles de aptitud a la visa de ingreso a los Estados Unidos o para gestionar ciudadanías extranjeras en otras sedes diplomáticas fueron condenados a penas de entre y cinco años de prisión por asociación ilícita, informó el Ministerio Público Fiscal.
Certificados de matrimonio inventados, registros apócrifos como trabajadores autónomos en bases de datos fiscales, confección de recibos de sueldo por trabajos nunca realizados y de resúmenes de cuentas bancarias, y elaboración de escrituras para acreditar falsamente la propiedad de inmuebles fueron parte de las maniobras.
Los miembros de la organización reconocieron los hechos en el acuerdo de juicio abreviado firmado con el fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Hernán Schapiro.
Ese tribunal, con la intervención unipersonal de la jueza subrogante María Gabriela López Iñíguez, homologó el acuerdo e impuso 5 años de prisión a Miguel Ángel Segovia, de 73 años, considerado jefe de la organización. En tanto, condenó como integrantes de la asociación ilícita a Maximiliano Emanuel Rodríguez (36) y a Hernán Javier Verón (35), quienes recibieron 4 y 3 años de prisión, respectivamente.
La banda de delincuentes
La investigación llegó a la etapa de juicio solo por el delito de asociación ilícita. La pesquisa fue realizada por la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola, a partir de una denuncia formulada por el representante legal de la Embajada de EE.UU. en Argentina. Un segundo tramo del caso continúa actualmente en la fase de instrucción sobre los delitos relacionados a la falsificación de documentos y sellos, con el que eventualmente los acusados podrían sumar una nueva condena.
De acuerdo con la acusación, la organización funcionó al menos entre junio de 2020 y el 20 de abril de 2022, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a los tres sujetos en diferentes allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires.
Según se pudo determinar a partir de la intervención de los teléfonos de los ahora condenados, las tarifas por los servicios ilícitos llegaban hasta los 10 mil dólares por persona.
En la acusación, el fiscal Schapiro reprodujo diferentes diálogos entre los acusados y sus clientes. En una conversación, Segovia le explicó a su interlocutor, de nacionalidad boliviana, en qué constan los servicios que ofrece para que sepa todo lo que incluye la tarifa que debe abonarle a cambio.
En otro diálogo, Segovia le explicó al mismo interlocutor que para aspirar a la visa tiene que “ser propietario” y le dice: “Eso es lo que yo te voy a hacer ser. Vos vas a ser propietario”. Luego le pregunta al cliente si tiene “una cuenta en el banco con millones de pesos” y, ante la respuesta negativa, le dice: “Y bueno, eso también te lo hago”. El interlocutor le dice que trabaja “en negro” y Segovia le promete: “Es más, vas a ir como un empresario a presentarte, que ganás mucha plata”.
En otro diálogo con una aspirante a la visa estadounidense, Segovia hizo referencia a un “acompañante”, es decir, a la persona que se presentará como su marido, y le anuncia: “Ya tengo el muchacho que va a ir contigo también a pedir tu visa”. Le adelanta que la semana siguiente se lo va a presentar, “así ya se conocen”, le dice que va a ir “super preparada a la entrevista” y que está “contento” porque “este muchacho es un muchacho despierto”, con “mucha actitud”.
