El juicio por el asesinato de Ever Fabián González (26) en el sector “General Urquiza” de barrio Colón está a punto de terminar en la Cámara 5ª del Crimen de Córdoba con un pedido de pena de 18 años de prisión para el acusado de ejecutarlo, Tomás David Romero (22).
En su alegato final, pronunciado el pasado viernes, el fiscal de cámara Marcelo Fenoll solicitó esa drástica pena por considerar a Romero responsable de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego” y por “amenazas calificadas por uso de armas”.
A su hermano, Tobías Lautaro Romero (21), quien está acusado de amenazas calificadas, el fiscal le solicitó un año y ocho meses de prisión.
En cambio, para la madre de ambos, Karina Romero (51), acusada de “amenaza simple” por ir a “apretar” a la madre de la víctima, Fenoll pidió la absolución por la duda insuperable.
A modo de contexto, el crimen se produjo durante la madrugada del 20 de julio de 2023, en barrio Colón, en el sector del “fondo”, llamado General Urquiza, bastión donde existe un agudo enfrentamiento entre las familias Romero y Gallo, estos últimos familiares de la víctima González.
Los Gallo habrían sido quienes “manejaban el territorio” hasta que llegaron los Romero que se fueron de barrio Villa El Libertador tras quedar involucrados en un homicidio en el que alguno de sus integrantes (otro hijo de Karina, de apellido Piscitello) terminó condenado a prisión perpetua, según surge de la causa judicial.
La llegada de los Romero a Colón planteó un escenario de confrontación que tuvo su punto culminante en el crimen de Ever González.
El sector del sudeste de la ciudad es un bolsón delictivo en el que se manejan grandes “volúmenes de cocaína” (según trascendió en el juicio) mientras los robos y “aprietes” son moneda corriente. Los jóvenes se drogan en la vía pública y muchos vecinos viven encerrados en su propia casa, se escuchó decir en una de las primeras audiencias.
Durante este juicio oral y público que dirige el camarista (unipersonal) Alfredo Villegas, la violencia barrial se trasladó a Tribunales 2, porque hubo enfrentamientos entre familiares de cada grupo antagónico y esto se agudizó cuando, tras una audiencia, fueron amenazados el fiscal y el querellante por la familia de la víctima, el abogado Nicolás Díaz. También hubo intimidaciones a familiares de testigos que declararon en contra de los acusados.
El querellante Díaz, durante su alegato del viernes, coincidió en casi todos sus términos con el fiscal, aun en el pedido de absolución por la duda para la madre de los Romero. Sin embargo, elevó a 20 años la solicitud de pena para el presunto homicida Tomás Romero.
El defensor Guillermo Dragotto pidió la absolución de los tres acusados por falta de pruebas.
Pero además de los requerimientos de pena o la absolución, el fiscal Fenoll en su alegato pidió que se inicien investigaciones por presunto falso testimonio a tres personas que declararon durante el desarrollo del juicio. Uno de ellos es Franco Mendoza, quien acompañaba a la víctima durante el homicidio y habría falseado su declaración para no perjudicar a Tomás Romero.
En instrucción, Mendoza había declarado lo que sostiene la acusación, que cuando estaban en un auto con Ever González, apareció Tomás Romero, se subió al vehículo por la puerta del acompañante, se sentó junto a la víctima, lo saludó y le disparó a muy corta distancia.
Ever murió varios días después, durante la internación en un hospital, por un proceso infeccioso severo que no pudo superar. Por eso, se acusa a Tomás Romero por homicidio calificado.
Pero al ir a la cámara a declarar como testigo en el juicio, Mendoza se habría “dado vuelta” porque cambió su versión.
Esta declaración habría sido descalificada por otras pruebas y por un testigo que refirió lo que Mendoza le habría contado tras el asesinato.
Las otras dos personas que a pedido del fiscal Fenol deben ser investigadas por falso testimonio son las novias de los hermanos Romero, quienes habrían mentido que ellos estaban en la casa de una de ellas durante el momento del crimen.
Este juicio ya ha generado otra investigación, la de las “amenazas calificadas” proferidas por asistentes al debate en contra del fiscal, el abogado querellante y familiares de testigos. Esa pesquisa se realiza en la Fiscalía de Instrucción del Distrito II, Turno 6°, a cargo de Eugenia Pérez Moreno.
El debate dejó pendiente la audiencia final, con el trámite de la última palabra de los acusados y la sentencia en fecha a determinar, según la programación de la cámara y las salas disponibles.
