En un nuevo revés judicial, el jefe de la barrabrava albiazul La Fiel, Darío Ramón Cáceres, finalmente no pudo apartar al fiscal del caso, Enrique Senestrari, quien lo investiga por su presunta participación en la venta y el transporte de 1.400 kilos de marihuana a Córdoba.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba –en un fallo unipersonal de la vocal Liliana Navarro– confirmó el fallo del juez N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, quien había rechazado la recusación defensiva de Cáceres en contra de Senestrari.
La investigación comenzó hace varios meses y, de acuerdo con la acusación, al menos desde octubre de 2021, el líder de La Fiel, Sergio “Tomatón” Busso (integrantes de la barra), Carlos “Gusy” Páez y Mauro “Tuerto” Peralta habrían coordinado el traslado, la venta y la distribución de cocaína y de marihuana.
Cáceres fue condenado por postear en Facebook expresiones públicas de “amenazas” y de “incitación a cometer delitos” en perjuicio del presidente de la “T”, Andrés Fassi, y de otros miembros de la Comisión Directiva.
Por su parte, Busso (deportado en 2016 del Mundial de Sudáfrica) acumula un pesado pasado delincuencial: condenado en 2016 a 10 años de prisión por el asesinato de Juan Roberto Pinto (en represalia a otro crimen).
El planteo de recusación de Cáceres
En marzo, el abogado de Cáceres, el concejal peronista Diego Casado, había recusado a Senestrari al acusarlo de presuntamente “filtrar información a los medios periodísticos”, con “falta de objetividad”, “demonizando la imagen de un imputado que goza de un principio de inocencia”.
En su intento, apuntó contra Senestrari por cuestiones políticas (por su pertenencia a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima), ya que Cáceres dice haber servido “de apoyo” en internas partidarias de partidos opositores a esta corriente.
“Existe por parte del fiscal un odio visceral hacia el PRO, Juntos por el Cambio”, dijo y recordó que en 2017 el juez con competencia electoral en Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, había resuelto que el fiscal se abstuviera de actuar en las causas en las que interviniera el PRO por sus expresiones sobre el gobierno de Mauricio Macri.
“Senestrari encubre detrás de una supuesta objetividad e imparcialidad una aversión en contra de Cáceres a través de una requisitoria de acusación sin sustento probatorio alguno por cuestiones subjetivadas de moralina y estigmatización por ser ‘jefe’ de una hinchada, acudiendo posiblemente a la filtración de datos a los medios periodísticos que sirven de apoyo como una arma social a través de la formación de opinión, demonizando a un ciudadano”, había planteado por entonces.
Rechazos del fiscal, el juez y la Cámara
El fiscal rechazó el planteo al señalar que no había ningún supuesto legal que dispusiera su apartamiento, y que los argumentos de la defensa eran inverosímiles, con la única finalidad de dilatar la investigación.
Al analizar ambas posturas, Sánchez Freytes rechazó la recusación al sostener que Casado “no tiene fundamentos en motivos que puedan constituir una causal de recusación”. Sin embargo, el defensor apeló; y ahora la Cámara confirmó el fallo de primera instancia, con lo que el fiscal seguirá al frente de la investigación.
“No se advierte la existencia de circunstancia alguna que abone la hipótesis de temor de pérdida de objetividad en razón de una supuesta enemistad manifiesta del mencionado representante del Ministerio Público Fiscal con el imputado”, advirtió la camarista Navarro.
“No se han acreditado actos o conductas por parte del magistrado en cuestión, que demuestren que este tenga en miras un designio diferente al de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad”, agregó.
“La supuesta difusión en medios periodísticos de los hechos objeto de investigación por parte del mencionado fiscal y la supuesta afinidad de este con un partido político de tinte diferente al que adhiere el imputado Cáceres se presentan como hipótesis desprovistas de un respaldo probatorio indubitable y no resultan procedentes para evidenciar la existencia de algún motivo que justifique el apartamiento del representante del Ministerio Público”, sostuvo.
La causa de la marihuana
En la causa narco, y como parte de la logística, el fiscal sostuvo que Cáceres, Busso, Páez y Peralta habrían coordinado el traslado, la venta y la distribución de las drogas. Habrían tramado adquirir un gran volumen de droga a distintos proveedores y su posterior distribución mediante revendedores.
Para hacerse de la droga, otra de las imputadas, Rita Andrea “Pato” Cabral, habría actuado como “puente” entre la banda presuntamente liderada por Cáceres y otra célula delictiva dedicada al narcotráfico: la de Juan Ignacio “Rengo” o “Rambo” La Costa, Claudio Ezequiel Gómez, Alfredo Renzo Ruiz y Claribel Georgina Alexandra Espíndola.
Estos últimos habrían mantenido reuniones con Ramón Horacio Núñez, Gustavo Daniel Medina Ramírez, Leandro Vallejos y Maximiliano Romero, todos presuntos proveedores de marihuana de Corrientes, para establecer el precio de la droga, la cantidad y la calidad, y la forma de transporte y posterior entrega.
La “bajada” de la droga
Los imputados integrantes de La Fiel habrían comprado droga a los correntinos por 45 millones de pesos a través de las gestiones de “Pato”, “Rambo” (acusado en su momento de herir de un disparo en la cabeza a un niño en Córdoba), Gómez, Ruiz y Espíndola.
La “bajada” de la droga proveniente de Paraguay y de Corrientes, según fuentes judiciales, encontró en Córdoba su “epicentro”.
