Se llama Sergio Alejandro Guzmán, tiene 46 años y todos lo conocen como “el Chavo”. Empujado por su familia, decidió que su vocación era trabajar en cárceles. Estudió en la escuela Salustiano Pérez Estévez y así entró al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), donde prometió cumplir la ley. O eso fue lo que dijo.
Listo, astuto, entrador y “canchero”, Guzmán supo codearse, tejer vínculos y avanzó en su carrera penitenciaria, logrando que dos altos jefes pusieran los ojos en él.
Uno era Juan María Bouvier, alias “el Johnny”. Otro era el ladero de “Johnny”, Víctor Hugo Vivas.
Estos dos llegarían a lo más alto del SPC. Luego caerían fuerte.
Bajo el ala de ambos, “Chavo” –como otros– se abrió paso y creció en su carrera. Y en su patrimonio.
Las cosas, sin embargo, cambiarían y mal para él cuando otros penitenciarios, hartos de la corrupción interna, fueron a Tribunales II y destaparon todo. Uno llevó incluso un pendrive pleno de pruebas.
La causa recayó en Enrique Gavier, aquel fiscal que ya venía investigando las mafias de los “call centers tumberos” en las cárceles de Córdoba y el descontrol del Estado para frenar esos grupos delictivos.
Con su equipo, Gavier se puso a trabajar sobre la corrupción penitenciaria y en 2023 comenzó a generar grandes sismos en el SPC, y sobre todo para el Gobierno provincial.
No sólo porque detuvo al subprefecto “Chavo” Guzmán, sino porque fue más allá y terminó capturando a “Jonhy” Bouvier (el exfuncionario todopoderoso), a su segundo Vivas y a un amplio cúmulo de oficiales.
Ya hay 26 penitenciarios presos. Todos fueron acusados por lo mismo: asociación ilícita.
En su gran mayoría están presos, allí, en la cárcel de Bouwer, en un pabellón especial de uniformados. Muchos con prisión preventiva.
La noticia es que “Chavo” Guzmán se convirtió en el primer exjefe penitenciario enviado a juicio.
La fiscalía lo acusó de haber sido el ideólogo, creador y jefe de una presunta banda integrada por abogados y “civiles”, todos confabulados para cometer una variada gama de delitos valiéndose de presos.
Las maniobras iban desde cobrarles tarifas para mejorarles informes penitenciarios para que salieran libres más rápido hasta sobornarlos para que accedieran a traslados a otros presidios o pudiesen acceder a visitas con facilidad, entre otras posibilidades.
Traslados que eran realizados, según la causa, tras cobros sin evaluaciones penitenciarias previas.
Todas maniobras que les habrían permitido hacerse de importantes sumas de dinero en medio del caos.
Entre los presos contactados por la banda, sobresale el narco Raúl Alberto Cuello, más conocido como “Tuerto Cacho”, quien llegó a abonar dinero para acceder a mejores informes que le permitieran su excarcelación, según la causa de Gavier.
“Tuerto Cacho” fue uno de los testigos que terminaron complicando y mal Guzmán y a los demás acusados.
Ironías de la vida carcelaria: un preso hunde a carceleros y abogados.
Mientras tanto, en la fiscalía se sigue trabajando en las otras graves causas contra exjefes penitenciarios por asociaciones ilícitas que, según la causa, operaron en Bouwer, en Cruz del Eje y en Villa María, entre otro sitios.
El expediente del “Chavo”, a juicio
“Guzmán, cumpliendo altas funciones en la estructura jerárquica del SPC, detentaba una posición de autoridad institucional para hacer un uso espurio y desviado de dicha posición funcional para los fines de la organización que comandaba”, señala el fiscal Gavier en un párrafo de su resolución en la que mandó a juicio a Guzmán & compañía.
Además del “Chavo”, los otros acusados enviados a juicio por presunta asociación ilícita son los abogados Gustavo Héctor Murga Molina (histórico exabogado del “Tuerto Cacho”), Alfredo Alberto “Cucho” Ciocca y Julio César Páez; Ramón Alberto Salas (amigo de Guzmán, puntero y excontratado del Ministerio de Seguridad de la Provincia), y Aldo Florencio Campos, otro compinche de Guzmán y que supo tener caídas.
Guzmán acumula más acusaciones: enriquecimiento ilícito, extorsión, tenencia ilegal de arma y privación ilegítima de la libertad.
Al ser indagados, todos se dijeron inocentes. Absolutamente inocentes.
Algunos declararon y trataron, sin suerte, de resquebrajar la acusación.
Aprovecharse del caos carcelario
Para el fiscal, “Chavo” fue el presunto creador del grupo por lo menos en 2021, cuando fue director de la Alcaidía (la Unidad de Contención del Aprehendido) en la Capital.
Luego, habría potenciado su actividad y poder cuando desembarcó como jefe en la cárcel de Cruz del Eje ya en el año 2022.
Finalmente, la operatoria habría seguido luego en la cárcel de Bouwer, adonde llegó en 2023. A fines de ese año, cayó finalmente preso.
Para el fiscal, la maquinaria era simple: como jefe penitenciario, Guzmán se contactaba con abogados cómplices y presuntamente ofrecía y extorsionaba a presos para que, abonando sumas de dinero u otras dádivas (“un matambrito o un asado para varios”), accedieran a progresos en las fases carcelarias y obtuvieran otras ventajas muros adentro.
En ese marco, las negociaciones habrían sido hechas, por lo menos, con los abogados Murga Molina, Ciocca y Páez.
“El Chavo” no tocaba el dinero, según la fiscalía, para eso estaban sus amigos y presuntos cobradores: Campos en la primera época y Salas en la segunda. Los señalan como los recaudadores del grupo.
Ellos habrían cobrado presuntamente los dineros enviados por familiares de presos, ya sea en bares o en domicilios, entre otros favores o recados del jefe, según la acusación.
Las maniobras se extendieron y crecieron aprovechándose del caos carcelario imperante, en general.
La causa se basó en testimonios de jefes penitenciarios (hartos de la corrupción), prueba documental y testimonios de presos y de familiares de ellos; todo cotejado con una profusa pesquisa de teléfonos, donde abundan llamadas, audios y mensajes más que comprometedores.
La fiscalía también acusa a Guzmán de haber omitido “deliberada y recurrentemente” la realización de controles “permitiendo un cogobierno” con los “plumas” (presos jefes).
Esto permitía que florecieran bandas dedicadas a estafar con celulares.
Ayuda al “Tuerto Cacho”
En la causa, figuran varios presos que “negociaron” dineros, a través de sus abogados, presuntamente con “el Chavo” Guzmán.
Uno de los reos de más cartel fue el narco Raúl Ángel Castro, más conocido como “el Tuerto Cacho”.
Este delincuente fue uno de los “plumas” que participaron en el trágico motín de la Penitenciaría de 2005 y fue condenado por ello. Años después, ya libre, montaría y explotaría una importante organización narco en la franja este de la Capital.
Tras ser perseguido por varias fuerzas de seguridad, finalmente fue atrapado y condenado con su grupo.
Le dieron cinco años de cárcel en 2018.
En la cárcel de Cruz del Eje, en 2022, “Tuerto Cacho” habría pagado U$S 500 para que Guzmán presuntamente lo ayudara con controles psicotécnicos que iban a beneficiarlo con salidas transitorias o libertades condicionales.
Para esto, de acuerdo a Gavier, habría sido fundamental el histórico abogado Murga Molina, histórico defensor del “Tuerto”. El monto fue pagado, pero al final el narco tuvo que cumplir entera la condena.
“Cacho” ya salió libre a fines de 2023. El propio narco declaró ante Gavier, y no complicó sólo a su exabogado, sino también al mismísimo jefe penitenciario.
“‘El Chavo’ tenía el poder para que todos esos informes salieran bien. Si él quería, te podía subir la conducta, te podía apurar los trámites si ponías la moneda. Si alguien quería trabajar en la fajina, hablaba con el abogado y este hablaba con ‘el Chavo’. Este exigía un pago y listo”, declaró el narco.
“En el ambiente de la cárcel, era muy nombrado ‘el Chavo’… Tener una línea con ‘el Chavo’ para subir puntos... Eso te servía para la condicional”, añadió.
Esta acusación podría ser tomada con pinzas, sobre todo viniendo de un alto preso que fue condenado.
Consciente de ello, el fiscal tomó nota de esos y de otros dichos y los relacionó con otros diálogos y audios comprometedores hallados entre los celulares de Guzmán y de Murga, el abogado del narco.
En la causa, abundan diálogos de celular entre los acusados más que comprometedores, según fiscalía.
Abogados complicados
Según la causa, hubo dos grandes momentos en el accionar de Guzmán a la hora de negociar presuntamente beneficios con presos. Primero, cuando estuvo en Cruz del Eje. El segundo, cuando estuvo en Bouwer.
En Cruz del Eje, “Chavo” habría tenido varios arreglos con el abogado Murga Molina y los pagos habrían sido recibidos por el “cobrador” Aldo Campos. A su vez, Campos presuntamente les conseguía presos como clientes a los abogados, con Guzmán de por medio, y allí aparentemente también había comisiones.
Ya en Bouwer, los presuntos arreglos ya eran realizados principalmente con los abogados Páez y Ciocca, al tiempo que el intermediario a la hora de los cobros era presuntamente Ramón Salas, quien por ese entonces era contratado del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Para el fiscal, “el Negro” Salas habría sido el recaudador de “las diversas dádivas, pagos o emolumentos” que Guzmán “exigía para sí a cambio de favores, concesiones, información y autorizaciones”.
Cuando cayó preso, en 2023, Salas fue echado del Gobierno.
En sus redes sociales, abundan fotos suyas donde aparece abrazado con altos funcionarios políticos cordobeses en actos. Incluso, con un sonriente Guillermo Kraisman.
Para el fiscal, el abogado Julio Páez era parte de la asociación, y presuntamente ejecutaba directivas del “Chavo”, asumía defensas de presos dispuestas por él, se reunía con familiares de aquellos, recibía dinero o prebendas de estos y deliberaba con Guzmán las tarifas por cobrar.
En una oportunidad, según el fiscal, habría acordado con “el Chavo” demorar la libertad de un preso en la Alcaidía por algunas horas para poder llegar y cobrarle.
Ambos fueron acusados por privación ilegítima de la libertad.
Ambos negaron haberlo hecho.
El abogado Ciocca, según fiscalía, también habría formado parte de la asociación en 2022.
Era amigo de Guzmán, ejecutó directivas ordenadas por aquel e intermedió en el cobro y recolección de dinero a familiares de presos, según la acusación.
Por su parte, Murga Molina también habría tomado parte de la asociación en 2021 con roles similares.
En la causa de Gavier, también se da paso a presuntas extorsiones a presos: mediante intimaciones, “el Chavo”, en acuerdos con abogados, les habría solicitado dinero a presos que habían pedido libertades asistidas.
La acción delictiva habría sido la siguiente: el jefe se enteraba de aquellos internos que gestionaban algo ante la Justicia y, entonces, los extorsionaba con dinero a cambio de no complicarles esas solicitudes de beneficios.
Como se dijo, todos los acusados negaron los hechos, dijeron ser inocentes y brindaron explicaciones que ellos consideraron convenientes.
La fiscalía tomó en cuenta esos dichos, pero los contrarrestó con abundante prueba, sobre todo comunicaciones telefónicas y mensajes de WhatsApp. Muchos mensajes en los que se habla de dineros, de cuánto cobrar, de cómo cobrar, de dónde pagar.
“Aprovechando el caos imperante, Guzmán comenzó a exigirles a reclusos o a familiares, espuriamente, el pago de dinero para su propio peculio, a cambio de adoptar o promover ciertas resoluciones. (...) Y se asoció para tales fines con los imputados”, resalta la acusación a juicio.
También se exponen muchos diálogos comprometedores. Como ese de Guzmán con el abogado Páez, cuando le dice: “Más que nunca, tengo que tratar de sumar alguna moneda extra, hermano, porque hice la pileta en mi casa y quedé más crocante”.
Ya hay 26 penitenciarios imputados por presunta corrupción: muchos eran jefes
En la Fiscalía de Delitos Complejos Nº 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Gavier, donde ya se desarticularon varios “call centers tumberos”, se acumulan investigaciones por el accionar de presuntas mafias que habrían operado en el interior del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Las causas fueron caratuladas como asociaciones ilícitas.
En ese marco, el principal acusado es quien fue durante 15 años el jefe del SPC, Juan María Bouvier, quien permanece preso y con prisión preventiva.
Además de Bouvier, hay otros 25 penitenciarios que se encuentran imputados y la mayoría, detenidos con la misma acusación. Algunos eran miembros de la plana mayor del SPC, otros trabajaron en Bouwer, otros en Cruz del Eje y varios en el penal de Villa María.
Los imputados son Juan María Bouvier, Víctor Hugo Vivas, Silvia Guadalupe Barbero (expareja de Bouvier), Darío José Tello Pajón, Diego Martín Ayala, Sergio Alejandro Guzmán (su causa ya fue enviada a juicio), Andrés Américo Aciar, Néstor David Gómez, Edgar Ezequiel Arroyo, Héctor Hugo Robledo, Ramón Alexis Farías, Marcelo Ricardo Chávez, Ramón Alberto Sayavedra, José Gustavo Heredia, Cristian Alejandro Ramón Namur, Ramón Emanuel Dewar, Marcelo Fernando Matos, Jessica Pamela Barrera, Fernando Ángel Monserrat, Leandro Nicolás Agüero, Darío Luis Cortez, Malena Anahí Murúa, Hugo Germán González, Néstor Fabián Salcedo, Eduardo Nicomedes Díaz y Oscar Pablo Figueroa.
En la causa “madre” contra Bouvier, se destaca que, sobre la base de prueba documental y testimonial, la presunta organización había creado un “tarifario” con los costos que los presos debían pagar para acceder a celulares, a drogas y a tener visitas; a cambios de pabellón o de cárceles; a aceleramiento de estudios psicotécnicos y a mejorar registros de conductas, entre otros puntos.
Todos los acusados se declararon inocentes en sus indagatorias.
