Para estafar a sus clientes, las dos bioquímicas detenidas por falsificar certificados de Covid 19 habrían usado una conexión en el interior del Hospital San Roque para obtener resultados de testeos con análisis de otras personas procesados en el Laboratorio Central que depende del Ministerio de Salud de la Provincia.
Esto quiere decir que además de usar el membrete de un laboratorio privado de Villa María, también se valieron de los resultados emitidos por el organismo oficial.
La novedad se desprende del dictado de la prisión preventiva dictada este miércoles a las dos bioquímicas Silvia Paola Villalón y Paola Andrea Lucero, detenidas desde el 12 de abril por vender certificados de PCR, cuyo análisis no realizaban. Ambas están imputadas por estafas y falsificación de instrumento público.
Fuentes judiciales indicaron a La Voz que entre los fundamentos de la cautelar dispuesta por el fiscal de Distrito 1, Turno 5 de Córdoba, Gustavo Dalma, se incluye este “mecanismo” que, además de las estafas, hizo ampliar la imputación de falsificación de instrumento privado a público.
La causa se había iniciado por una denuncia del Laboratorio Gornitz, de Villa María, ante manifestaciones de dos personas que habían recibido “demasiado rápido” el resultado del testeo para detectar coronavirus. También hubo problemas con personas que recibieron el resultado negativo pero presentaban síntomas.
El titular de ese establecimiento, Pablo Gornitz, detectó cuál era la modalidad de la supuesta estafa: usaban un papel con el membrete del laboratorio, con el cual entregaban los resultados que invariablemente arrojaban resultado negativo.
Se acusa a ambas bioquímicas de ofrecer sus servicios con la entrega de tarjetas en diferentes ámbitos. El “servicio” incluía testeos de PCR para determinación de Covid-19 a quienes concurrían de buena fe a hacerse la prueba.
Se presume que los damnificados ascenderían a medio centenar de personas, aunque la fiscalía todavía está determinando la verdadera magnitud del daño.
Por el momento, se estableció que las bioquímicas cobraban entre seis mil y once mil pesos por cada análisis. La “ventaja” de este “servicio” era, entre otras facilidades, evitar las largas colas que se producen en los centros de testeo.
El ardid estafatorio incluía insertar datos borrosos debajo del membrete del laboratorio privado. De este modo, a las personas que se hacían el análisis les resultaba imposible comunicarse con ese lugar si surgía alguna duda.
Pero el padre de una de las víctimas que comenzó a tener síntomas se presentó en el laboratorio para quitarse las dudas. Al detectar que usaban su nombre, Gornitz se presentó a la Justicia.
Pero hubo reclamos a las bioquímicas de quienes comprobaron que su testeo no lo había procesado el laboratorio villamariense. Para esto, había un “remedio”: se indicaba que en ese caso el hisopado se había enviado al Laboratorio Central. Más tarde, llegaba el certificado con el resultado “negativo”.
El mecanismo
¿Por qué instrumento público en la imputación? Es la pregunta que se responde con inclusión fraguada del Laboratorio Central que depende del Ministerio de Salud de la Provincia en el procesamiento de los datos de testeos cuyo resultado daba negativo.
La investigación avanzó al determinarse que algunos casos -discutidos por clientes que notaron algo raro- fueron procesados en Córdoba gracias a la conexión que las detenidas tenían en el interior del Hospital San Roque.
Hay otros tres imputados por los mismos cargos que habrían servido para aceitar este “mecanismo”. Florencia Galetto (sería pareja de una de las detenidas) se hacía un análisis pero en la anamnesis (entrevista al hacer el hisopado) daba los datos de una clienta que esperaba el resultado “auténtico”. Además, brindaba el mail de las bioquímicas para que el resultado del Laboratorio Central fuera remitido a ellas.
El mecanismo continuaba con otro eslabón de la maniobra. Quien introducía ese testeo en el sistema provincial habría sido el enfermero del Hospital San Roque Javier Luján Zapata, quien lograba que el material biológico extraído fuera remitido junto con los datos falsos hacia el Laboratorio Central.
Ellas, las bioquímicas detenidas, recibían más tarde en sus correos electrónicos el resultado del PCR, le habrían borrado la inscripción “gratuito” y se lo reenviaban a los clientes.
También está imputado el papá de Florencia, Rodolfo Adrián Galetto, quien se hizo en Villa María un análisis de PCR y podría haber servido para concretar la misma maniobra. Si bien está en la causa sólo como “sospechoso” (por el último párrafo del artículo 306 del Código Procesal), es llamativo que reside en Río Cuarto, donde además es titular de un laboratorio. Se cuestiona por qué se hizo un análisis en Villa María y se lo investiga como potencial proveedor de insumos a las bioquímicas.
¿Asociación ilícita?
La causa a cargo del fiscal Dalma sigue avanzando con la constatación de detalles llamativos de los ardides utilizados para concretar los engaños a decenas de damnificados.
Las fuentes judiciales consultadas indican que el próximo paso en este expediente podría ser la ampliación de la acusación a “asociación ilícita” si se consolidad la participación de los otros tres imputados, los Galetto (padre e hija) y el enfermero Zapata.
Además de este caso en la provincia de Córdoba, se investiga una causa similar con los testeos en el Aeropuerto Internacional que habrían otorgado resultados de Covid sin realizar los análisis.
