En un hecho inédito para la Justicia de Córdoba, tres fiscales fueron denunciados por presunto mal desempeño, omisión de deberes y violencia institucional en una misma causa: el crimen de Nora Dalmasso de Macarrón (51).
Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes podrían ser destituidos si el Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura considera fundadas las acusaciones.
La mujer fue asesinada en Río Cuarto en noviembre de 2006, en su casa del barrio Villa Golf. La hallaron desnuda y estrangulada con el cinto de su bata.
En 18 años de investigación, hubo cinco imputaciones fallidas y sucesivos escándalos que la revictimizaron, en un contexto de violencia de género.
A fines de 2024 la prueba genética apuntó a un nuevo sospechoso: el lustrador de pisos de la casa de los Macarrón: Roberto Marcos Bárzola. En estos momentos hay una batalla legal por la prescripción.
En abril, los abogados de la familia, Mariángeles Mussolini y Gustavo Liebau, denunciaron a los tres fiscales que tuvieron imputados al marido de Nora Dalmasso y a su hijo, durante años.
“¿Por qué optaron por encarnizarse con la familia y no le hicieron antes la prueba genética a Roberto Marcos Bárzola?”, reclaman.
Cabe recordar que, en 2023 después del juicio que absolvió al viudo Marcelo Macarrón, el último fiscal del caso, Pablo Jávega, decidió comparar el ADN desconocido hallado en el cinto de la bata con el de 200 personas vinculadas a la causa.
Allí se determinó que los rastros genéticos se corresponden con el ADN del lustrador de pisos, Bárzola.
Su perfil fue determinado en ocho muestras del cinto y en un pelo encontrado en la ingle de la víctima.
Días atrás, a casi 19 años del homicidio, un juez declaró sobreseído a Bárzola por prescripción.
Pero el fallo no está firme, porque la familia recurrió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para plantear las particularidades del caso y que se siga buscando la verdad.
Uno por uno, de qué acusan a Di Santo, Miralles y Pizarro
En la denuncia ante el jury, el primer cuestionado es el fiscal Javier Di Santo, quien tuvo como imputados a Rafael Magnasco (se ofreció a hacerse un ADN por rumores que lo sindicaban como “amante”), al “perejil” Gastón Zárate y al hijo de la víctima, Facundo Macarrón.
Para la familia “es imperdonable que Di Santo no haya investigado a Bárzola tras conocer dos informes del FBI que le sugerían hacerlo” (uno entregado en mano al por entonces fiscal General de la Provincia).
Sostiene que “había mucha más prueba y contradicciones” en los testimonios del obrero que en las declaraciones del hijo, “tomadas en una situación de obvia conmoción”.
Señala que la acusación de Facundo se habría producido “tras coaccionar por horas a sus amigos, abusando de las instalaciones y personal de la Policía Judicial de la ciudad de Córdoba, (…) lo que fue una aberración contra un menor de edad, su familia y toda la comunidad”.
Se juzga que Di Santo, “aparentemente golpeado anímicamente por el movimiento popular conocido como ”el perejilazo", decidió que no se investigaría más a las personas que estaban trabajando en la casa (…) porque eso podría eventualmente generar otro movimiento de repudio social, con consecuencias políticas imprevisibles, pero seguramente mayores al primero, el cual le costó el cargo a importantes funcionarios”.
Viaje relámpago y sicario desconocido
A los fiscales Miralles y Pizarro, que por distintas razones imputaron a Marcelo Macarrón, los acusan de presunta “indignidad de su cargo” y “violencia institucional en contra de la familia”.
Miralles ingresó a la causa en febrero de 2016 e imputó a Marcelo Macarrón en marzo, porque su ADN estaba en la evidencia (luego se dijo que pudo haber contaminación de prendas del viudo y de la víctima en el lavarropas). Sostuvo que Macarrón habría volado durante la noche del crimen desde Punta del Este a Río Cuarto, para tener relaciones con su mujer y matarla, y luego regresar a Uruguay para jugar, a primera hora, el torneo de golf que finalmente ganó.
La familia critica que Miralles gastó dinero del Estado para viajar a Uruguay a investigar su hipótesis “fuera de su ámbito de autoridad y vulnerando tanto la soberanía del país hermano como expresas normas de derecho internacional”.
“Era tal la arbitrariedad de Miralles y su total desapego a las normas que reglan el ejercicio de su función que ordenó su propio traslado y el de su secretario, a la República Oriental del Uruguay, y la realización o práctica en ese país hermano de actos inherentes a la investigación”, menciona la denuncia.
En relación con el rol de Luis Pizarro, se cuestiona que en su momento le endilgó a Macarrón motivos “económicos y políticos” para un crimen por encargo, sin sustento.
Por esa acusación, Macarrón llegó a juicio en 2022 y resultó absuelto.
En su momento, el fiscal de Cámara Julio Rivero fustigó a Pizarro por falta de pruebas.
“Una cosa es ser un fiscal íntegro y otra cosa es ser un fiscal dañino. Un fiscal con mente de acusador a ultranza daña la dignidad humana de un acusado (…) Como soy un fiscal íntegro y no un fiscal dañino, yo voy a pedir la absolución”, alegó.
La denuncia pide a los legisladores imaginar “la impotencia, el estupor y el terror” que sintieron los familiares de la víctima al ver a los fiscales que, “en el afán de perseguirlos a ellos, en vez de investigar a quien la prueba señalaba, llegaban a los extremos de actuar en un país extranjero sin autorización y le endilgaban motivos políticos al crimen sin sufrir el más mínimo inconveniente por su conducta”.
Según los querellantes, los fiscales “no solamente le regalaron años de impunidad a Roberto Marcos Bárzola y pusieron en peligro la vigencia de la acción penal”, sino que “destrozaron a la familia (…) en un proceso penal que quedará como el más vergonzoso de la historia judicial cordobesa (…)”.
