Tras la publicación de este diario el pasado martes sobre la aplicación de un ritual de iniciación o “bautismo” con cal viva a 35 paracaidistas en el Regimiento de Infantería Paracaidistas 14 “General Balcarce”, de Córdoba, se sucedieron este jueves dos novedades trascendentes: el Ministerio de Defensa de la Nación apartó a 11 uniformados del Tercer Cuerpo de Ejército como presuntos responsables de los hechos que derivaron en lesiones a varios de los soldados voluntarios, a la par que el fiscal federal local Carlos María Casas Nóblega imputó a tres militares: dos oficiales y un suboficial.
Se conoció además que el ministro nacional Luis Petri consideró que quienes aplicaron este ritual prohibido actuaron “con intencionalidad”. También anticipó que serán “implacables” con las sanciones y si la investigación interna lo indica les darán la baja.
La investigación de la Justicia había comenzado pocos días antes y Casas Nóblega anunció las imputaciones al instructor –el sargento primero Mario Ortega– que arrojó cal viva a los soldados mientras les hacía abrir la boca para pronunciar un grito,, como así también al jefe del regimiento mayor Eduardo Paván y al superior teniente coronel Exequiel Poma.
Los tres comparten la imputación de “abuso de autoridad militar” y “lesiones leves” por la realización del “bautismo” y por las acciones inmediatas posteriores de hacerlos lavar o bañarse con agua. Esto último hizo que, al humedecerse aún más la cal, se potenciara su efecto cáustico y los uniformados sufrieran consecuencias peores.
Pero a Paván el fiscal General le adjudica otros dos hechos, uno relacionado con el “apriete” para que las víctimas declaren lo que él y un abogado castrense (aún no identificado) querían hacerles decir. El otro tiene que ver con sucesivas expresiones a los subordinados para que dejaran de hablar del tema y no lo divulgaran fuera del regimiento.
Por esto, a este mayor se le adjudica el reproche penal de “abuso de autoridad militar” y “falsedad ideológica” (segundo hecho) y “abuso de autoridad militar” y “coacción” (tercera).
Descripción
Con detalle, el fiscal federal cordobés indica que el 17 de mayo del 2024, entre las 11 y las 12, dentro del predio conocido como “La Mezquita”, ubicado frente al regimiento (camino a La Calera), el teniente coronel Poma, el mayor Paván y el cabo primero Ortega “junto con otras personas no determinadas hasta el momento habrían abusado de su autoridad y jerarquía lesionando físicamente” a 35 soldados (que identifica sólo con sus iniciales).
Señala que estos subordinados “se colocaron bajo la órbita de los nombrados a los fines de ser sometidos a un presunto rito de ‘bautismo’ por haber egresado del curso de formación”. Así describe este primer hecho indicando que los soldados se arrodillaron frente a los tres instructores, “quienes a viva voz les habrían gritado ‘¡paracaidistas!’, a lo que las víctimas debían responder gritando ‘¡siempre!’, de manera tal que debían dejar su boca entreabierta, momento en el cual Poma, Paván, Ortega y otras personas aún no determinadas hasta el momento les habrían arrojado cal viva y sidra, lo que les provocó quemaduras externas e internas en piel, mucosas, vías respiratorias y demás lesiones por determinarse en la instrucción”.
Luego relata que “los afectados fueron conducidos por los imputados hacia el baño del regimiento, donde habrían sido inducidos a lavarse la cara y bañarse, lo que habría provocado un empeoramiento de los síntomas en virtud de las características químicas de la cal viva”. Por esto, tras ser derivados al hospital Militar, “al menos siete soldados debieron ser internados”.
El segundo hecho sostiene que, desde el día siguiente, dentro del regimiento, el mayor Paván, junto con alguien que no está identificado pero que sería “un abogado del Ejército, habrían abusado de la autoridad investida como miembros jerárquicos e instructores del sumario administrativo”. Esto, debido a que, según el fiscal, actuaron “amedrentando a las víctimas para inducirlas a declarar hechos que no habrían sido contestes con lo efectivamente sucedido”.
La acusación añade que, en presencia de este abogado, Paván “habría indagado a las víctimas de manera reiterada e intimidatoria hasta obtener la respuesta deseada por ellos, la que fue consignada en las actas denominadas ‘Declaración jurada’ de los afectados”.
El instructor sostiene que este hecho “habría tenido como finalidad deslindar responsabilidades a los intervinientes y, como consecuencia, evitar su publicidad en el ámbito externo a la órbita castrense”.
El tercer hecho, presumiblemente ocurrido el martes 21 de mayo al mediodía, el mayor Paván “habría abusado de su autoridad amenazando y coaccionando a 35 soldados voluntarios” porque “les habría proferido de manera violenta y autoritaria que no hablaran de lo sucedido” y que, “de hacerlo, desprestigiarían o mancharían el nombre del regimiento a su orden”.
También se le adjudica a Paván que “habría amenazado con que, si escuchaba hablar a alguien sobre aquella situación, les propinaría una cachetada en la cabeza para que no lo haga” y que “él no tenía miedo de perder su grado o trabajo con tal de que nadie haga quedar mal al regimiento”.
La descripción de los hechos coincide en detalle con lo relatado a La Voz el miércoles por uno de los soldados “bautizados”.
Petri, contundente
En declaraciones a medios porteños, tras haber anunciado que 11 presuntos responsables de estas maniobras habían sido desplazados, el ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró: “Vamos a ser implacables con las medidas”.
El funcionario reiteró que los rituales de iniciación o “bautismos” están prohibidos desde 2022, luego de la muerte del subteniente cordobés Matías Chirino, en Paso de los Libres. Pero insistió en que, por no haber un conocimiento cabal de esa disposición, van a “modificar la norma para que esto no ocurra más”.
Con relación a las responsabilidades de echar cal viva a los paracaidistas egresados, Petri sostuvo: “Si fue un error o no, lo va a determinar la junta disciplinaria”.
Luego, fue dos veces categórico. Ante una pregunta respecto de si había sido un accidente o algo intencional, Petri indicó: “Para mí hubo intencionalidad”.
Finalmente, con relación a posibles sanciones tras la investigación administrativa, el ministro anticipó: “Si corresponde, se les dará la baja a los implicados”.
