Al imputar a tres militares del Tercer Cuerpo de Ejército, el fiscal federal N° 2 de Córdoba Carlos María Casas Nóblega le pide al juez de instrucción local Miguel Hugo Vaca Narvaja que autorice una serie de medidas para profundizar la investigación del “bautismo” de 35 paracaidistas egresados a quienes se les arrojó cal viva en la cara y dentro de la boca.
Más allá de lo que estime pertinente el magistrado, el fiscal le pide al principio medidas “de rigor” como la citación de los tres imputados integrantes del Regimiento de Infantería Paracaidistas N° 14 “General Balcarce”, con sede en el kilómetro 9,5 del camino a La Calera: el teniente coronel Exequiel Poma, el mayor Eduardo Paván y el cabo 1° Mario Ortega. Los tres deben ser indagados por los delitos de “abuso de autoridad militar” y “lesiones leves”.
En el caso de Paván, también se le adjudica otros dos hechos de “abuso de autoridad”, más “falsedad ideológica” y “coacción. Esto, tiene que ver con la presunta presión a las víctimas al hacerlas declarar en el sumario administrativo y por expresiones en los que los habría amenazado para que no hablaran o no divulgaran “puertas afuera” lo sucedido.
Siempre teniendo en cuenta lo que significa indagar a militares, pide al juez que además de sus antecedentes se solicite al área de Personal del Ejército Argentino “copias de las actuaciones administrativas labradas” por el “bautismo”. También, Casas Nóblega pide a esa dependencia que le remita “los legajos personales de los imputados, incluyendo sanciones que hubieran percibido en sede administrativa” por estos hechos.
Por otra parte, entre las medidas para profundizar la prueba que tiene hasta el momento, el fiscal pide la citación de una mujer (CEH), quien sería la persona que captó el video que este diario difundió y en el que se muestra cómo se produjo el “bautismo”.
Además, pide citar a los siete soldados -con sus iniciales- que mayores consecuencias sufrieron por haber sido expuesto a la acción de la cal viva. Son quienes quedaron internados en el Hospital Militar la tarde del 17 de mayo pasado, tras el ritual ocurrido antes del mediodía.
Por otra parte, no precisamente como medida de prueba sino para permitir que la investigación no sea entorpecida, se pide al juez que “se arbitren las medidas para notificar y solicitar” al regimiento “que cesen las conductas intimidatorias e instigadoras en perjuicio de las victimas -soldados voluntarios- que han sido damnificados” para que “puedan continuar desarrollando normalmente sus tareas”.
Además, para contribuir al esclarecimiento de los hechos, el fiscal instructor pide que se oficie al Ministerio de Defensa de la Nación para que remita la resolución o resoluciones con la nómina de los 11 militares suspendidos a partir de la investigación administrativa interna.
