En la causa que surgió como derivación de la megaevasión tributaria que involucró a compañías y a contadores, dos empresarios fueron procesados en Córdoba por presunto lavado de fondos de la venta de agroquímicos falsos y otros posibles delitos, quizá vinculados a las ganancias del narcotráfico de la banda rosarina Los Monos, la comercialización de joyas robadas o la circulación de dólares apócrifos.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Córdoba, integrada por Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, revocó la falta de mérito dictada por el entonces juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro (hoy jubilado), en contra de Diómedes Manuel Carbone y Sergio Gabriel Sosa como coautores de lavado de activos agravado, y ordenó, en cambio, su procesamiento como coautores de lavado.
Los camaristas, asimismo, revocaron la falta de mérito de Carbone, Gabriel “Pollo” Guzmán, Darío Vidal, Jerónimo Hidalgo y Mauricio Iturraspe, y los procesaron como coautores de tráfico de sustancias peligrosas para la salud y falsificación de marca registrada.
Confirmaron, a su turno, la falta de mérito de Carbone, Guzmán, Sosa, Vidal, Marcelo Rubén Gaido, Hidalgo y Dante José Ismael Urtasun (por asociación ilícita); Sosa, Gaido, Mauricio Pladena y Diego Gastón Oxandaburu (por tráfico de sustancias peligrosas para la salud y falsificación de marca registrada), y de Gaido, Guzmán y Francisco Rafael “el Gringo” Lapiana (por lavado agravado).
En cuanto a los delitos atribuidos por el fiscal N° 1, Enrique Senestrari, el juez subrogante N° 1, Alejandro Sánchez Freytes, deberá profundizar la investigación para definir rápidamente su situación procesal.
Agroquímicos y propiedades
El fiscal Senestrari endilgó a Carbone, Guzmán, Sosa, Vidal, Gaido, Hidalgo y Urtasun haber conformado una banda delictiva que habría operado antes de agosto de 2021 para vender, distribuir y almacenar sustancias peligrosas.
De acuerdo con la hipótesis acusatoria, habrían adquirido agroquímicos para luego manipularlos para su comercialización, utilizando indebidamente marcas comerciales.
Los sospechosos habrían insertado de manera fraudulenta etiquetas y embalajes de marcas y denominaciones comerciales como Spider, Texaro, Acurón, Coragen, Escapas, Boral, Autoriti, Mirai y Lanther, entre otras, para su venta como si fuesen seguros.
Como parte de la presunta operatoria, Senestrari sospecha que la asociación habría falsificado dólares y emitido cheques apócrifos que habría endosado con la firma de diferentes empresas para ganar tiempo y conseguir efectivo. Luego habría puesto en circulación dólares falsos y cheques “truchos” para financiar así sus actividades ilícitas.
Respecto de Carbone, el fiscal ya había puesto la lupa sobre él y su familia, ya que, según estimó, montaron en Rosario una “fábrica” de pesos y de dólares apócrifos para comercializar y distribuir el dinero a “proveedores” en Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires y Córdoba.
Como líder, Carbone habría falsificado y coordinado la recepción de los pagos a cambio de la entrega como delivery de encomiendas con dinero falso a “clientes”, entre ellos Arturo Ramón Rossi, un comerciante de Arroyito.
Los investigadores pudieron establecer el nexo entre Rossi y Juan “el Francés” Viarnes, quien habría actuado como comprador.
Tras recibir de los Carbone U$S 389.100 y $ 36.200 en Arroyito, Rossi se reunió con Viarnes y con Gabriel Osvaldo “Gordo Gaby” Ludueña, presunto líder narco, supuesto “mediador” de la operatoria.
La “ruta” de los dólares falsos llevó hasta la casa de Viarnes, en barrio Urca, de la ciudad de Córdoba, donde fueron secuestrados.
“El Francés” se autoincriminó y apuntó contra Drogas Peligrosas de la Policía provincial por la presunta fabricación de operativos contra traficantes, en los que fungía como informante encubierto y testigo oficial.
A partir de allí, salió a la luz la causa que perfiló el “narcoescándalo” y que provocó un sismo en la Policía, con la posterior caída del entonces jefe de Drogas, Rafael Sosa.
El comisario había dispuesto la actuación de Viarnes como “agente encubierto” en una investigación contra Ludueña, a quien le secuestraron 15 kilos de cocaína. La causa, posteriormente, fue anulada por el rol ilegal de Viarnes.
Agroquímicos y Corphone
Ahora, en la causa agroquímicos falsos y presunto lavado, con los fondos obtenidos la banda habría adquirido bienes y sociedades –el call center Corphone–, a la vez que habría realizado operaciones inmobiliarias, según la investigación de Senestrari.
Esas inversiones le habrían reportado más ganancias: dinero en efectivo, vehículos, departamentos, locales comerciales, hoteles, lotes y otros inmuebles, principalmente en Villa Carlos Paz y en Córdoba.
El fiscal sindicó a Carbone y a Guzmán como los presuntos jefes de la organización (habrían sido socios en el negocio ilícito de los agroquímicos) y quienes daban las órdenes a Sosa, Gaido, Urtasun, Vidal e Hidalgo (estos últimos dos habrían sido vendedores y acopiadores de las sustancias).
Por fuera de la estructura, según la acusación, habrían colaborado otros sospechosos: Walter Alejandro “el Ruso” Pare (prófugo), Lapiana, Ricardo Sánchez (no indagado ni resuelta su situación procesal). También otras dos personas: “el Zurdo” y su hermano Juan “Michi” (se investigan sus identidades), como “financistas”.
En la trama, el instructor apuntó a Iturraspe (habría sido proveedor/fabricante para Carbone y Guzmán), Pladena y Oxandaburu y Jorge Gustavo Cervato (sobreseído por fallecimiento) como los supuestos proveedores de las sustancias.
Sin embargo, Bustos Fierro les dictó la falta de mérito por asociación ilícita (hecho primero), ahora confirmada por la Cámara.
“Si bien entiendo acreditado que algunos de los imputados por este hecho primero habrían participado de la venta y el acopio de fertilizantes y herbicidas adulterados y falsificados (Carbone, Guzmán, Vidal, Hidalgo e Iturraspe) –hecho segundo–, y que otros de ellos habrían intervenido en el delito de lavado de activos agravado (Carbone y Sosa) –hecho tercero–, no encuentro una vinculación o asociación entre todos ellos para cometer algunos de los delitos que el fiscal señala, como puesta en circulación de moneda falsa y falsificación de cheques, circulación de bienes de procedencia dolosa y tráfico de influencias”, advirtió Sánchez Torres.
El camarista entendió que no existen “elementos probatorios de peso” que vinculen a Guzmán con la toma de decisiones en Corphone, ni a Sosa y a Gaido con la venta de agroquímicos. Tampoco halló pruebas contundentes que permitan afirmar la supuesta connivencia para la puesta en circulación de dólares apócrifos y la falsificación de cheques.
Sostuvo, asimismo, que las numerosas conversaciones entre los imputados sobre operaciones de compraventa de inmuebles, cheques devueltos, financieras y “cuevas”, cambio de divisas ilegales y transferencia y compra de vehículos son “aisladas”, sin poder ser corroborada la consumación de delitos, por lo que deberá profundizarse la investigación.
Respecto del hecho segundo (sustancias adulteradas), para el camarista el galpón de Hidalgo en Rosario habría sido utilizado para almacenar los agroquímicos adulterados, comercializados y acopiados por Carbone, Guzmán, Vidal e Hidalgo, que habrían sido comprados a Iturraspe.
En una conversación, de hecho, Carbone le mencionó a Vidal los “bidones truchos” que ellos manejaban.
La sospecha del lavado
Respecto del hecho tercero (lavado agravado), Sánchez Torres –con la adhesión de su par, Navarro– revocó la falta de mérito de Carbone y de Sosa y los procesó. No así de Gaido, Guzmán y Lapiana, a quienes les confirmaron la falta de mérito.
El fiscal sostuvo que la banda –para la Cámara no se pudo probar, por ahora, que hubiera una asociación ilícita– habría invertido las ganancias de las presuntas ventas de agroquímicos falsos y de la puesta en circulación de cheques y de dólares en el mercado empresarial e inmobiliario.
Por otro lado, para agosto de 2021, aproximadamente, “el Ruso” Pare (prófugo) y “el Gringo” Lapiana habrían recibido bienes provenientes del narcotráfico de Los Monos que habrían sido utilizados para “financiar” la actividad delictiva de la asociación ilícita aludida por Senestrari.
Los supuestos “financistas” “Zurdo” y “Michi” habrían obtenido ganancias gracias a las intimidaciones –con armas de fuego y amenazas– que habrían ejercido contra residentes de diversas propiedades localizadas en Córdoba. También habrían amedrentado a otros para que se las vendieran a un precio muy inferior.
Paralelamente, el fiscal apuntó contra Ricardo Sánchez, a quien le endilgó haber obtenido ganancias de la venta de joyas de oro robadas.
Tanto “Zurdo” y “Michi” como Sánchez luego habrían entregado a los imputados principales el dinero y los vehículos a cambio de que se los devolvieran con un interés.
Los sospechosos principales habrían invertido esos bienes en la compra de Corphone y también en distintos negocios inmobiliarios en Córdoba y Santiago del Estero. Habrían adquirido la participación societaria de Cristian Debarre, exapoderado de Corphone detenido en marzo, mediante el pago de U$S 80 mil y de moratorias por deudas impositivas con fondos que habrían surgido de las actividades ilícitas mencionadas.
Posteriormente, Debarre resultó beneficiado por la extinción penal por pago de la evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas, en el marco de la causa “madre” o megacausa (la cifra de facturación falsa en ese momento se estimó en más de tres mil millones de pesos).
El fiscal sospecha que pagó la deuda con dinero de la venta de Corphone a Carbone.
Por estas horas, la Cámara revocó el beneficio de extinción por pago y reanudó la acción penal no sólo para él sino en contra de Sosa. A su vez, revocó su sobreseimiento y procesó a Debarre por presunto partícipe necesario de asociación ilícita fiscal.
La acusación ubicó a Sosa y a Gaido a cargo de la “administración formal” de Corphone, bajo la supervisión de Carbone y de “Pollo” Guzmán, quienes habrían llevado adelante “la gestión en la práctica” y “ocultando ante el fisco su condición de responsables de la empresa.
De este modo, habrían usado la compañía para acreditar cheques de su actividad con agroquímicos y para presuntamente “financiar” actividades inmobiliarias. Sosa y Gaido habrían vendido agroquímicos y habrían intervenido en las operaciones con inmuebles.
Senestrari advirtió la adquisición de un loteo en Alta Gracia y de una casa en Bialet Massé, Córdoba. Este último inmueble fue registrado a nombre de “Chiche”, quien habría oficiado como testaferro. Luego lo habrían intentado vender para fondear el negocio de los agroquímicos y de Corphone.
En Santiago del Estero, algunos sospechosos habrían entregado una Toyota Hilux, cheques y efectivo de Corphone a una suerte de “operador inmobiliario”, conocedor de campos de gran superficie en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Catamarca sin derecho de dominio pleno o con inconvenientes registrales.
El “operador” al parecer se habría encargado de garantizar su posesión efectiva mediante intimidaciones para luego obtener los permisos de deforestación a fin de venderlos con papeles falsos.
Los camaristas concluyeron que Carbone, Sosa y Gaido formaban parte de Corphone y recibían el asesoramiento de Urtasun (no imputado por lavado). Para la Afip, Sosa era un “prestanombre”, sin capacidad económica para haber adquirido Corphone, a pesar de que un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) lo ubicaba como un empleado y presidente.
Sosa habría sido, incluso, el representante legal (apoderado) y firmante de una cuenta de Corphone en un conocido banco, en el que se habrían registrado depósitos por más de $ 150 millones entre 2017 y 2021. Además, habría sido el firmante y representante de Corphone en otra entidad.
Se investiga aún si Sosa aportó fondos propios no declarados para integrar Corphone o si era sólo un prestanombre utilizado por Carbone para canalizar los fondos ilícitos obtenidos mediante la venta de agroquímicos u otra actividad delictiva. “Tanto de las conversaciones telefónicas como de las pruebas documentales se encuentra acreditada su participación (la de Sosa) en la firma y el conocimiento de las operaciones de lavado de activos que se llevaban a cabo utilizando la empresa”, indicaron los vocales.
Carbone –no registraba actividad declarada– le dijo a su pareja que las dos empresas que tenía estaban facturando bien, que era un negocio legal y que eso le iba servir para “blanquear” todo lo que tenía. “Tanto Sosa como Carbone no contaban con actividad lícita declarada que les permitiera contar con los fondos necesarios para adquirir Corphone, por lo que se presume que para ello habrían utilizado fondos espurios”, indicaron los jueces.
En paralelo, Carbone habría lavado dinero con la compra de propiedades a nombre de terceros (la casa de Bialet Massé, a nombre de “Chiche”). “Chiche” señaló a Carbone que, si bien la propiedad está a nombre de él, era suya (de Carbone). En el expediente, figura otro hombre (no imputado) que habría actuado como testaferro de Carbone, quien figuraba como titular del capital social de Servicio Integral Carbone SAS, con su madre como administradora.
“Carbone utilizaba las sociedades que integraba (Corphone y Servicio Integral) para poner bienes a nombre de las mismas”, indicaron los camaristas.
“Salieron datos de que Carbone manejaba plata de la banda de Los Monos. Eso hace sospechar que toda o parte de la plata, que es sí o sí ilegal, usada para la compra de Corphone pudo haber venido de Los Monos”, indicó el fiscal en marzo pasado.
