Las recientes novedades respecto de la investigación de presuntas irregularidades en torno al concurso para adjudicar el cargo de auxiliar de la defensa pública en la Justicia penal motivan la reflexión respecto de cuál es el bien afectado.
Si se comprueba que hubo una filtración de las preguntas del examen a cuatro empleadas que alcanzaron los cuatro mejores lugares en el escalafón de una prueba escrita, está claro que el resto de los concursantes se ven perjudicados por lo que habría sido una maniobra tramposa. Beneficiar a algunos es, muchas veces, en desmedro de otros, en especial cuando hay un cupo.
De comprobarse lo que se investiga a partir de una denuncia del gremio de trabajadores judiciales, la primera impresión es que quienes consiguieron el lugar de privilegio con métodos indebidos iban a dejar afuera a cuatro personas que habían alcanzado mérito para hacerse del cargo público. Estamos hablando de un cargo que se remunera hoy con varios millones de pesos por mes.
Además de los beneficios que habrían obtenido quienes habrían apelado a la trampa, quedaría por evaluar qué ganó quien les habría suministrado la prueba y otros favores por anticipado. No obstante ese beneficio personal, el facilitador es también responsable de la mala suerte de quienes quedan postergados.
Pero más allá de los perjuicios ocasionados a quienes participan de buena fe y se ven defraudados por algo a lo que no tienen acceso, y muchas veces tampoco conocimiento, la principal afectación de este tipo de maniobras en un concurso de Tribunales es la lesión que se provoca a la fe pública.
Independientemente de los perjuicios a los particulares, el agravio es institucional, porque se ve erosionada la confianza en un instrumento que es orgullo de la Justicia provincial y que desde hace años es el principal resguardo de transparencia en el acceso democrático y por mérito a los cargos.
Desde que comenzó este affaire, se viene mencionando que todos buscan proteger la buena salud de una herramienta que distingue al Poder Judicial cordobés, algo que muy pocas provincias tienen. Ni siquiera la Justicia Federal dispone de un sistema reglado de ingreso a los cargos público.
Lo defiende el gremio que denunció y también lo hace el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que inició la inmediata investigación. También parece hacerlo el Ministerio Público Fiscal, que sin dilación alguna dio órdenes al fiscal Enrique Gavier para que evalúe si hay delito en la conducta del defensor público Eduardo Santiago Caeiro y de las empleadas judiciales Paz Sonzini Astudillo, Mariana Lorenzatti, Ana Ruiz Tamagnini y Florencia Zuliani.
Más allá de la retórica de querer ir hasta las últimas consecuencias en la investigación, surgieron dudas desde numerosos sectores. No siempre es fácil despejar la sospecha de que se pueda estar protegiendo a alguno de los investigados.
La elección de Gavier para determinar si existe delito acaso sea una muy buena decisión para despejar dudas. A muchos les resulta tranquilizadora la idea de que la investigación la haga alguien nada permeable a eventuales presiones y a quien no le tembló el pulso a la hora de imputar a empresarios, funcionarios y miembros de fuerzas de seguridad.
