Luego de que a fines del año pasado la fiscal de Deán Funes Fabiana Pochettino morigeró las imputaciones para cuatro de los cinco policías acusados de haber participado de un caso de “gatillo fácil” en la población de Paso Viejo, en el norte cordobés, ahora la Cámara del Crimen de Villa Dolores ordenó la liberación de unos de los uniformados.
La resolución generó expectativa en el resto de los defensores de los otros tres policías que no están imputados de manera directa por el crimen, ya que se aguardan fallos similares para los próximos días.
O sea, es posible que sólo quede detenido el agente acusado de haber sido el autor material del crimen,
Se trata del “gatillo fácil” policial ocurrido en la madrugada del domingo 25 de octubre pasado en ese pequeño pueblo ubicado en el departamento Cruz del Eje.
Joaquín Paredes (15) fue asesinado de un balazo policial en la espalda.
Su crimen, según la fiscal, se produjo en el marco de una desmedida reacción policial contra jóvenes que estaban en la plaza pese a las restricciones impuestas por la cuarentena a raíz del coronavirus. Al menos otros dos jóvenes de 14 años resultaron heridos por policías. Todos los adolescentes estaban desarmados, según contaron testigos.
El principal acusado es el policía Maykel Mercedes López, quien está señalado de haber sido el autor material del crimen de Joaquín. El uniformado está imputado por el delito de homicidio doblemente calificado, por el uso de arma de fuego y por su condición de policía. Además, está preso por tentativa de homicidio calificado (otro adolescente fue herido de un disparo) y por abuso de autoridad.
Según la fiscal, López habría sido el único que disparó balas de plomo con su pistola. Lo acusa de haber efectuado siete disparos.
En tanto, los efectivos Ronald Fernández Aliendro, Enzo Ricardo Alvarado, Iván Alexis Luján y Jorge Luis Gómez deben responder por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Las imputaciones fueron fijados por la fiscal a fines de diciembre. Ante esto, los abogados defensores de estos últimos cuatro policías comenzaron a presentar diferentes recursos para solicitar que continuaran el proceso en libertad, ya que la figura penal contempla una pena que, en caso de condena, será de cumplimiento condicional.
Ante esto, el miércoles último, la Cámara del Crimen de Villa Dolores, que comenzó a intervenir en este expediente luego de que se apartó la Cámara de Cruz del Eje, ordenó la inmediata liberación del policía Ronald Nicolás Fernández, bajo una fianza de 200 mil pesos.
Su abogado, Carlos María Cardeilhac, valoró esta decisión: “Los delitos que se le imputan tienen una pena de dos años y ocho meses de prisión, lo que significa que, en un hipotético juicio, en caso de condena va a ser de cumplimiento condicional, lo que significa que la pena no va a ser efectiva. Esto pone en evidencia que no hay ningún riesgo procesal”.
