El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba dio marcha atrás con el aumento del 50 por ciento para la tasa que debe abonarse para litigar, según lo había dispuesto en diciembre para el ejercicio 2026.
Los vocales del TSJ dictaron su primera acordada del año y mantuvieron en el 2 por ciento la Tasa de Justicia que los particulares abonan al iniciar un proceso según el monto de la demanda.
Esto motivó la solicitud del Alto Cuerpo al Ministerio de Justicia y Gestión Pública provincial para que readecúe en el 2 por ciento -y no en el 3 por ciento como fue previsto- el monto a cobrar de alícuota para este tipo de trámites.
El requerimiento fue atendido por el Ejecutivo y fue publicado, en ese sentido, en el Boletín Oficial del pasado 3 de febrero.
La Voz había publicado el pasado 3 de enero el aumento que significaba un 50 por ciento de un año a otro, según lo que se venía cobrando en 2025.
Ante esto, se conoció que en las últimas semanas el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, realizó gestiones ante el TSJ en las que manifestó el desacuerdo por la suba de esa tasa.
Al iniciar febrero, los vocales del TSJ fueron receptivos a los reclamos y enviaron el requerimiento al Ejecutivo para hacer la corrección. Días después, se conoció que la tasa se mantiene en el 2 por ciento.
Luego de que Bittar manifestara su “contundente rechazo” al incremento de la alícuota, al conocerse el resultado de la gestión la entidad colegiada publicó un comunicado en el que manifiesta: “La medida se fundamenta en la necesidad de atenuar las cargas económicas que afrontan quienes acuden al sistema judicial, en línea con los principios de razonabilidad y equidad, y con el objetivo de garantizar de manera más efectiva el derecho constitucional de acceso a la Justicia”.
El presidente del Colegio señaló luego su satisfacción porque los abogados fueron escuchados y debido a que se resolvió dar marcha atrás con el incremento. De igual modo, destacó la receptividad de los vocales del Alto Cuerpo.
Al momento de realizar la primera publicación, La Voz intentó consultar los fundamentos del aumento, pero no obtuvo respuesta del administrador del Poder Judicial, Augusto Bartolomei, designado ad hoc por el TSJ para ser vocero, pero este no respondió al contacto periodístico.
La Tasa de Justicia es el pago que realiza el ciudadano por algunos servicios prestados por el Poder Judicial. Los fondos se depositan en una cuenta especial que administra el TSJ que sólo puede utilizarlos para gastos de funcionamiento. De ningún modo, este concepto se usa para atender cuestiones salariales.
Hasta el ejercicio anterior, la tasa de Justicia representaba aproximadamente un 3,55 por ciento del presupuesto del Poder Judicial. Sólo por este concepto, la Oficina de Presupuesto informó en 2024 que se recaudaban 21.600 millones de pesos.
