Mientras varios de los siete imputados de integrar una banda acusada de cobrar altas sumas de dinero a comerciantes para extender habilitaciones truchas ya pidieron declarar y “contar su verdad” ante el fiscal, la investigación judicial avanza en varios frentes.
La causa ha sido bautizada en Tribunales II como el “caso de los bomberos”, dado que tres de los principales acusados se desempeñaban en esta fuerza que depende de la Policía de Córdoba. En lo legal, está caratulada como asociación ilícita.
Este viernes, se refirió a este grave caso, el intendente de la Capital, Martín Llaryora, quien se encuentra en Roma y participó de un encuentro protocolar con el Papa Francisco. Luego de reiterar que la Municipalidad pidió ser querellante (lo había adelantado el viceintendente, Daniel Passerini), reiteró que pedirán que se investigue “hasta las últimas consecuencias”.
“No solo estafaron a algunas personas, sino a todos los cordobeses. Esperamos que la Justicia vaya a fondo. Nosotros ya veníamos trabajando en la simplificación de trámites y en ese sentido con la transformación digital se ha avanzado”, dijo Llaryora en el programa El Show del Lagarto, por ElDoce.tv.
“Quiero destacar a este bombero que denunció, que tuvo el coraje de hacerlo. Y hay algo que tiene que quedar en claro, no porque uno esté involucrado lo está toda una institución como los bomberos”, dijo.
“Nosotros vamos a defender los trámites administrativos que estamos haciendo, de manera digital, todo eso evita la corrupción. Casi el 80% de los trámites de la Municipalidad son integrados de manera digital”, finalizó.
Causa Bomberos: cómo está la investigación en la Justicia
Pese al secreto de sumario, se sabe que el fiscal Guillermo González y su equipo de trabajo analizan la prueba recolectada en los distintos allanamientos, al tiempo que ya descubrieron unas 30 habilitaciones irregulares a locales de Córdoba y se están tomando numerosos testimonios.
Entre quienes están declarando, cobran relevancia varios comerciantes que aseguran haber pagado por actas que eran truchas pero sin saber que lo eran, según trascendió. No está claro si serán imputados o si serán tomados como damnificados.
Los pesquisas entienden que la operatoria delictiva lleva varios años de existencia en Córdoba. “Creemos, suponemos, que hay cientos, miles de habilitaciones irregulares. Pero hay que detectarlas fehacientemente. Es mucho lo que se está investigando”, comentó una fuente de la causa.
“Estamos en presencia de la punta de un iceberg. Las detenciones fueron adoptadas porque se temía que pudiera producirse un nuevo Cromañón”, añadió otro informante.
Hasta ahora se ha detectado alrededor de una treintena de habilitaciones truchas de bomberos para sucursales de supermercados, concesionarias de autos, consultorios y hasta complejos deportivos. No se han detectado boliches o bares, como se temía. Esto no quiere decir que no puedan surgir.
La causa avanza y se esperan nuevas imputaciones.
En ese marco, surgió que, además de analizar a más personal de bomberos, también está bajo la lupa el rol que habrían tenido funcionarios o empleados de la comuna en este accionar. No se descarta que puedan ser acusados empleados o detenidos.
El punto es gravitante si se tiene en cuenta que, en paralelo, la Municipalidad de Córdoba insiste en que quiere ser querellante en esta compleja causa. El pedido podría ser aceptado por la fiscalía, según se escuchó en Tribunales II. Voceros judiciales indicaron que se puede aceptar la participación de la comuna como querellante y, en paralelo, avanzar también sobre personal municipal.
No se descarta que puedan ser imputados incluso particulares.
Por lo pronto, varios de los acusados ya pidieron declarar ante el fiscal González y dar su versión.
Las indagatorias serían realizadas en Tribunales II de manera presencial la semana próxima. Los acusados, por ahora, no irán a la cárcel de Bouwer, según trascendió. Seguirán alojados en el Establecimiento Penitenciario N° 9 (la UCA).
Los imputados por presunta asociación ilícita son los exbomberos Julio Zárate (55) y Eduardo Arturo Rivero (58); el bombero en funciones Marcos Fernando Lúquez; el policía Leonardo Gorosito (trabajaba en Subjefatura de Policía), y los especialistas en seguridad e higiene Félix Rafael Calama (56), Mario García (48) y Roque Javier Olmedo (48).
