La fiscal del 2° Turno de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba, Valeria Rissi, elevó a juicio la causa conocida como “Grupo Roma”, que involucra a nueve acusados de asociación ilícita y estafas reiteradas por las actividades de una financiera familiar que ofrecía “tentadoras” operaciones de venta de dólar futuro y depósitos a plazo fijo con elevados intereses.
Los citados a juicio son los miembros de un grupo familiar: Miguel Ángel Hinga (60); sus cinco hijos, Franco Jeremías “Jere” Hinga (35), Sandro Isaías Hinga (33), Darío Miguel Hinga (30), Brandon Xavier Hinga (24) y Lourdes Roxana Hinga (21), además de Stefanía Jaquelina Destefani (27), Adam Víctor Guaglianone (64) y Lucía Nabila “Lolo” Juri (31).
La acusación de la fiscal Rissi sostiene que “Franco Jeremías Hinga ideó la manera de obtener un rédito económico indebido a partir de una maniobra delictiva consistente en defraudar a personas” con la “compra de moneda extranjera a plazo, a un precio inferior que el del mercado e inversiones en plazo fijo a una tasa de alto rendimiento con retornos mensuales extraordinarios en concepto de intereses por el uso del capital”.
Los contratos de mutuo celebrados para esos depósitos proponían que, al vencimiento del plazo, “se podía optar por el retiro del capital o bien su reinversión para generar mayores ganancias”.
Pero la fiscal aclara luego que esos contratos se firmaban con los ahorristas “a sabiendas de que, en función de la naturaleza y de la volatilidad de dichas operaciones, no se podrían satisfacer los compromisos pactados tanto con relación a la restitución del capital como al pago de sus respectivos intereses”.
El conocimiento previo del dolo de estafar –de los acusados– al contraer los compromisos hace que la fiscal acuse a los nueve de asociación ilícita –con diferentes grados de responsabilidad– y de 50 estafas reiteradas en este tramo que se eleva a juicio.
Además, hay otros 180 casos que se están analizando y que serían enviados a debate en los próximos meses.
Una modalidad similar a la de Adhemar
Desde fuentes cercanas a la investigación indicaron que esta causa guarda similitudes en su modalidad de estafa con la del caso de la financiera Adhemar (en barrio Cerro de las Rosas y en las provincias de Catamarca y de Tucumán), que también tramita Rissi. En ese sentido, Roma era un grupo que se presentaba como una financiera a través de la cual captaban interesados en efectuar operaciones que denominaban como compras de dólar a plazo o contratos de mutuo, por los que quien aportaba el dinero inmovilizaba el capital pero recibía a cambio altos intereses mensuales. Para esto, se generaba una supuesta inercia financiera que se pagaba con las inversiones que realizaban quienes iban ingresando al negocio. No era más que un esquema Ponzi, o piramidal.
El padre de los cinco hermanos, Miguel Ángel Hinga, estaba encargado de la suscripción de los contratos, pero los cerebros del grupo eran sus hijos Franco y Darío. Estos dos últimos permanecen detenidos, al igual que Destéfanis, pero por otra causa que se desprendió al tramitar engañosamente su prisión domiciliaria.
Esos grados de responsabilidad en la asociación ilícita están distribuidos de la siguiente forma, según el pedido de elevación a juicio de la fiscal de Delitos Complejos: a Franco Jeremías Hinga y a Darío Miguel Hinga, la fiscal los acusa como organizadores de la agrupación delictiva, más los 50 hechos de estafa; a Stefanía Jaquelina Destefani le asigna ser miembro de la asociación y 12 defraudaciones; a Lourdes Roxana Hinga, miembro y seis hechos; a Miguel Ángel Hinga y a Sandro Isaías Hinga, miembros y 29 estafas; a Adam Víctor Guaglianone, miembro y siete hechos; a Lucía Nabila Juri, miembro y una estafa, y a Brandon Xavier Hinga, sólo la acusación de miembro del agrupamiento ilegal.
En esta causa patrocinan a la mayoría de los denunciantes dos abogados, Carlos Nayi y Francisco Socco, cada uno con más de un centenar de ahorristas damnificados.
Nayi indicó a La Voz que el Grupo Roma se comportaba como una “maquinaria delictiva compleja” con “división de roles y asignación de tareas” e insistió en que, desde el comienzo, los acusados “sabían que no cumplirían”.
Con relación a los acusados, Nayi señaló que se trata de “impostores que se aprovechan del estado de vulnerabilidad de numerosos ahorristas”.
Señaló el querellante que sus representados fueron defraudados “a cambio de la promesa, de una mise en scéne (puesta en escena)” que incluía “el mensaje de un impostor”.
Se desprendió otro juicio
Esta causa tuvo además un desprendimiento a raíz de que una de las detenidas (Stefanía Destéfanis) pidió la prisión domiciliaria por un supuesto retraso madurativo de una hija. Presentaron un certificado médico que la fiscalía determinó que era falso, lo que provocó la detención del abogado patrocinante Carlos Miguel Argüello; de la madre de la imputada, Analía Yolanda Díaz, y de la supuesta autora de la falsificación, la psicopedagoga María Laura Quiroga.
Esta última habría usado firma falsa y sello de la psiquiatra Natalia Roca, del hospital Privado.
A esta psicopedagoga, a su vez, se le adjudicaron otros dos hechos, uno por tener en su poder recetas médicas en blanco con el sello de la misma psiquiatra, y el otro por defraudar a obras sociales con la facturación de prestaciones que no habría hecho.
La causa contra los tres acusados –el abogado Argüello, Díaz (madre de Destéfanis) y la psicopedagoga Quiroga– también fue elevada a juicio por Rissi y recientemente recibió confirmación del Juzgado de Control.
