Llegó el día. Este lunes, a las 10, en los Tribunales de Río Cuarto, se realizará la primera audiencia del juicio por el asesinato de Nora Dalmasso de Macarrón (51).
El 25 de noviembre del 2006, después de las 3.15 de la madrugada, la mujer fue asesinada en la cama de su hija en su casa de la Villa Golf. La estrangularon con el cinto de su bata de toalla. Fue encontrada desnuda, con las piernas abiertas, el cuerpo semi tapado, las joyas puestas, en una habitación muy ordenada. Sin signos de defensa ni de lucha.
Su viudo, Marcelo Macarrón, que al momento del crimen estaba en Punta del Este, es el único imputado como presunto autor intelectual de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y precio o promesa remuneratoria”.
Será juzgado por la Cámara del Crimen número 1 y ocho jurados populares. La madre y el hermano de la víctima desistieron de la querella. La Fiscalía de Cámara está a cargo de Julio Rivero, el mismo que archivó las actuaciones contra policías acusados de recibir dádivas del ex vocero del viudo, Daniel Lacase.
Expectativa y silencios
Los hijos de Nora y Marcelo Macarrón llegaron en los últimos días a Río Cuarto para estar en el juicio. Deben declarar. Defienden a su padre. Pero nadie en la familia da notas a la prensa. Tampoco hablan las amigas de la víctima, ni el abogado del viudo, Marcelo Brito.
Hace más de dos años que la causa se elevó a juicio, hubo demoras en la conformación del Tribunal. En noviembre pasado, prescribió la posibilidad de perseguir penalmente a otras personas. El único que puede ser juzgado por el crimen es Macarrón.
El juicio, con más de 300 testigos ofrecidos, puede durar tres meses. Si el viudo llegara a ser declarado culpable, puede que no sea detenido de inmediato. Con el mismo criterio que utilizaron hasta hoy, podrían mantenerlo en libertad a la espera de que un Tribunal Superior se expida.
La ExSide y otras hipótesis
En estos quince años pasaron por la causa seis fiscales y fueron numerosas las hipótesis exploradas. Primero estuvieron Javier Di Santo y Fernando Moine. Enseguida descartaron el robo y un accidente en un juego sexual (nadie intentó desatar el nudo del cuello).
Un rumor instalado que sindicaba como amante de la víctima a Rafael Magnasco, ex asesor de Seguridad de la Provincia, disparó las lecturas políticas del caso. Se ofreció a hacerse un ADN y resultó el primer imputado.
En momentos en que se especulaba sobre supuestos amantes (Al decir de un forense, “una relación tipo ´ni´), se incorporó al fiscal Marcelo Hidalgo a la causa y con él, la hipótesis del ataque sexual de un trabajador. El pintor Gastón Zárate recién fue liberado tras la movilización popular “El Perejilazo”, con la que cayó también el Fiscal General de la Provincia.
Luego, las pericias genéticas (que demoraron años en el FBI) giraron la causa hacia el linaje Macarrón. Allí decidieron imputar al hijo. Cinco años fue perseguido.
Finalmente comprobaron que el ADN de la mayoría de las muestras era del viudo y el fiscal Daniel Miralles pensó en un vuelo nocturno desde Punta del Este a Río Cuarto y lo imputó como autor material. En la ciudad circularon versiones sobre una pista de avión tapada con tierra en un campo cercano.
Pero lo que alejó a Macarrón de la escena del crimen fue “la pericia del lavarropas”, una prueba que explica que su ADN en las sábanas podría deberse a que se lavaron junto con su ropa.
En los últimos años, tanto la madre de la víctima, Delia Grassi, como otros familiares insistieron en apuntar contra un empresario. La madre siempre habló de la existencia de “una mafia”, nunca investigada.
En el 2015 llegaron a la causa, de una Fiscalía Federal, escuchas de agentes de la ex Side. Aluden al móvil económico. “Aparentemente esta chiquita se habría enterado y que bueno (…) y que le habría dicho que solucione el problema este tipo y que no, bueno, este tipo no lo solucionó y de todo se encargaron ellos”, dice el registro.
Finalmente, los rumores instalados, la prolijidad de la escena del crimen y ciertos testimonios sobre la personalidad de Macarrón llevaron al fiscal Luis Pizarro a pensar en un crimen planificado, por encargo. Acusó al viudo y a “adláteres” que no identificó y que ya no pueden ser juzgados.
La última palabra está ahora en manos de ocho ciudadanos comunes.
