Una situación de apremio emocional vivió un abogado de Alta Gracia durante meses a raíz de amenazas que sufrió de un particular al que había demandado en un juicio laboral.
Ricardo Gabriel Ramella entabló una demanda laboral a Claudio Adrián Ramírez por el presunto despido de una empleada del comercio de este.
Las situaciones de hostigamiento en la vía pública y en espacios que solían compartir en la ciudad del Tajamar, generó una situación de intranquilidad a Ramella, su pareja y sus padres.
El caso llegó recientemente a la Justicia provincial y en los Tribunales de la ciudad de Córdoba se puso fin a la situación con la realización de un juicio abreviado que el fiscal de cámara Marcelo Sicardi acordó con el acusado Ramírez por una pena de ocho meses de prisión en suspenso, más una serie de condiciones a cumplir por quien admitió los cargos de la acusación, se mostró arrepentido por haber hostigado a Ramella en varias ocasiones y por un lapso prolongado.
El juez Roberto Cornejo convalidó el acuerdo y condenó a Ramírez según el alegato pronunciado por Sicardi.
En el juicio también estuvo presente Alejandro Javier Pissoni, representante gremial del Colegio de Abogados de Córdoba en la delegación Alta Gracia, entidad que se constituyó como parte a lo largo de este proceso y hasta el debate condenatorio.
Los hechos señalan que tras la demanda entablada por la disolución de un vínculo laboral de una empleada de Ramírez, Ramella trabó embargo a un vehículo del demandado, lo que habría sido motivo para la reacción injustificada de este.
En la vía pública hubo un primer acercamiento violento a raíz del cual el fiscal local Alejandro Peralta Otonello impuso una orden de restricción de acercamiento y contacto para evitar que Ramírez se aproxime o aborde a Ramella en los espacios públicos que podrían compartir en una ciudad que es como “un pueblo”.
A pesar de esto, se produjo el hecho que llegó a juicio, el 11 de setiembre de 2022, cuando en un boliche -donde había un recital de “el Loco” Amato- Ramírez se acercó al abogado y le lanzó una serie de expresiones intimidatorias, como: “qué mirás la concha de tu madre, te voy a cagar matando”, entre otras. Ramella se sintió atemorizado porque los dichos estaban acompañados de gestos y movimientos ampulosos con las manos en un recinto donde había ido para pasar un buen momento.
Tras esto, el fiscal Otonello imputó a Ramírez y días después lo detuvo por peligro procesal a raíz de que había mentido su domicilio.
Según comentaron a La Voz Ramella y su abogado (querellante) Lucas Lozano, el acoso continuó en varias oportunidades y en varios lugares de la ciudad, donde se aparecía el imputado en actitud desafiante o para mostrar su presencia, pese a que la tenía vedada.
Ramella debió dejar de hacer algunas actividades porque algunos amigos de Ramírez lo trataban mal y sus familiares sufrían porque él pasaba malos momentos en la calle en una ciudad donde “todos se conocen”.
Todo terminó cuando llegó el juicio hace unas semanas y se consiguó sentar a Ramírez en el banquillo de los acusados para reconocer sus errores.
Apoyo institucional
Muchas acciones hasta llegar al debate contaron con el apoyo del Colegio de Abogados de Córdoba que a través de su delegación local se constituyó en parte y realizó numerosos aportes para colaborar con la investigación.
El delegado Pissoni destacó que este proceso sirvió para escuchar a la víctima que puso en contexto los desbordes de un violento que perdió el control y hostigó a un abogado que “lo único que hizo es defender los intereses de una persona que está reclamando” un derecho laboral.
Ramella recordó que sus familiares -padres y pareja- sufrieron un padecimiento que hizo más profunda su preocupación.
El abogado que reprsentó a la víctima, Lucas Lozano destacó que en este juicio se consiguió una condena por amenazas vertidas en el marco del ejercicio de la profesión.
De visita a la redacción de este diario junto a un grupo de abogados que apoyó el proceso, el presidente del colegio profesional Eduardo Bittar destacó la actuación de Lozano que requirió su apoyo al comenzar el caso y de Pissoni a quien él solicitó actúe en Alta Gracia.
“La abogacía está de pie y tiene ojos en todos lados”, resumió Bittar, quien indicó que es la primera vez que el Colegio se constituye a través de Pissoni en parte para defender a un colega que sufre amenazas en el ejercicio de la profesión.
Las acciones se enmarcan en el Protocolo de Actuación en Casos de Violencia que indica cómo actuar cuando un abogado pasa por una situación de este tipo. “No puede ser que una de las partes esenciales del sistema judicial, el abogado, esté amenaza”, señaló Bittar.
El presidente de la entidad profesional completó: “Nuestra función es entender que es tan relevante la función, tan relevante la abogacía, que no podemos permitir amenazas”.
Junto al presidente Bittar se sumaron otros abogados que integran la conducción del Colegio de Abogados: Dania Villanueva, José D’Antona, Ariel Mohammad Navarro, Jorge Del Bianco y Lauro Cossar.
Dirigiéndose a sus colegas presentes, Ramella agradeció el apoyo recibido por “haber alcanzado la paz y la tranquilidad ante una situación agobiante desde el punto de vista laboral”. Añadió que se sintió “muy acompañado y defendido por la institución y sus miembros que realmente defienden el ejercicio de la profesión con mucha altura”.
