Múltiples operaciones bancarias por casi cuatro millones de pesos pusieron bajo la mira a un responsable operativo del Banco Nación de Adelia María, una pequeña localidad ubicada al sur de Córdoba.
El desvío de fondos que habrían terminado en su poder desencadenó su procesamiento y el de un presunto cómplice, y acaban de ser confirmados.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones, conformada por Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, validó así la resolución del juez de Río Cuarto, Carlos Ochoa.
Federico Daniel Tártara fue imputado como presunto autor del delito de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Su supuesto cómplice, Enrique Javier Nadal, fue procesado como partícipe necesario de defraudación.
Las operaciones sospechosas dentro del banco
En poco más de un año, entre noviembre de 2016 y diciembre de 2017, Tártara, entonces jefe de plataforma operativa del Nación, habría realizado 20 operaciones bancarias (seis débitos y 14 transferencias) por 2.950.998 de pesos desde dos cuentas (una del mismo banco) a su caja de ahorro.
Los desvíos de fondos a su favor fueron efectuados con su usuario del sistema informático del Nación y desde otro, correspondiente a otro empleado, en perjuicio del mismo banco.
Las maniobras fueron descubiertas en 2018 por una compañera de Tartara, quien lo estaba cubriendo por vacaciones. Notó movimientos inusuales en la cuenta sueldo de Tartara, pero al principio no sospechó porque hacía poco que había vendido una casa en Río Cuarto.
Pero, al profundizarse la investigación sobre su cuenta sueldo, descubrieron que las transferencias no provenían de Río Cuarto, sino de una cuenta interna del banco, lo que derivó en una auditoría formal.
También se detectó que habría desviado más fondos, pero en un lapso de tiempo anterior. Así es que descubrió que habría transferido, sin respaldo ni justificación, 884.068 pesos, entre abril de 2013 y marzo de 2016, a la caja de ahorro de Nadal, radicada en la sucursal del Nación en Río Cuarto (donde Tártara había trabajado antes de ser transferido a Adelia María).
Al ser consultado por el gerente, el subgerente y el tesorero, en enero de 2018, reconoció la autoría de los hechos (sin valor legal), rompió en llanto y se descompensó. El gerente se presentó en la Justicia federal y radicó una denuncia penal que recayó en el juez Ochoa.
El magistrado ordenó investigar el estilo de vida del bancario, que evidenciaba frecuentes salidas a los restaurantes más exclusivos de Río Cuarto, donde consumía bebidas de alto costo, y a pubs y boliches, entre otras cuestiones relativas a su vida íntima.
Por su parte, para el juez, Nadal no fue ajeno a los movimientos bancarios porque no denunció ninguno como irregular o no correspondiente.
Finalmente, Ochoa –quien ponderó un peritaje psiquiátrico que descartó categóricamente que Tártara no comprendiera sus actos a raíz de un presunto padecimiento mental– procesó a ambos en junio pasado.
Planteos defensivos de los acusados
La defensa de Tártara (renunció para acogerse a la jubilación por invalidez) apeló la medida ante la Cámara.
Sostuvo que la mayoría de los elementos probatorios que se adosaron al expediente formaban parte del sumario administrativo inconcluso y señaló que no había podido probarse que el imputado se hubiera desempeñado como responsable operativo, como coincidieron los testigos.
El abogado de Nadal, por su parte, planteó que el fallo del juez desconoció el pedido extinción de la acción penal que solicitó en conjunto con la fiscal Alicia Cena y acompañado por el querellante (el banco), tras el acuerdo de reparación económica entre el acusado y el Nación.
La fiscal sostuvo que, acreditado el pago del monto acordado, no existía para el Ministerio Público “otro interés público comprometido”.
La camarista Navarro recordó, al confirmar ambos procesamientos, que en un fallo anterior del mismo tribunal, el conciliatorio arribado por Nadal y el banco no podía ser homologado judicialmente a fin de extinguir la acusación porque conllevaba intereses extrapecuniarios que no podían repararse mediante la entrega dineraria.
Navarro consideró que “el bien jurídico protegido por el delito de defraudación contra la administración pública comprende el normal funcionamiento de la administración pública y la gestión de los recursos del Estado para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes, y no sólo ocasiona una lesión patrimonial a la administración pública, sino que priva al Estado (al Banco Nación) de los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades”.
“Con el referido accionar delictivo se lesionan bienes jurídicos supraindividuales, y el interés público comprometido es el principal obstáculo para la procedencia de la solución alternativa de conflictos”, concluyó.
Y recogió el argumento de su par, Sánchez Torres, en el fallo anterior: “El dictamen emitido por la fiscalía –sostuvo Sánchez Torres–, en cuanto sostiene que no hay otro interés público comprometido en la causa contra Nadal, no respeta el mandato constitucional establecido en la norma supra indicada, toda vez que omite considerar los intereses de la sociedad en la investigación y el juzgamiento de los actos de corrupción”.
Navarro razonó que, por esa razón, la Cámara había decidido que si bien debía respetarse la independencia del Ministerio Público Fiscal, también debía asegurarse la independencia de los jueces, a quienes no puede imponérseles una resolución en un determinado sentido a través de un dictamen fiscal. “Son, en definitiva, los magistrados, quienes mediante su función jurisdiccional deben controlar la legalidad, la fundamentación y la validez de tales dictámenes fiscales”, recordó la vocal a la defensa de Nadal.
Sobre el argumento de Tártara, respecto a que no había sido un funcionario público –por lo que la acusación carecía de sustento y debía ser revocada–, Navarro recalcó que era responsable de la plataforma operativa.
En ese sentido, citó el testimonio del gerente, quien dijo que el responsable operativo tiene como función controlar la caja, “toda la contabilidad es responsabilidad de quien es el responsable de la plataforma operativa”. Se trata de una función que no puede realizar cualquier empleado, sino aquellos con perfil de responsables operativos, agregó el gerente.
Sánchez Torres coincidió con la línea argumental de Navarro y confirmaron los procesamientos.
