Señal inequívoca de la violencia urbana, la fragmentación social y la virulencia que aumenta y se extiende en muchos barrios. Además, una consecuencia directa de la falta de confianza y de respeto de muchos ante una Policía que también se ha caracterizado, en numerosas oportunidades, por sus malos tratos.
El fenómeno arrancó hace tiempo y recrudeció en la primera parte de 2024 en Córdoba: los ataques de vecinos (jóvenes y adultos) contra uniformados y, principalmente, contra edificios policiales y móviles en distintos puntos de la Capital.
El caso más serio y que llegó a despertar alarmas, sobre todo entre las autoridades, fue lo sucedido con la comisaría de Ciudad de los Niños, que llegó a ser blanco de disparos con armas por parte de particulares y hasta de ataques incendiarios con bombas molotov.
Otras dependencias policiales, como la de Ciudad Evita, fueron atacadas a pedradas, tiros y con amenazas incendiarias con la forma de gomas quemándose en el frente de los edificios. En otras oportunidades, decenas de patrulleros han terminado atacados a puro cascotazo y también con disparos de revólveres.
Por fortuna no hubo que lamentar heridos en esas agresiones.
De todos modos, varios de esos episodios derivaron en reacciones policiales con disparos de balas de goma o con postas de gas pimienta que sí dejaron lesionados.
Ante esta realidad, la Justicia penal ha dado respuestas fuertes como una “suerte de mensaje”: al menos 10 personas fueron condenadas en 2024 en el marco de juicios abreviados en Córdoba. Fueron sentenciadas por el delito de daño, lesiones y resistencia a la autoridad, principalmente.
Todos quedaron presos, sobre todo porque contaban con antecedentes penales por otros delitos.
Las condenas oscilaron entre 1 año y 6 meses y los 3 años.
En paralelo, se abrieron 187 causas por agresiones contra policías o edificios o móviles de la repartición.
De ese total, hay 74 personas detenidas y entre ellas hay 19 con prisión preventiva. Esto significa que serán enviadas a juicio en 2025.
Como se dijo, toda una respuesta por parte de la Justicia penal. “Acá no hay impunidad”, se escuchó decir desde un despacho de Tribunales II.
Todas las causas fueron investigadas por el fiscal de instrucción Raúl Garzón, funcionario que fue designado por el titular de la Fiscalía General, Juan Manuel Delgado para comandar estas pesquisas. Esta designación se dispuso precisamente a comienzos de 2024 por la reiteración y efecto “contagio” que se había desatado en varios puntos de la ciudad.
Precisamente, Garzón fue quien llevó adelante los juicios abreviados en contra de los acusados, quienes aceptaron los cargos y admitieron todo. Los condenados fueron adultos, sobre todo varones. Respecto a los menores, no se los pudo identificar, indicaron fuentes judiciales.
El fiscal Garzón siempre resaltó la gravedad de estos episodios al tiempo que remarcó que no podían quedar impunes.
A los tiros y contra comisarías
Fue a comienzos de 2024 que estos episodios comenzaron a repetirse en una seguidilla preocupante y que, claramente, generó contagio.
La dependencia de Ciudad Evita fue varias veces atacada en el primer tramo de 2024. El inmueble fue blanco de disparos en repetidas oportunidades, además de ser atacado a pedradas incluso de día. Los policías tuvieron que ocultarse en los inmuebles y pedir refuerzos.
Fue entonces que acudió la Guardia de Infantería o el grupo Seom (efectivos motorizados) que reprimieron y dispersaron con balas de goma o de gas pimienta.
Otra dependencia atacada fue la subcomisaría de barrio Ciudad de Mis Sueños, en la periferia nordeste de la Capital, que recibió en varias oportunidades agresiones a pedradas, disparos y hasta con una bomba incendiaria. Estos ataques fueron, por lo general, represalias de algunas personas tras las detenciones de acusados por robos contra vecinos o choferes de Uber.
En esas agresiones, también varios móviles terminaron con sus parabrisas y carrocerías dañadas por pedradas que cesaron cuando la Infantería apareció y dispersó.
En paralelo, hubo otros episodios de violencia contra otras dependencias y uniformados en otros puntos de la ciudad. Hubo un caso muy serio en villa La Tela, donde policías fueron atacados a balazos. No hubo heridos.
“Siempre nos han atacados a pedradas. Es común y esperable. Estamos acostumbrados lamentablemente. Es común que vas a un barrio a detener a unas personas y te atacan a pedradas. Pero lo de 2024 ya fue distinto: hubo agresiones serias contra edificios y contra móviles. Hubo disparos contra los blancos policiales”, expresó una alta autoridad de la fuerza.
Otro vocero supo decir en su momento: “Se viene dando un efecto contagio, lamentablemente”, al tiempo que destacó que en varios de esos episodios participaban chicos, jóvenes y adultos. “Nos tiraron con armas contra dependencias”, dijo.
Esa cadena de hechos motivó en su momento que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, mantuviera contactos con el fiscal General Delgado para discutir sobre la necesidad de que la Justicia actúe, detenga a los agresores, aplique imputaciones y no libere tan rápido.
Las causas recayeron en la fiscalía de Garzón quien, junto a su equipo, comenzó a investigar.
Las pesquisas se basaron en el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad, entre otras medidas de pesquisa. Fuentes judiciales indicaron que en la mayoría de los casos se logró identificar a los agresores, sobre todo mayores.
Se abrieron 187 expedientes, se detuvo a 74 sospechosos y 19 quedaron con preventivas para ser enviados a juicio. En paralelo, y en la misma fiscalía, se lograron 10 condenas.
Fuentes oficiales señalaron que, a tras las agresiones, las comisarías fueron restauradas y se les colocaron cámaras de seguridad y domos en el frente. A su vez, se dispuso que varias patrullas, que circulan en algunos barrios, incorporaran rejas de protección ante pedradas.
Toda una señal.
