Autos robados y comercializados como legítimos, un patrón de engaño y ganancias suculentas. Dos estafadores fueron condenados a tres años de prisión en Córdoba por reiteradas defraudaciones con ardides similares y resarcimientos a las víctimas de hasta 700 mil pesos en total.
Alejandro Roberto Martín Alonzo (37), un comerciante y exaspirante a contador de San Luis, y el empresario cordobés Federico Agustín Pietronave Torres (37) fueron sentenciados por el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba, en el marco de un juicio abreviado acordado con el fiscal Carlos Gonella por múltiples causas.
Alonzo fue acusado por el uso de documento público falso destinado a acreditar la titularidad del dominio, documentos públicos falsos y estafa, encubrimiento agravado y estafa a través papeles de vehículo.
Por su parte, Pietronave Torres fue imputado por uso de documento público falso, estafa y utilización de papeles apócrifos.
La primera causa “saltó” en Buenos Aires
Por pedido de la Justicia de Buenos Aires, en 2008 fue allanada una casa en Río Cuarto donde se secuestraron varios sellos (de la Policía de Córdoba, de un presunto escribano y el de un supuesto encargado del Registro de la Propiedad Automotor, DNRPA). Además se detectaron formularios, cédulas, títulos y boletos de compraventa de vehículos en los que figuraba Pietronave Torres como comprador y vendedor.
Los investigadores establecieron que tenía domicilio en Río Cuarto y en San Luis, y estaba involucrado en maniobras turbias con vehículos.
La primera víctima de la causa fue el comprador de un Renault Express. Pero fue un policía el que descubrió que había sido robado en Buenos Aires y que las chapas correspondían a un Fiat Express.
Se comprobó que los papeles entregados por Torres –con estudios inconclusos de abogacía e ingeniería– habían sido falsificados. Ni siquiera el nombre del supuesto encargado del DNRPA era real.
Cambios de nombres y un video
Alonzo quedó involucrado en una estafa en abril de 2012. Tras ver un aviso en Mercado Libre, una mujer pactó la adquisición (por 46 mil pesos) de un Ford Ka a “Alejandro Valveri” (Alonzo) en una estación de servicio de Vicuña Mackenna.
Tras no poder comunicarse nuevamente con “Valveri” alimentaron sus dudas. Presentó una denuncia y, para su sorpresa, el rodado había sido sustraído en Luján.
Con lo que no contó Alonzo fue con las cámaras de seguridad de la estación de servicio: su rostro quedó filmado y la damnificada confirmó su fisonomía.
El título del Ka era genuino, no así la firma de la empleada del registro.
Pero no fue el único caso. Pocos meses después, en julio de 2012, el sospechoso se hizo pasar por “Alberto Salvucci” para venderle (por 50 mil pesos) un Chevrolet Celta a un interesado que lo había contactado a través de una web.
“Salvucci” le entregó la documentación y se comprometió a entregarle el auxilio y el Celta.
Sin embargo, la gestora del damnificado le confirmó que los papeles eran robados.
La Policía verificó que el vehículo había sido sustraído en Morón y que el título y la cédula (genuinos, pero con firmas falsas de una supuesta responsable del DNRPA) habían sido denunciados en Neuquén.
El damnificado aportó datos físicos de “Salvucci” y lo reconoció como el falso vendedor.
Estafa a dúo desbaratada en el Registro
Alonzo y Pietronave Torres nuevamente quedaron involucrados en otro ardid.
En septiembre de 2016, un comprador de Almafuerte vio en Mercado Libre en un Peugeot 308 ofertado a 350 mil pesos por “Fernando”, un “médico” de un centro médico.
“Fernando” le dijo que enviaría en su lugar a su hermano para consumar el trato. En un shopping cordobés, la víctima probó el 308 y entregó 200 mil pesos y un Fiat Punto como forma de pago. Se retiró con la documentación a nombre de un tal “Fernando Manuel Robledo”.
Cuando intentó inscribirlo en el Registro de Río Tercero, le dijeron que había un “problema” con la documentación (apócrifa). Sus sospechas terminaron por confirmarse: había sido robado hacía un mes durante un asalto a mano armada.
A partir de la denuncia, la historia tomó otro cariz.
En momentos en que Alonzo y Pietronave Torres se encontraban en el mismo Registro prestos para transferir el Punto a nombre de Pietronave Torres, la responsable del DNRPA solicitó la presencia policial.
Revisaron la 4x4 en la que se conducían y encontraron un recibo de una compañía de seguros a nombre de un tal “Fernando Manuel Robledo”, dinero y documentación.
En medio del caso apareció otro denunciante que apuntó contra Alonzo y Pietronave por la compra de una Toyota Hilux.
Contemporáneas con aquellas denuncias, emergió otro damnificado residente en Buenos Aires.
Según el denunciante, vio un aviso por un Citroën C4 Lounge en Mercado Libre y viajó a Córdoba para cerrar el acuerdo. Tras un primer encuentro fallido, se reunieron en un shopping con “Martín” (Alonzo), quien se presentó como el hermano del dueño del auto, “Franco”.
“Martín”, según la causa, les exhibió la documentación, probaron el vehículo y les dijo que estaba a nombre de la esposa de “Franco”.
La víctima le entregó 15.700 dólares en un conocido restaurante cercano y se retiraron. Una cámara de seguridad captó todo.
El auto había sido robado un año antes en Buenos Aires y sólo una parte de la documentación era genuina.
“Los informes periciales realizados sobre la documentación utilizada por Alonzo y Pietronave para acreditar titularidad o dominio de los vehículos, coincidieron en la conclusión de su apariencia de verdaderas y su carácter apócrifo. Ello, sumado a que los informes de dominio de los vehículos informaban que los dominios se correspondía a otros automóviles y que los números de chasis pertenecían a otros vehículos que, además, tenían pedido de secuestro por robo”, afirmó la jueza Carolina Prado.
“Lo expuesto no hace más que evidenciar que los imputados tenían en su poder dicha documentación a sabiendas de su falsedad o adulteración y se valían de ella. Esto es: la utilizaban para concretar las transacciones comerciales con las víctimas, a quienes se la entregaban para acreditar la supuesta titularidad o dominio de los vehículos”, razonó.
Condenas y reparación
Los delincuentes admitieron las estafas en el juicio abreviado y Prado los condenó a tres años de prisión.
Alonzo ya arrastraba (de 2021) una pena federal por falsificación de documentación.
Pietronave Torres, asimismo, registra otras condenas: una en Buenos Aires, y la anteúltima, en San Luis (de 2018) por estafa, encubrimiento agravado, falsificación y uso de documentos falsos.
Alonzo acordó el pago de 500 mil pesos al comprador del C4 y Pietronave Torres, 200 mil al adquirente del 308.
