El saldo del primer juicio en torno a las irregularidades de Cordubensis (CBI) en 2019 terminó con las condenas de prisión a los socios de la financiera y a algunos allegados, más la decepción de los ahorristas “estafados”, algún delito prescripto y otros que aún no están firmes.
Con esa expectativa, o peores por cuestiones de arrastre, arrancaba este miércoles el segundo juicio, conocido como CBI 2. En este caso el debate se hace en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba, con la integración de los jueces María Noel Costa (presidenta), Carolina Prado y Mario Martínez.
En este plenario se analiza la asociación ilícita, como así también la participación de la concesionaria Centro Motor en maniobras de lavado a través de CBI, la financiera Yacopini Inversora (de Mendoza) y los descuentos de cheques de la mutual nacional Osecac que hacía el contador Javier Fernando Guevara Amado.
Como acusados están quien era presidente de CBI, Eduardo Daniel Rodrigo, y sus socios de la financiera que se derrumbó en febrero de 2014 –Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Antonio Tissera y Oscar Américo Altamirano–, además los empresarios Darío Onofre Ramonda y Darío José Ramonda, el empleado de CBI Luis de los Santos y el financista Alejandro Miguel Yacopini, quienes responden por lavado de activos, mientras que a Guevara se le agrega a eso la intermediación financiera.
Afuera de este juicio quedó el hecho 2 luego de que la Cámara Nacional de Casación –por mayoría– dictara en julio último la “excepción de falta de acción” en el tramo que analiza el cobro del transporte urbano municipal que Siemens IT concesionó a través de la UTE que conformaban CBI y la firma Rivelux.
Una solución alternativa
Al comenzar el debate este miércoles, los abogados de los acusados levantaron la mano y formalizaron un ofrecimiento tan novedoso como interesante, a la luz de lo que termina sucediendo “a la larga” en procesos como este.
El conjunto de los acusados, cada uno según su capacidad, concretó una oferta de 201 millones de pesos para realizar una reparación integral por los daños causados, en este caso al Estado nacional, teniendo en cuenta que es el que resulta damnificado por maniobras como lavado e intermediación financiera.
La propuesta contó con el aval del fiscal general Carlos Gonella y pronto se conoció cuál sería el destino de esos 201 millones de pesos.
Con acuerdo de las partes para que se extinga la acción penal a cambio de una reparación –según lo dispone el artículo 59, inciso 6 del Código Penal– esa millonaria suma se destinará al combate de incendios forestales en la provincia de Córdoba.
Córdoba está entre los principales puntos del planeta en los que se queman miles de hectáreas por año y, de acuerdo al primer bosquejo de la oferta, se destinarán fondos, entre otros, al Estado provincial, a los cuarteles de bomberos y a organizaciones no gubernamentales (ONG) para reforestación de tierras devastadas por las llamas.
Expectativas magras
A la par que se escucha una salida concreta para fines benéficos, conviene hacer detalle de algunos aspectos de la primera sentencia de CBI que dejó un semblante un tanto sombrío para el inicio de este nuevo juicio.
Por empezar, la Cámara Nacional de Casación se tomó cuatro años para resolver los recursos y terminó por dejar virtualmente prescripto el delito de intermediación financiera. Sin ese delito, que es el precedente del lavado de activos que se juzga en CBI 2, resulta complicado juzgar esa acusación.
También hay planteos del principio de ne bis in ídem (de no juzgar dos veces el mismo delito), varios desmembramientos del expediente principal que debilitan la acusación y la Afip que abandonó la escena al cobrar sus acreencias. Además, la acusación de asociación ilícita a Yacopini se ve relativizada teniendo en cuenta que a Ramonda se lo absolvió en Casación.
A la luz de esas perspectivas, no resulta descabellado analizar una resolución alternativa que puede tener una salida con beneficio social.
Faltan acuerdos
Tras escucharse las propuestas, el tribunal corrió vista a los dos organismos estatales que están como querellantes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Ambos representantes manifestaron que no tenían capacidad de decisión en el momento y que debían consultar a sus mandantes.
Por eso, solicitaron 10 días de plazo, a lo que el tribunal respondió que se pasa a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo (siete días) para escuchar esa postura.
A la vista de lo que se viene comentando, el BCRA está presente por la persecución de un delito que estaría prescripto, la intermediación financiera.
La UIF, en cambio, persigue a los responsables de lavado de activos, si bien el delito precedente –la intermediación– está prescripto. Más allá de eso, este organismo ha supervisado en los últimos años (desde los procesamientos) a las sociedades donde se cometieron estos delitos, adecuando a esas empresas según los procedimientos, las normas y las pautas exigidas por la autoridad, como modo de prevenir el lavado y la intermediación.
A comienzos de octubre, se divulgó un ranking de los sitios con mayor índice de peligrosidad del planeta en cuanto a incendios forestales y Córdoba figura entre los 10 primeros.
Teniendo en cuenta que es la provincia argentina con mayor cantidad de superficie arrasada por las llamas, se llegó a comparar los incendios forestales de Córdoba con los sucedidos en California (Estados Unidos), España, Portugal y Australia.
